Todavía no se vence el plazo para que el presidente Alberto Fernández defina si exige un nuevo estudio de impacto ambiental para permitir el avance de Portezuelo del Viento, pero el gobernador Rodolfo Suárez ya está pensando qué hará si el plazo culmina y Fernández no define qué hacer.
“Todavía no se le vence el plazo que establece el reglamento del Coirco. Si al día 22 de agosto, no ha salido el laudo, vamos a activar un mecanismo para plantear la necesidad que se resuelva”, dijo el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia Víctor Ibáñez a Los Andes.
Según explicó Ibáñez, hay dos herramientas que se pueden usar: o un pronto despacho o un amparo por mora en la Justicia. “Estamos evaluando cuál de los dos mecanismos vamos a utilizar. Alguno de los dos, por vía administrativa o judicial, lo vamos a usar, para colocar al Ejecutivo nacional en la obligación de resolver, sino lo ha hecho hasta el 22 de agosto”.
Falta poco más de un mes para que la novela de la represa Portezuelo del Viento termine definitivamente, siempre y cuando el Presidente responda el laudo arbitral solicitado por el Gobierno provincial el 21 de febrero pasado.
Desde unos pocos meses antes de aquella fecha, Suárez venía barajando la posibilidad de dar por caída la licitación de Portezuelo del Viento, en caso de que Alberto Fernández pidiera una nueva evaluación del impacto ambiental que generaría la obra sobre el río Grande, en el departamento de Malargüe.
El pedido de laudo original fue realizado el 26 de junio de 2020, hace más de dos años. Ese día cuatro de las cinco provincias por las que pasa el río Colorado, votaron desarchivar el expediente resuelto por Mauricio Macri y pedir un nuevo estudio de impacto ambiental, tal como lo venía solicitando La Pampa.
El rio Grande es afluente del Colorado y existe un consejo de cuenca, el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), conformado Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.
La votación salió 4 a 1 y Suárez quedó solo argumentando que el estudio ya estaba hecho y que fue aprobado por el Comité Interjuridiccional del Río Colorado (Coirco) en la gestión de Macri.
En el acta 73 de aquel 26 de junio de 2020, quedó sentanda la posición provincial en contra de un nuevo estudio. “Manifiesta que solicitará se active el mecanismo de solución de controversias previstos en el Capítulo V del estatuto para todos aquellos puntos en los cuales no hubo acuerdo”. La solución de controversias es un laudo que firma el Presidente de la Nación.
Pasaron los meses sin novedades de la Presidencia, por lo que en diciembre de 2021, Suárez pidió un “pronto despacho”, una presentación legal para acelerar la decisión.
En enero pasado, desde el Ministerio del Interior respondían que no constaba el pedido de laudo arbitral al presidente Alberto Fernández. El 21 de febrero Suárez concretó el nuevo pedido.
El 16 de marzo, el Gobernador anunciaba que Nación admitía el planteo de Mendoza: “Me acaba de notificar el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, quien además es el presidente del Consejo de Gobierno del Coirco, que da curso a nuestro pedido de laudo y lo remite a Presidencia de la Nación, para obtener el laudo arbitral de Alberto Fernández”, indicó el gobernador en su cuenta de Twitter.
El plazo para resolver son 30 días hábiles, ampliables a 30 más. Ese plazo es el que vence el 22 de agosto que mencionó Víctor Ibáñez ayer.
El ministro recordó que el Presidente “tiene que resolver a favor o en contra de Portezuelo. Si nos obliga a hacer una nueva evaluación de impacto ambiental, entonces le pedimos que nos permita hacer otro tipo de obras a las establecidas en el convenio”.
Sino hubiera resolución, Ibáñaz dijo que “tenemos que activar algún mecanismo para que resuelva. No lo vamos a dejar en silencio de la Presidencia”.
