Un nuevo e inesperado frente de batalla se abrió en la Cámara de Diputados. En paralelo a los debates sobre la boleta única y la reforma del Consejo de la Magistratura, el oficialismo busca avanzar en una ley para priorizar a empresas nacionales en las compras que realiza el Estado incluyendo al PAMI, algo que desató un fuerte rechazo de la oposición.
Se trata del proyecto de “Compre Argentino”, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso a fines del año pasado. La discusión comenzó la semana pasada en las comisiones de Presupuesto y Hacienda e Industria, que volverán a reunirse este martes. El Frente de Todos aspira a firmar dictamen, pero podría hacerlo en soledad.
El régimen de “Compre Argentino” le permite al Estado elegir como proveedora a una empresa nacional a pesar de que la oferta sea más cara que la de una compañía extranjera. Este mecanismo no es nuevo: en 2001, el gobierno de Eduardo Duhalde promovió una ley que le dio una preferencia del 5% a las grandes empresas y del 7% a las pymes.
Esos márgenes se ampliaron en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, al 8% y 15%, respectivamente. Ahora el Gobierno sube la apuesta y, a través de la iniciativa promovida por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, propone elevar los márgenes al 15% para grandes empresas y 20% para pymes.
En el bloque oficialista esperaban avanzar sin inconvenientes, pero se toparon con un fuerte rechazo de Juntos por el Cambio. El motivo: el interbloque sostiene que el Estado podrá adquirir bienes a un valor entre un 15% y un 20% más caro sin ningún fundamento, y que se trata de “un traje a medida” para laboratorios que tienen negocios con el PAMI.
En efecto, en el artículo primero del proyecto se incluye a la obra social de los jubilados entre los sujetos alcanzados por el régimen, algo que no estaba contemplado en el anterior. Es decir que el PAMI podría priorizar a compañías farmacéuticas y de equipamiento médico nacionales que vendan más caro.
“La ley de ‘Compre Argentino’ del kirchnerismo es un traje a medida para algunos proveedores de PAMI. Los mismos que se entremezclaron en el negocio de las vacunas”, advirtió el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO).
Otro economista, Martín Tetaz (UCR-Evolución) agregó que “cuando el Estado busca beneficiar a proveedores nacionales, el principal resultado es que compra más caro y por lo tanto los impuestos, que significan una carga para la actividad productiva, le rinden menos y necesariamente son más altos”.
La semana pasada, el director nacional del programa “Compre Argentino”, Julián Hecker, aclaró que “no necesariamente” el margen del 15% y 20% hará que el Estado pague de más esa cifra, porque aplicará solamente a la hora de comparar entre bienes nacionales e importados. Es decir que entre los oferentes nacionales, según el funcionario, primará la oferta más barata.
El Frente de Todos está dispuesto a avanzar con mayoría propia en las comisiones (tiene 24 de los 49 integrantes, más un aliado). Si el proyecto no recibe cambios, Juntos por el Cambio firmará un dictamen de rechazo. Luego vendrá la pelea voto e voto en el recinto, donde será clave la postura del Interbloque Federal y otros espacios minoritarios de la oposición.
“Más allá de las diferencias políticas, tenemos que coincidir en defender la industria nacional, a las pymes, a las empresas que invierten y generan empleos en Argentina. No es para gastar más, pero tampoco es lo mismo que haya una inversión en Argentina que genere empleo que comprar un producto importado”, aseguró Marcelo Casaretto, titular de la Comisión de Industria.
Casaretto adelantó que podrían incorporar algunas modificaciones, como la posibilidad de que algunas empresas puedan estar comprendidas dentro de un margen “del 23% temporario y sujeto a aprobación de Jefatura de Gabinete para provincias que tienen asimetrías regionales”. Pero no darían marcha atrás en la ampliación de los márgenes ni tampoco en la incorporación del PAMI.
El debate continuará este martes con la participación del secretario de Industria, Ariel Schale, autoridades de cámaras empresarias y sindicalistas. Hablarán representantes de la industria metalúrgica, electrónica, electromecánica, luminotécnica, bienes de capital, petroquímica, naval, calzado y fundiciones, entre otros sectores.
