Uno de los problemas históricos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) ha sido la dificultad en el recupero de la inversión a través de las cuotas mensuales de los beneficiarios de las casas. La pandemia del coronavirus y la crisis económica que trajo aparejada hicieron que esa morosidad trepara al 60%, es decir que 6 de cada 10 adjudicatarios de las viviendas construidas por el Estado provincial no pagan la mensualidad que le corresponde.
Según señalaron desde el organismo, del universo de 62.000 créditos activos en la actualidad, la morosidad alcanza el 60%. A modo de referencia, precisaron que en 2016, al inicio de la gestión de Alfredo Cornejo la cifra estaba en un 62% y que llegó a reducirse al 35% con el transcurrir de los años, pero la situación de emergencia sanitaria del último año y medio y sus consecuencias la hicieron crecer nuevamente durante la administración de Rodolfo Suárez.
Si bien el IPV tiene un fin social que consiste en otorgar soluciones habitacionales a los sectores vulnerables, la recuperación de la inversión es importante ya que se apunta a que esos recursos se destinen a la construcción de nuevas viviendas.
Sin embargo, en la realidad ese objetivo está lejos de concretarse, ya que la mayoría de la cartera activa de créditos poseen cuotas menores a $500, debido a que antiguamente se establecía una mensualidad fija sin actualización.
En la última semana, durante su exposición en la Legislatura de la pauta presupuestaria para el 2022 correspondiente al Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública, el ministro Mario Isgró hizo referencia a esta situación. “La cobrabilidad del IPV tiene una historia larga que no tiene que ver con esta gestión, ni con la anterior ni con ninguna de las anteriores, son casos que vienen a ser culpa de nadie pero responsabilidad de todos”, manifestó.
Allí se precisó que el recupero proyectado por el Instituto para el ejercicio 2022 son $740 millones, con este nivel de morosidad. Y aclararon también que esos fondos solo se destinarán a gastos operativos. Es decir, no alcanzarán para sumar a la construcción de más viviendas, por ejemplo.
En diálogo con Los Andes, la presidenta del IPV, María Marta Ontanilla, aseguró que el aumento del incumplimiento de los pagos se debió a la pandemia. “Lo que pasó con la recaudación a nivel provincial, a nosotros también nos pasó lo mismo”, indicó.
“Ese 60% es real y representativo, pero hay que tener en cuenta que más de la mitad de los créditos tienen cuotas de $500 o $100, que son aquellas que no tenían mecanismo de actualización. Con lo cual a nivel recaudación no es tanto, pero sí suman al nivel de morosidad”, expresó la funcionaria.
Asimismo, resaltó que actualmente “el recupero solo sirve para gastos operativos”. Es decir que los $740 millones que proyecta recaudar el IPV durante el año que viene estarán destinados al funcionamiento interno de la institución y el pago de una parte de los sueldos.
Desde el organismo advierten que esa partida no cubre la totalidad de esos gastos, por lo que hay un refuerzo de fondos provinciales para terminar de pagar sueldos. Aclararon que hasta el 2017 se pagaban sueldos con recursos provenientes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) pero que desde ese entonces van netamente a la construcción de viviendas.
Los funcionarios explican que la morosidad se da fundamentalmente en los beneficiarios de viviendas sociales, es decir los planes tradicionales del instituto. A su vez, resaltaron una diferencia en el comportamiento de los adjudicatarios de programas apuntados a la clase media.
Por ejemplo, en cuanto al plan “Ahorro Previo”, destinado a familias de ingresos medios que hayan accedido a un terreno en forma individual y necesiten apoyo para construir o terminar su vivienda, la morosidad se encuentra en un nivel del 17%. No obstante, representan una porción significativamente menor de los créditos, ya que actualmente hay 905 de ellos activos.
En tanto, en lo que respecta a la línea 2 del Plan “Mendoza Construye”, de participación público-privada y apuntada también a la clase media, manifestaron que no tienen un registro diferenciado de las otras líneas del programa, pero tienen la certeza de que el comportamiento de morosidad es similar al de “Ahorro Previo”.
El plan anti-morosos
El incremento en la morosidad ha preocupado al Gobierno de Mendoza y ha desplegado distintas estrategias apuntadas a aumentar la cobrabilidad de las cuotas.
En el 2018, durante la gestión de Cornejo se firmó un convenio con el Veraz para que la entidad crediticia notificara a los morosos y los alojara en la base datos. A inicios del gobierno de Suárez también se lanzó una licitación para contratar una empresa de informes comerciales que permita registrar la morosidad.
Sin embargo, la llegada de la pandemia alteró los planes de toda la administración pública y, de hecho, se restringió el habitual reparto de boletas en los domicilios. De todas maneras, se dispuso una opción digital para descargarlas y pagarlas on line y también se habilitó una oficina virtual.
Más allá de estas disposiciones, la presidenta Ontanilla expresó que una de las estrategias que pusieron en marcha en el último tiempo fue “el cambio de actualización de UVAs (Unidad de Valor Adquisitivo) a CVS (Coeficiente de Variación Salarial). Hoy esas familias que cambiaron están al día, eso nos marca una pauta de que está funcionando”.
El reemplazo de la fórmula de amortización de cuotas del IPV entró en vigencia a comienzos de este año. La intención era que las cuotas se adapten a la situación económica de cada beneficiario, por lo que se brindó esta alternativa. Mientras que el coeficiente UVA se actualiza con la inflación, el CVS lo hace de acuerdo con el índice que publica el INDEC, que toma en cuenta las variaciones de los salarios del sector público, privado y el trabajo no registrado. En ambos sistemas, se aplica 0% de interés en la financiación.
“Todas aquellas personas que todavía tengan UVA y se quieran cambiar, sigue vigente la posibilidad de hacerlo”, aclaró la titular del organismo.
Asimismo, recientemente el IPV lanzó un plan de cancelación de deuda masivo que tendrá distintas etapas. La primera de ellas abarca a más de 5.000 adjudicatarios que recibirán el boleto de cancelación en su domicilio. El informe se distribuye casa por casa y contempla un descuento del 20% sobre el saldo de capital y, en el caso de registrar mora, una quita del 100% de los intereses moratorios generados.
El objetivo es reducir la cartera de créditos añosos que se encuentran activos, ya que en esta primera fase se apunta a adjudicatarios que recibieron la vivienda hace más de 30 años y que poseen un saldo para cancelar menor a $3.000. “Hay veces que es más cara la notificación que el cobro de la cuota”, afirman.
Por otro lado, durante su paso por la Legislatura la última semana, el ministro Isgró aseguró que están elaborando un proyecto de ley para la escrituración de las viviendas. “Tenemos muchas casas que por diversos motivos no podemos escriturar y queremos con esto cerrar ese tema”, dijo. También aseguró que está en análisis implementar un cambio en el sistema de cobro de la cuota, pero que abarcaría a futuros propietarios y no los actuales.
