La jueza María Eugenia Maiztegui, que investiga a los sindicalistas de Camioneros imputados por el bloqueo a una empresa de San Pedro, pidió licencia por cuestiones médicas y no pudo estar en la audiencia en la que se debatió la situación procesal de los acusados. Medios locales aseguran que fue por un pico de estrés. Quien reemplazó a la magistrada fue Román Parodi, titular del juzgado N°1 de San Nicolás.
Dirigentes de la oposición denunciaron que la jueza había sido presionada por Leopoldo Moreau, diputado kirchnerista y presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, quien amenazó con denunciarla por mal desempeño.
Florencia Arietto, representante legal de la empresa Expreso del Oeste, afirmó que la licencia se debe a “presiones de la mafia sindical y parte de la estructura del Gobierno”. Además aseguró que Moreau “cometió coacción y obstrucción de justicia, asimismo a través de una comisión bicameral ilegalmente constituida y arrogándose facultades jurisdiccionales ha arrancado confesiones extrajudiciales para ser utilizadas en sede penal. Se llama apremios ilegales.”
La Bicameral, según la abogada, debería estar constituida mayoritariamente por la oposición porque “debe controlar a los organismos de inteligencia vigente” dijo.
Arietto anticipó que le hará una denuncia penal a Moreau por obstrucción de justicia porque, a su parecer, “está intimidando a los funcionarios para que anule la causa o libere a los detenidos”.
La causa
La jueza Maiztegui había ordenado la detención de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, dos dirigentes del Sindicato de Camioneros, acusados de extorsión y coacción, en el marco de un bloqueo a un empresario local.
La fiscal Viviani pidió para que los acusados continúen detenidos y se les imputen otros delitos como turbación de la posesión, extorsión en grado de tentativa y coacción. Esto como resultado de un allanamiento en la sede central del Sindicato de Camioneros para buscar documentación sobre la presunta deuda de la empresa Distribuidora Rey, de San Pedro, que dio origen al bloqueo realizado en febrero de 2021.
La delegación del Ministerio de Trabajo acreditó la existencia de esa deuda pero no la documentación necesaria, por lo que la jueza Maiztegui se la pidió al Sindicato de Camioneros de San Nicolás que la presentara. Desde el gremio no se obtuvo respuesta ni se recibió ningún detalle sobre lo pedido. Por esta razón la fiscal encabezó el allanamiento en el gremio.
Viviani no encontró ninguna documentación que acredite que efectivamente esa deuda de la empresa era real.
La audiencia
Durante la audiencia realizada este jueves, a cargo de Parodi, se leyó los cargos que les imputan a los detenidos. Ahora el tribunal deberá resolver si dicta prisión preventiva como lo solicitó la fiscal María del Valle Viviani.
Pablo Moyano y otros miembros del sindicato se movilizaron esta mañana frente al juzgado pidiendo por la liberación de los imputados. También llegaron a las inmediaciones del Parque San Martín concejales del Frente de Todos según afirmó infobae.
Según el diario El Norte, de San Nicolás, la fiscal “sostiene que existe peligro procesal y por eso pedirá que los imputados afronten el proceso detenidos por el riesgo de entorpecimiento de la causa”.
