El Gobierno provincial se mantiene con expectativas en el avance del proceso licitatorio de la megaobra Portezuelo del Viento, mientras Fiscalía de Estado ya tiene listo un dictamen, que saldrá hoy o el lunes, y que responde ante diferentes presentaciones de abogados y ambientalistas que sugieren que debería paralizarse la licitación del proyecto que tendrá una inversión de U$S 1.023 millones. Sin ánimo de involucrarse en más polémicas que las que ya atraviesa Portezuelo del Viento, en el Poder Ejecutivo aseguran que están centrados en que se vayan resolviendo los diferentes obstáculos que hay en términos administrativos y políticos, y seguir con el estudio de la oferta que se tiene en la licitación, pero destacaron que no apurarán la adjudicación.
Lo cierto es que el fiscal de Estado, Fernando Simón, ya emitió el texto de un dictamen en el cual analizó los pedidos realizados por los abogados Alejandro Pérez Hualde, Miguel Mathus Escorihuela y Aldo Guarino Arias; así como también del profesor de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Marcelo Giraud; quienes aseguran que debería suspenderse el proceso de adjudicación de la obra y que además generaría un perjuicio económico para Mendoza la realización del mismo, sobre todo por posibles demandas que podría enfrentar Mendoza si avanza sin un laudo presidencial a su favor.
En el Gobierno indican que no han seguido de cerca el desarrollo del dictamen de Simón, pero tienen un panorama optimista de lo que pueda decir el texto. En tanto, desde Fiscalía de Estado han preferido no adelantar información ni hacer declaraciones al respecto hasta que salga el documento.
Cabe destacar que si bien el dictamen no es vinculante, si el Fiscal de Estado considera que se podría dañar el patrimonio de Mendoza con algún tipo de ilegalidad en el proceso, podría impugnar cualquier acto de la administración en la Justicia en un futuro.
Por otro lado, Simón tampoco evaluará la conveniencia o no de la realización de la obra, ya que eso es trabajo exclusivo del Gobierno, por lo que se centrará en “evaluar el marco de la legalidad, que no haya razonabilidad manifiesta y que no genere inconveniencias evidentes”.
Lo cierto es que el dictamen analizará tres grandes temas que están abarcados en las denuncias de los abogados y ambientalistas, y se pidió información al ministerio de Infraestructura, a la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima (Emesa) y también al Departamento General de Irrigación (DGI).
Por un lado está el proceso licitatorio, en el cual se evalúa la conveniencia o no (o la legalidad) de que haya habido un solo oferente en emitir una oferta, que fue el consorcio Malal-Hue, que agrupa a la empresa china Sinohydro, a Impsa, Ceosa y Obras Andinas. Recordemos que la oferta inicial iba desde U$S 884 millones hasta los U$S 1.063 millones (sin IVA incluido), y luego de un pedido expreso del Poder Ejecutivo, el consorcio presentó una mejora de la oferta inicial al rebajarla en un 22%, lo que ronda alrededor de U$S 200 millones menos.
Otro tema a dictaminar son los riesgos climáticos por la reducción de los caudales de los ríos de la cuenca donde se construirá la represa (río Grande). En los escritos presentados por los abogados y también Giraud se plantea que en 9 de los últimos 10 años no se podrían haber retenido caudales para llenar Portezuelo, debido a la “megasequía” que presenta la zona.
No obstante, otros estudios plantean que no se debe hacer un análisis con un lapso de sólo 10 años, sino que debería abarcar los últimos 80 años, en donde se ve una situación promedio más favorable -a priori - para la obra respecto a los caudales de los ríos.
En tanto, el tercer gran punto contempla un estudio de los posibles riesgos jurídicos y una evaluación de los conflictos interjurisdiccionales.
Sobre este tema, es importante remarcar que Mendoza se encuentra a la espera de un laudo presidencial que debe resolver Alberto Fernández, luego de una votación que perdió Mendoza en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) que llevaría a realizar otros estudios más respecto al estudio de Impacto Ambiental de la obra.
Si bien Mendoza tuvo durante el gobierno de Mauricio Macri la situación prácticamente resuelta para no tener problemas a la hora de licitar y adjudicar, las cosas cambiaron drásticamente en la gestión de Fernández, ya que el ministerio del Interior que conduce Eduardo De Pedro decidió desarchivar un reclamo judicial que planteó La Pampa respecto a nuevos estudios de Impacto Ambiental.
Luego de esto, en una reunión del Consejo de Gobierno del Coirco, en la que participan los gobernadores, Mendoza perdió la votación 4 a 1 ya que los mandatarios consideraron que se debían hacer más estudios que los que habían hecho las universidades del Litoral y La Plata.
En el Gobierno provincial han mantenido la cautela respecto a este tema político, en el cual Mendoza aguarda el laudo presidencial. Sin embargo, hay radicales mendocinos de peso que entienden que la provincia está en una dificultad en adjudicar la obra hasta que no se apruebe el Impacto Ambiental, es decir hasta que no laude Fernández, e incluso creen que el Presidente no resolverá en el corto plazo.
“La Nación debe probar que no hay una discriminación contra Mendoza y laudar a favor de Portezuelo del Viento. Mendoza no podría adjudicar si no tiene aprobado el Impacto Ambiental, y si no tiene el laudo a su favor, consecuentemente no tiene el Impacto Ambiental”, marcaron, y finalizaron: “Pensar en otra obra siempre es una alternativa”.
Lo cierto es que el gobierno de Rodolfo Suárez se ha mantenido a favor del pleno avance de Portezuelo del Viento, y seguirá con el proceso licitatorio mientras en paralelo se negocia para destrabar el conflicto político.
