Discapacidad: polémica por un programa nacional que sólo asiste a municipios del PJ

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDI); Fernando Galarraga, estuvo en San Martín repartiendo pensiones no contributivas y firmando renovación de convenios con instituciones que prestan servicios a discapacitados de la provincia.

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Con su llegada se agitó una queja silenciosa de los municipios radicales por la inclusión en el Plan Accesar, un programa de la ANDI destinado a fortalecer las áreas de discapacidad de las comunas. La queja es que, hasta ahora, sólo están incluidos en el programa los seis municipios que gobierna el PJ: Lavalle, San Rafael, Santa Rosa, La Paz, Tunuyán y Maipú.

El funcionario nacional dijo que “en Mendoza no tocó ningún municipio que no sea justicialista, pero en otras provincias hay municipios de Cambiemos”. Galarraga aseguró que no hay comunas gobernadas por otras fuerzas porque no trabajan con la Agencia Nacional de Discapacidad. “El plan se lanzó con 75 municipios que ya venían trabajando con la Agencia, no hicimos una convocatoria específica. Como no tenemos oficinas en todo el país es clave que los municipios nos ayuden; también hay municipios que ya tenían asistencia financiera vigente y en función de ver sus necesidades y características es que elegimos”.

El programa se lanzó en agosto de 2021. “El Plan Accesar tiene el sentido de dar recursos a los municipios para que las personas con discapacidad puedan acceder a todos los servicios dentro de su comunidad en igualdad de condiciones”, manifestó el presidente Alberto Fernández en el acto de lanzamiento.

“Las personas con discapacidad todavía deben irse de sus ciudades para buscar servicios, una escuela especializada, profesionales o una oportunidad para trabajar. Con este plan, desde todos los estamentos del Estado, pero fundamentalmente desde los gobiernos locales, existe un mayor compromiso y se asume un rol activo y protagónico para lograr la inclusión de este colectivo en la comunidad”, resaltó en aquella oportunidad Galarraga.

De acuerdo al sitio web de la ANDI, el Plan Accesar busca fortalecer las gestiones municipales en discapacidad. Para cumplir ese objetivo se clasificó a las comunas en pequeñas (hasta 50.000 habitantes); medianas (de 50.001 a 200.000 habitantes); y grandes (más de 200.000 habitantes).

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Aquí aparece la queja de las comunas no incluidas. En la etapa 1 del Plan Accesar, se distribuye dinero para compra de computadoras, notebooks, impresoras, proyectores, pantallas y sillas de ruedas; también escritorios, sillas mesas para reuniones, armarios u otros insumos de oficina, así como también carteles para fachada e internos, banners, boxes de atención al público.

Para los municipios pequeños se preveía una asignación por única vez de 500.000 pesos, para los medianos de 750.000 pesos, y para los grandes 1.000.000. Aquí está el origen de la queja.

El Plan Accesar arranca con esta asistencia, “para el fortalecimiento del área local de discapacidad. Después, viene una etapa de trabajo articulado entre los equipos de la Agencia y del municipio para elaborar un diagnóstico, crear un plan de capacitación, generar un plan estratégico para el municipio, el ajuste normativo de códigos de urbanización y edificación que incluyan la perspectiva de discapacidad. Por último se acuerda el financiamiento para una obra estratégica” explicó el titular de la ANDI.

Luego, Galarraga aseguró que prepara una convocatoria de comunas, probablemente en el mes de julio, para incluir 100 municipios más al programa, pero que hay condiciones que serán evaluadas para ser parte del Plan Accesar.

“Cada municipio debe pasar por un proceso para ser elegido: qué población con discapacidad tiene, cuáles son las principales barreras que identifican. Necesitamos decisión política de cada municipio para trabajar de forma transversal todo el gobierno municipal, no es sólo un área”, dijo Galarraga.

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Desembarco en Mendoza

El titular de la Agencia Nacional de Discapacidad llegó a Mendoza el jueves. Después de reunirse con la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes Ana Nadal, partió hacia el este mendocino. En San Martín, Fernando Galarraga entregó 1.100 pensiones no contributivas para discapacitados y firmó convenios con instituciones prestadoras de servicios.

Llamó la atención que el acto tuvo una nutrida presencia peronista entre los asistentes, muchos más que los radicales funcionarios que fueron al Parque Agnesi para presenciar el acto. Incluso, algunos de los asistentes del PJ dijo: “ya que los radicales empiezan a recorrer municipios nuestros, nosotros vamos a hacer lo mismo, con todo el peronismo unido”.

Estaban en primera fila la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, el ex intendente de San Martín Jorge Giménez, los intendentes Matías Stevanato (Maipú), Martín Aveiro (Tunuyán), Roberto Righi (Lavalle), Flor Destéfanis (Santa Rosa), los diputados provinciales Omar Félix y Germán Gómez, la diputada nacional Marisa Uceda, También estuvo Celso Jaque, la consejera del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Patricia Fadel, el delegado regional de Vialidad Nacional Guillermo Amstutz, el titular de la Anses local Carlos Gallo, el del PAMI en Mendoza Martín Sevilla, y el del Instituto Nacional de Vitivinicultura Martín Hinojosa.

De Cambia Mendoza estaba el actual intendente de San Martín Raúl Rufeil, la ministra Nadal, el subsecretario de Desarrollo Social Alejandro Verón, y la directora de Discapacidad Gabriela Juárez.

“Firmamos 70 convenios con instituciones prestadoras, algunos son nuevos, otros renovaciones. Es para que las instituciones facturen por las prestaciones que ofrecen a discapacitados. Cobran por rehabilitación, centro de día, apoyo terapéutico o educativo, entre otras”, explicó Galarraga.

Además el funcionario nacional explicó que se entregaron 1.100 pensiones no contributivas que se cobrarán en los meses de mayo, junio y julio. “Acordamos con la ministra Nadal, trabajar juntos por solicitudes de pensiones que están en trámite, pero que no tienen el certificado de discapacidad que debe extender la salud pública. Son unas 500 pensiones que están paradas”, dijo Galarraga.