Luego de conocerse la alarmante inflación del mes de agosto, que fue la más alta en los últimos 30 años, dos de los tres grandes gremios estatales reclaman al Gobierno provincial que adelante con urgencia las negociaciones paritarias que estaban programadas para octubre.
Es que en Mendoza el índice de precios al consumidor del mes pasado fue del 12,2% y acumula en lo que va del año, un incremento del 75,7%. Si analizamos los aumentos salariales que recibieron los empleados estatales hasta ahora, quedan por debajo de ese porcentaje, aunque cada sector tiene diferenciales por ítems específicos que podrían limar esa distancia.
Concretamente hasta el mes de agosto los salarios se incrementaron un 69,5%, según lo acordado en la última revisión paritaria, que también incluyó para septiembre y octubre otras subas del 8% respectivamente.
En ese marco, el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) reclaman por la convocatoria a negociar nuevamente. Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aguardará hasta la reapertura de octubre. “Venimos respetando el cronograma, con varias conquistas sectoriales y reconocimientos de títulos”, respondieron ante la consulta de este diario desde el sindicato que dirige Roberto Macho.
Ese jueves en la Subsecretaría de Trabajo se llevó adelante una mesa técnica entre el Ejecutivo y el Sute, dónde se confirmó la adhesión de Mendoza al piso salarial de $200 mil, acordado en la paritaria nacional docente del pasado 8 de septiembre. Se garantizará ese mínimo para los educadores con hasta 11 años de antigüedad, desde este mes.
El gremio aprovechó la ocasión para exigir que se adelanten las paritarias, dado el alto índice de inflación conocido y aludiendo al acta firmado el pasado 30 de agosto, en una mesa técnica anterior. “Una vez conocido el índice de inflación de agosto de 2023 y concluida la Paritaria Nacional Docente del mes de septiembre, el Ejecutivo evaluará el impacto en la situación salarial de los trabajadores y la eventual modificación del cronograma ya acordado”, se comprometió el Gobierno en ese momento, según el documento al que accedió Los Andes.
Sobre esto la titular del Sute, Carina Sedano, comentó: “Nosotros creemos que urge la convocatoria a la paritaria salarial por los índices de inflación. Hoy lo planteamos en la mesa técnica y es lo que venimos haciendo. Los trabajadores no pueden seguir siendo la variante de ajuste”.
Y advirtió que “si no hay convocatoria del gobierno provincial, vamos a debatir en las escuelas las acciones a seguir y habrá medidas de fuerza, si perdemos poder adquisitivo”.
Por el lado de Ampros, también pidieron que se reabran las negociaciones en los próximos días o a principios de octubre, para que no tengan que esperar hasta la segunda quincena de ese mes, como propuso el Gobierno en la reunión paritaria de julio.
Indicaron que actualmente llevan mesas técnicas con la Comisión Negociadora en busca del cumplimiento de pases de mayores dedicaciones, cambios de régimen y reescalafonamientos de profesionales con residencias desde 2008 en adelante, retroactivo al mes de mayo. Compromisos que forman parte de la última mesa y deben cumplirse antes de octubre.
Hasta el momento de 381 pases de mayores dedicaciones, sólo se concretaron 31; y cambios de régimen hubo solamente 67 de 187 planteados, detallaron a este medio desde el gremio que conduce Claudia Iturbe.
A todo esto, desde el Ejecutivo provincial le respondieron a Los Andes que están en “contacto permanente con los gremios” y actualmente se encuentran evaluando las medidas que aplicó el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, que afectan las arcas de la Provincia. Se trata del aumento del mínimo no imponible al Impuesto a las Ganancias y la quita del IVA para trabajadores, monotributistas y jubilados. Luego de esto, decidirán si corresponde o no adelantar las paritarias.
Sobre Ganancias ya se había expedido el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad. Consideró en diálogo con este diario que el costo fiscal que tendrá la medida implicará una reducción de $190.000 millones mensuales a la Nación, de los cuales “poco más de la mitad de ese número se reparte entre las provincias, y también hay deducciones de AFIP y del fondo compensador”.
Ante esto, marcó que Mendoza dejará de percibir unos $3.500 millones mensuales, lo que representa en un año a $42.000 millones. “Es bastante dinero, es más del 11% del pago de una masa salarial”, ejemplificó el Ministro, que hoy ronda en unos $30.000 millones por mes.
