El agravamiento de la situación macroeconómica a nivel nacional ha afectado no solamente la capacidad por parte del Gobierno Nacional para ser mejor valorado en términos crediticios; sino también a las propias provincias, entre ellas Mendoza.
Según la última medición de la calificadora Standard & Poor’s (S&P), que evalúa a la provincia en términos de riesgos y conveniencias a posibles acreedores de pactar créditos en moneda extranjera (dólar principalmente), Mendoza cayó tanto en su “calificación crediticia de emisor” (de CCC+ a CCC-), así como también su “calificación de deuda senior no garantizada” (de CCC+ a CCC-).
El resultado de tener una menor calificación podría impactar en mayores dificultades de poder tomar deuda a mejores condiciones (a menor calificación, mayor interés); pero también en la “calidad” del tipo de bonistas con el que se pueda negociar; ya que una mejor calificación “abre” el abanico a mayor cantidad de fondos o interesados; mientras que una menor calificación deja un espectro ceñido en una concentración de fondos especulativos.
Sin embargo, el resultado del informe no es un castigo por supuesta mala gestión de la provincia, sino todo lo contrario: el informe destaca las gestiones provinciales, pero la baja se da por los problemas que no puede resolver el Gobierno Nacional.
La afectación, de hecho, se dio en la calificación de todas las jurisdicciones con las que trabaja S&P (incluidas la Capital Federal, Buenos Aires, Neuquén y Río Negro, entre otras). Pero esto se debe a los problemas económico/financieros que no puede resolver la Nación, impacta en el resto de los organismos subsoberanos (provincias).
De hecho, el documento, que data del 30 de marzo, surgió un día después de la baja de la calificación para Argentina, lo que ocasionó un efecto cascada a las provincias, ya que las jurisdicciones no pueden tener una calificación mayor al país en el que se encuentran.
Desde S&P señalaron que la baja de la calificación y la tendencia negativa de los gobiernos locales y regionales (GLR) argentinos “reflejan las crecientes vulnerabilidades en las condiciones macroeconómicas, incluido el acceso potencialmente reducido de las provincias a moneda extranjera para cumplir con sus obligaciones de deuda”.
No obstante, S&P diferenció la situación nacional de las provinciales, al expresar que “independientemente del contexto muy complejo, las provincias argentinas en general han estado mejorando su posición financiera en los últimos meses. Sin embargo, dependen de la disponibilidad de divisas para el servicio de su deuda”.
Lectura provincial
En diálogo con Los Andes, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, señaló que la verdadera lectura de este contexto “es que la situación nacional del país nos arrastra, sin importar qué tan bien estemos ordenados financieramente”.
El argumento de esta baja es, según el funcionario, “que no podemos como país asegurar que haya divisas disponibles para pagar las deudas de las provincias”. Recordemos que Mendoza pagó una cuota de la deuda en dólares por U$S 120 millones; y resta abonar otra por el mismo monto en septiembre, lo que aumenta la incertidumbre, pese a ser un monto infinitamente menor a los movimientos que suele realizar el Banco Central (un año normal de exportaciones equivale U$S 80.000 o 90.000 millones).
“Mendoza tiene el dinero para pagarlo, pero si el Banco Central no nos puede vender los dólares por falta de reservas, nos llevaría a una situación de estrés”, consideró Fayad.
Si bien el Ministro insistió que “ni en el peor momento de crisis el Banco Central limitó el accionar de divisas para el destino de pago de deudas en dólares por las provincias”; no obstante, también marcó que “cuando tenés un nivel de reservas líquidas tan bajo como ahora, no es disparatado el riesgo que ve S&P. Si no queda nada de dinero eventualmente, no hay mucho por hacer”.
De hecho, el informe expresa que las reservas internacionales del Banco Central “cayeron en el primer trimestre de 2023, y se espera que haya una mayor presión a medida que la grave sequía en curso afecte a las exportaciones agrícolas, lo que debilita las entradas de divisas y limita aún más la capacidad de las entidades no soberanas para convertir o transferir dinero para el pago oportuno del servicio de deuda”.
Cómo impacta en Mendoza
Según la definición de S&P, las calificaciones crediticias “expresan la opinión de la agencia sobre la capacidad y voluntad de un emisor, sea una empresa, estado o gobierno municipal, para cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones financieras”.
En las fundamentaciones de S&P, señaló por un lado que las provincias “son muy sensibles al riesgo soberano” y que la ejecución presupuestaria “se ve afectada por condiciones macroeconómicas como la alta inflación, el bajo crecimiento económico y la alta incertidumbre sobre los movimientos del tipo de cambio, que limitan el espacio para una planificación financiera efectiva”. También expresaron que aumentan las restricciones al ahorro en moneda extranjera.
Además, el documento indica que las provincias “operan en un marco institucional débil, donde las condiciones soberanas estresadas (Estado Nacional) a menudo han llevado a cambios en las políticas e intervenciones negativas en forma de recortes a las transferencias no automáticas o mayores responsabilidades de gasto”.
Mendoza en buena posición
Sin embargo, S&P también mantuvo la calificación de Mendoza “stand-alone” en B-. Este apartado es importante para Mendoza porque allí se califica a la jurisdicción separada de su soberano (sin depender de Argentina como nación). “El informe marca que la provincia, así como el resto de jurisdicciones, tienen superávits y no están mal”, marcó Fayad al respecto.
Al margen de esto, la calificadora expresa dos advertencias a las provincias. Por un lado, una que alerta que la Nación está cortando transferencias discrecionales, la cual, según Fayad, “no afecta a Mendoza”.
“Nosotros estamos últimos en este ránking de transferencias discrecionales, aprendimos a no depender de que el gobierno nacional nos gire dinero”, dijo Fayad.
En tanto, al otra advertencia habla de un aumento de la demanda de la población por los servicios públicos en un contexto de crisis, lo que genera una mayor erogación de las provincias en estos sectores.
Sobre esto, el funcionario expresó que en Mendoza ocurre “sobre todo en Salud, donde la demanda de los hospitales no dan abasto. Incluso las obras sociales de renombre han empeorado en sus prestaciones”.
También puso el ejemplo de los subsidios en Transporte, que son el gasto mayor en el Presupuesto luego del pago de salarios.
Volviendo a las consecuencias de una baja en la calficación, Fayad consideró que si bien es cierto que es una mala noticia, comentó que es “consecuencia de estar inmersos en este desastre nacional”.
“A los efectos prácticos no tiene consecuencias negativas”, añadió, ya que Mendoza no está con idea de emitir deuda en moneda extranjera: “Las próximas operaciones en agenda no son en dólares. No está en nuestro radar”.
La calificadora finaliza el informe al marcar que, en general, los montos “son manejables para las provincias dada su liquidez recientemente acumulada y su capacidad de generar flujos de efectivo”, e indican que los pagos totales del servicio de la deuda rondan tan sólo el 7% de sus ingresos.
Además, agregaron que, “en muchos casos, la alta inflación y cautelosas políticas fiscales de las provincias han mejorado su desempeño fiscal y sus posiciones de liquidez”.
