La promesa que Rodolfo Suárez esbozó hace un año en su campaña electoral y que anunció el 1 de mayo pasado ante la Asamblea Legislativa, se concretó hoy -después de varios amagues- con el envío del proyecto de reforma constitucional, que entró a las 12.30 a la mesa de entradas de la Legislatura en manos de su ideólogo, el ministro de Gobierno Víctor Ibáñez.
Técnicamente, lo que deberán debatir ahora los legisladores es la “necesidad de la reforma parcial”, el primer paso que debe cumplir una modificación de la Carta Magna. Sin embargo, en esa declaración de necesidad el Ejecutivo incorpora los 13 puntos que luego, la Convención Constituyente tiene que respetar en su debate. Es decir, con este proyecto Suárez ya marca la agenda o el temario que propone modificar.
Para garantizarse cierto éxito en esta avanzada (al menos el debate legislativo), el Gobernador -como había prometido- sacrificó su continuidad política al excluir la reelección del primer mandatario de la Provincia en las reformas propuestas.
Suárez aprendió la lección de sus antecesores (de Roberto Iglesias para acá), quienes fracasaron en sucesivas reformas cuando se puso en discusión el tabú de la reelección. Ahora, la oposición tiene un argumento menos -y muy fuerte- para negar el debate.
Reconociendo que la Constitución de Mendoza ya peina canas (data de 1916), el Gobierno asegura en el proyecto que evitará la prepotencia de la mayoría legislativa y apelará al “diálogo” y al “consenso”, para que esta modificación tenga “legitimidad” y “sostenibilidad en el tiempo”.
Más ambiciosa de lo que había dejado trascender el Ejecutivo en estos meses, la reforma de Suárez se traza tres objetivos que habrá que evaluar después si se cumplen cuando esté en marcha: disminuir el costo de la política; mejorar la calidad institucional; y mejorar el control del Estado.
En el primer objetivo, la austeridad, se incluyen principalmente la Legislatura unicameral y la eliminación de la elección de medio término. Con una reforma así ya sancionada, por ejemplo, no votaríamos el año que viene en Mendoza, aunque por los tiempos que este debate exige recién se podría aplicar este nuevo artículo en 2025.
Lo curioso es que a la par de eliminar una elección, el proyecto incorpora otra: el balotaje para la elección de Gobernador y Vice (si fuera necesario). Un ahorro que no lo sería tanto.
En cuanto al segundo objetivo, la calidad institucional, limita las reelecciones de legisladores y concejales a un período (los intendentes ya la tienen limitada desde el año pasado). Y excluye al Gobernador -(al propio Suárez y a los que vengan- de cualquier posibilidad de continuar cuatro años más en el cargo.
También incorpora la autonomía municipal, una deuda que tiene Mendoza desde 1994, cuando la Constitución Nacional obligó a las provincias a legislar este aspecto. Y propone algunos cambios en las sesiones legislativas, entre ellas la eliminación del siempre discutido voto secreto para elegir funcionarios en cargos constitucionales (como los jueces de la Suprema Corte).
Por último, una novedad es la necesidad de mejorar el control del Estado, desde el Estado y también por parte de la ciudadanía. Para lo primero propone un cambio para dos organismos de control, Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas: sacarlos de la órbita del Poder Judicial para que sean “extrapoder”. Una buena intención que en los hechos parece difícil de lograr: esos órganos están liderados por los mismos políticos a los que deben controlar.
En cuanto a lo segundo, la reforma propone “incorporar mecanismos de participación directa en la democracia representativa”, aunque no da muchas pistas sobre cuáles y cómo serían. Quedará en manos de los convencionales establecerlos.
Hay otros aspectos que el proyecto que envió hoy Suárez incluye y de los que no se había hablado cuando trascendieron algunos detalles de la “cocina” de esta reforma. Se pueden enumerar a continuación y, se especula, son los que menos chispazos traerán durante el debate. Hablamos de garantizar el equilibrio fiscal en las cuentas del Estado (¿una sugerencia de Cornejo?); la igualdad de género en el ámbito público y privado; y el voto optativo para los menores de 16 años.
Y un último ítem que le pega de lleno a la interna de la Corte: obliga a que las demandas por inconstitucionalidad se resuelvan en plenario, es decir con el voto de los siete miembros del tribunal, donde hoy Suárez tiene casi una “mayoría automática”. Al mismo tiempo, incorpora al articulado de la antigua Carta Magna el famoso “fallo Kemelmajer” para interpretar las mayorías necesarias para un referéndum constitucional.
