La Universidad Nacional de Cuyo puso en marcha una investigación administrativa para detectar si se violó la confidencialidad de los exámenes de ingreso al Poder Judicial y no hay una fecha concreta de culminación, dependiendo la complejidad del caso.
La Suprema Corte de Justicia mantiene la fecha del segundo examen para el 19 de julio y podría realizarse con la investigación aún en curso, si no se resuelve con anterioridad. Y para esta etapa, la UNCuyo analiza que un equipo externo reemplace al que estuvo a cargo de la plataforma en el primero examen y de esa forma, garantizar transparencia.
Cabe recordar que fueron 18.990 personas las que rindieron de manera virtual el pasado 14 de junio y solo 2.109 lograron aprobar para pasar a la segunda instancia. A partir de ahí se levantaron sospechas de que el mejor aprobado tendría algún vínculo con uno de los responsables de la carga de las preguntas en la plataforma Moodle, que gestiona la Facultad de Ciencias Económicas.
Esto motivó a que la lupa se pusiera también sobre otros ingresantes de altos puntajes. La primera reacción pública llegó por parte del senador de La Unión Mendocina, Germán Vicchi, quién realizó un pedido de informes ante la Corte para que esclarezca la situación.
En tanto los magistrados resolvieron solicitarle información a la casa de Altos Estudios que conduce Esther Sánchez sobre el cumplimiento del convenio celebrado el pasado 19 de mayo, en cuanto a la confidencialidad de datos y si hubo indicios de irregularidades.
El pasado viernes la institución respondió y por solicitud del decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Miguel González Gaviola, pusieron en marcha la investigación administrativa y anunciaron que designarán un nuevo supervisor técnico externo del manejo de los accesos a la plataforma, en busca de transparencia, para el próximo examen.
Según pudo averiguar Los Andes, el elegido llegaría desde la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Es decir que no se incluirá a otra institución privada de la provincia, ni de la región Cuyo.
En diálogo con este medio, el secretario de Asuntos Legales de la UNCuyo, Federico Morandini, explicó que según un reglamento que rige en la institución, lo que se ha iniciado “es una instancia previa conocida como investigación administrativa o información sumaria, de la cual ante las sospechas o denuncias públicas se ha buscado esclarecer la situación”.
“Pero esto no quiere decir que haya algún elemento hasta el momento. Todo esto se resolverá en este procedimiento”, aclaró el funcionario y agregó que se busca “determinar el objeto y los eventuales responsables” de alguna irregularidad. De este modo “todavía no se pueden evaluar sanciones”, aseguró.
Morandini afirmó que no cuentan con un plazo de tiempo estipulado para resolver el procedimiento. Es decir que se podría llegar al 19 de julio, fecha del segundo examen, con la investigación de fondo. “Según la complejidad que tenga la investigación, puede desarrollarse por el plazo que el instructor sumarial crea necesario. No sabremos si tiene los elementos suficientes para esa fecha o no”, respondió ante esa consulta.
“Eso depende de cuando pueda recabar las pruebas. Si las tuviese en un tiempo anterior, podría elevar las actuaciones o desestimarlas por no encontrar elementos suficientes, al igual que en un proceso penal”, añadió.
“Lo más importante es que tanto el decano como la rectora (Esther Sánchez) buscan prestar la mayor transparencia al rol que cumple la UNCuyo en toda la situación ante esta sospecha genérica y en ese marco se ha iniciado esta investigación. Se ha designado un supervisor técnico externo que va a supervisar todo el soporte informático”, completó Morandini.
Quiénes estaban a cargo del examen
Fuentes universitarias con conocimiento sobre cómo se desarrolló el examen, contaron a Los Andes que un equipo de cinco personas, que se encargaba de cargar las preguntas en la plataforma, “entregó todas sus credenciales y claves” al Coordinador de Transformación Digital de la FCE, Guillermo Sandez.
Los empleados, de los cuales no trascendieron sus identidades, siguen con sus funciones normales en el Aula Virtual de la facultad pero “sin ese nivel de autorización” y todavía “no han sido acusadas de nada”.
A diferencia de lo informado por las autoridades del establecimiento, no sería una sola persona la designada, sino un equipo entero en reemplazo de ese que fue apartado del acceso a Moodle. Esos profesionales que podrían llegar desde la Universidad Nacional de Córdoba trabajarán bajo el ala de Sandez.
“La plataforma virtual es de la facultad. Una de las intenciones es tener responsables técnicos de la carga de las preguntas que sean externos a la universidad, pero siempre bajo la supervisión del Coordinador de Transformación Digital”, afirmaron las fuentes y dijeron que es necesario que Sandez se mantenga en el cargo porque debe “velar por el funcionamiento integral de la plataforma”.
En tanto, sobre el desarrollo del examen, señaló que se trató de más de 600 preguntas y que ya “venían con sus respuestas precargadas”, por lo tanto eso resolvió el puntaje del examen, que es lo que se ha enviado al Poder Judicial mediante un Excel.
Allí se encuentran las preguntas de cada uno de los postulantes, el puntaje exacto y cuanto se demoró en responder cada pregunta. “Toda esa información detallada no se puede esconder porque es sistémica”, indicaron. La lista de aprobados no ha sido publicada por las autoridades judiciales.
Los reclamos por el concurso
El senador Vicchi insistió este domingo sobre la demora de respuestas ante las “irregularidades” el concurso judicial. “El concurso de ingreso al poder judicial sigue siendo un misterio. No hay respuesta alguna a las irregularidades”, dijo a través de Twitter.
Y sentenció: “Mendoza sigue silenciada. ¿Hasta cuando la política continuará dominando las instituciones? La transparencia de Mendoza es nuestra prioridad. Hagan Justicia”.
Por su parte, el sindicato de Empleados Judiciales pidió que se suspenda de inmediato el concurso. El pasado jueves elevaron una nota formal a la Corte para solicitar que se conforme una mesa de negociación con el objetivo de “construir un concurso transparente y con igualdad de oportunidades”.
En la carta cuestionan “la inexplicable decisión de tercerizar el proceso de concurso” con la Cooperadora de la Facultad de Ciencias Económicas cuando “existe un Centro de Formación en el ámbito del poder judicial y personal altamente capacitado en recursos humanos e informática”, entre otros puntos.
