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El director ad honorem de Impsa
Tras concretarse el proceso de capitalización de Impsa, el Estado mendocino se convirtió en un accionista minoritario de la empresa y, por consiguiente, tendrá un lugar asignado en el directorio. La persona elegida por el gobernador Rodolfo Suárez para ocupar ese asiento en la mesa chica de la compañía fue Pablo Magistocchi, el presidente de la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima (Emesa).
Una particularidad que tiene esta designación es que Magistocchi no renunciará al cargo que actualmente desempeña para asumir esta nueva función. Esto se debe a que el ingeniero industrial de 38 años no cobrará por representar a Mendoza en el directorio de Impsa.
Si bien es sabido que se trata de un puesto de mucha responsabilidad y una “vidriera enorme”, ya que discutirá el rumbo y la estrategia empresarial de la firma insignia de la provincia, es una tarea que implica muy poca carga horaria al mes y no implica una remuneración económica.
Es así que el representante “ad honorem” formará parte de las reuniones de directorio de Impsa de forma periódica, pero en el día a día seguirá con su trabajo habitual en Emesa, donde sí percibirá un sueldo.
La misteriosa carpeta de Alberto
El acto oficial de la capitalización estatal en Impsa reunió al gobernador Rodolfo Suárez con el presidente Alberto Fernández. Tras una recepción amena y la recorrida por las instalaciones de la firma en Godoy Cruz, llegó el momento de los discursos.
Las palabras del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas evitaron la polémica grieta, junto a las del CEO de la empresa, Juan Carlos Fernández. Hasta el propio Antonio Caló, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) dijo no mirar la grieta, sino el progreso.
El gobernador Rodolfo Suárez no sorprendió con sus palabras celebrando el acuerdo y el consenso en la solución brindada a la tradicional empresa metalúrgica mendocina. Sin embargo, la duda se posó sobre la figura presidencial. Es que a la misma hora en la que en Mendoza chocaban codos entre peronistas radicales, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero (del riñón albertista) disparaba munición gruesa en contra de la provincia. Durante la exposición de su informe de gestión en el Senado tuvo un fuerte cruce con la senadora mendocina Pamela Verasay. “No se condice tampoco con cómo hemos avanzado con el gobierno (provincial) a pesar de que tiene una mirada distinta y hasta incluso incumple medidas nacionales de cuidado y después nos piden respiradores”, criticó Cafiero.
Estas diferentes líneas discursivas llamaron la atención, porque algunos tienen el convencimiento de que Fernández iba a aprovechar el momento para decir algunas cosas en contra de la gestión de Suárez. “Fue raro que mientras Cafiero nos pegaba, acá hablaran de trabajar en conjunto sin mirar la grieta” indicó un oficialista. Y observó que arriba de la mesa principal, el Presidente tenía una carpeta en la que cree, tenía el texto que pensaba leer, como lo habían hecho Kulfas y el ejecutivo de Impsa pero que finalmente cambió de opinión para no romper la atmósfera conciliadora.
El acupunturista del Mendoexit
Ninguna encuesta preelectoral le ha dado por ahora más de 5 puntos de intención de voto al Mendoexit, el último fenómeno de la política mendocina. Sin embargo, fuera de la provincia y del país el movimiento independentista (“autonomista” le llaman sus ideólogos) ha encontrado muchos ecos, sobre todo en los medios de prensa. El último que lo reflejó fue el prestigioso semanario inglés The Economist, una de las publicaciones más influyentes del mundo y por eso, de lectura obligatoria para todos los líderes de Occidente.
Como antes el New York Times o el diario El Mundo de España, por citar algunos, The Economist se preocupó por reflejar en su sitio web “el separatismo entre los viñedos” que da que hablar en Mendoza. Para los medios extranjeros, el Mendoexit es más una curiosidad que un movimiento político. Y por eso, en el caso de la revista inglesa cae en algunos errores que revelan el tratamiento de noticia extravagante que le dan al fenómeno.
En la nota sin firma publicada el último viernes, The Economist primero describe como “dictador” al ex presidente Julio Argentino Roca al recordar su enfrentamiento con la “autonomista” Mendoza de finales del siglo XIX, lo que dio pie a muchos mendocinos a cuestionar la seriedad de la nota en las redes sociales.
Pero no fue eso lo que más indignó a los seguidores del Mendoexit, sino que calificara como “acupunturista” a su líder, Hugo Laricchia, una profesión que según él nunca tuvo y a la que ni siquiera le pasó por el costado. Laricchia se presenta siempre como emprendedor turístico, por lo que nadie se explica que en el prestigioso The Economist lo hayan acercado a la acupuntura.
Los dilemas de la concesión de Penitentes
El Gobierno provincial avanzó en una licitación “corta” para reactivar el centro de ski Penitentes durante estas vacaciones de invierno. Mientras, trabajan en una “larga” que lanzarán en los próximos meses para apostar fuerte a un centro de Alta Montaña.
De acuerdo al calendario escolar, las vacaciones de invierno estaban previstas a partir del 12 julio y hasta el 25, con ese cronograma se esperaba que oferentes se acercaran con propuestas para este receso y la idea de adelantar las vacaciones de invierno hizo pensar que tal vez algunos posibles oferentes pensaran dos veces la chance de presentar una propuesta.
Sin embargo, las ideas que se barajan en la Nación son las que generaron mas incertidumbre y preocupación en el Ejecutivo provincial. “Es complejo pensar que el sector pueda vivir una temporada de invierno”, dijo Matías Lammens, ministro de Turismo al canal A24 días atrás. Aunque, aseguró que “no hay una decisión tomada ni se está analizando suspender la temporada de invierno”.
La Cámara Argentina de Turismo puso el grito en el cielo porque el año pasado no tuvieron ingresos y aseveran que no se soporta un año más con la misma modalidad. En Mendoza esto podría poner en jaque la apertura del centro de ski, que aún no se adjudica, pero si no hay nieve ni temporada, es difícil atraer inversiones. Por lo pronto, esta tarde a las 16 hay una reunión con los integrantes del Consejo Federal de Turismo en donde le plantearán a Lammens una definición con respecto a las vacaciones de invierno.
Acusada de secuestrar legisladores
Las esquirlas de la frustrada modificación de la Ley 7722, en diciembre de 2019, siguen vigentes a un año y medio de aquellos hechos que marcaron, para mal, la gestión de Rodolfo Suárez. La última consecuencia esos días de furia, esta vez judicial, se produjo el último jueves, cuando la juez de garantías Patricia Alonso confirmó el procesamiento de la ambientalista Nora Moyano. Esta militante lasherina de las Asambleas por el Agua, de 70 años, fue imputada en enero de 2020 por haber “secuestrado” a diputados y senadores dentro de la Legisltura.
Todo ocurrió el 17 de diciembre, cuando los legisladores avanzaban en comisiones con los cambios a la ley para habilitar la minería metalífera en la provincia, como había prometido que haría el recién asumido sucesor de Alfredo Cornejo. Indignados con la situación, centenares de militantes de agrupaciones de izquierda y del ambientalismo duro se apostaron durante horas en la Legislatura impidiendo a los legisladores, pero también a periodistas y empleados legislativos, salir del edificio. Todo terminó al caer la tarde, cuando las puertas fueron liberadas.
El final de aquella historia a nivel político es conocido, pero poco trascendió de esta causa judicial que se le inició a Nora Moyano, que curiosamente fue la única imputada por, supuestamente, haber liderado ese “secuestro”. Ahora, con la decisión de la jueza Alonso, la causa sigue firme y va rumbo al juicio oral, lo que ha generado una nueva ola de indignaciones entre referentes de la izquierda y del ambientalismo, desde donde acusan al Gobierno y a la Justicia de haber armado una “persecución judicial” contra Moyano.
“Es venganza lo que pretenden conmigo. Soy un chivo expiatorio. Les duele que mandamos a los basurales de la historia a la ley cianuro”, declaró el mismo jueves la imputada al portal La Izquierda Diario.
Mientras en el Gobierno las voces se desligan de la causa (“Eso fue en la Legislatura y es la Justicia la que interviene”, argumentan), en el ámbito judicial aseguran que el fiscal ha reunido suficientes pruebas para que Moyano tenga una condena, aunque no aventuran si arriesga una pena que la pueda llevar a la cárcel.
El delegado de ATE que vuelve al trabajo
Las vueltas de la vida son insondables, sobre todo en la política. Mientras la Justicia avanza en la investigación de la causa contra el ex titular de Vialidad Provincial, Oscar Sandes, y otros cuatro ex funcionarios de la repartición, la misma Justicia acaba de reincorporar a su trabajo a un empleado que había sido despedido por el propio Sandes.
Se trata de un hombre que hasta mayo de 2018, cuando lo echaron, se desempeñaba en la seccional Malargüe. A raíz de una serie de irregularidades, entre ellas por haber usado máquinas de Vialidad para trabajos en un terreno privado, el agente Pablo Siriani fue cesanteado de su cargo. Ahora, la Segunda Cámara de Trabajo ordenó reincorporarlo y hasta que se paguen los salarios caídos desde esa fecha hasta hoy.
El fallo fue celebrado por las autoridades de ATE, con Roberto Macho a la cabeza. “Con ATE se lucha, con ATE se gana”, titearon eufóricos desde el sindicato estatal, cuyo titular tiene hace varios años un enfrentamiento personal con su antigua compañera de militancia gremial Raquel Blas.
Lo que no dijeron es que Siriani es un activo cuadro de ATE en el sur. Llegó a la planta de empleados estatales en diciembre de 2011, cuando días antes de dejar el Gobierno Celso Jaque lo nombró en un cargo en Vialidad de Malargüe. En 2013 se postuló como delegado gremial aunque perdió la elección. Sin embargo, continuó militando activamente en el principal sindicato de estatales.
En 2018, le llegó la ofensiva cornejista contra los empleados que no iban a trabajar o que cometían reiteradas faltas, los cuales empezaron a ser despedidos como parte del plan de “ordenamiento del Estado” que postulaba Cornejo. “Hemos cesanteados personas por ataque de arma blanca entre compañeros, gente con muchos problemas de alcoholismo, inasistencias injustificadas de más de 17 días, falta de consideración hacia el trabajo, hacia la mujer. Son prácticas que queremos desterrar de Vialidad”, dijo por esos días orgulloso Sandes.
Tres años después, aquella política de mano dura parece ser solo un recuerdo con este fallo de la Justicia provincial, que sin embargo sigue investigando al propio Sandes. Las vueltas de la vida.
