Citaron a declaración indagatoria del ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, sus dos hijos y su ex esposa, Yesica Cirio, además de dos presuntos testaferros, por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
En su dictamen, los fiscales de Lomas de Zamora, Sergio Mola y de la Procelac Diego Velasco concluyeron que ese nivel de vida no sería justificable con los salarios que a lo largo de su vida pública cobró Insaurralde en los distintos cargos que ocupó.
Antes de resolver si hace lugar al planteo, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak intimó al ex funcionario para que en un plazo de diez días justifique su patrimonio, informaron fuentes judiciales.
Este es un paso obligado en las causas por enriquecimiento ilícito, donde el investigado tiene la oportunidad de intentar explicar con qué ingresos accedió a todo lo cuestionado y luego de lo cual, el magistrado definirá si hace lugar o no al pedido de la fiscalía.
En un dictamen entregado al juez Kreplak, los fiscales entendieron que Insaurralde no podría justificar con sus ingresos el viaje a Marbella y la compra de tres propiedades: una en Puerto Madero, otra en Banfield y una última en San Vicente.
En el pedido de indagatorias se incluyó a los dos hijos del ex intendente, Martín y Rodrigo, a su ex esposa Carolina Álvarez, a su sobrino Gastón Barrachina y al empresario Victor Donadio, supuestos testaferros.
El dictamen dejó afuera a Jesica Cirio, ex pareja de Insaurralde y a Sofia Clerici, quien lo acompañó en ese viaje a Marbella, quienes siguen bajo investigación, pero por el momento sin pedido de ser citadas por el momento.
La fiscalía sostuvo que los bienes y viajes se habrían solventado con dinero de “actos de corrupción” durante el ejercicio de la función pública por parte de Insaurralde y aludió a “situaciones de incompatibilidad, conflictos de interés” a un incremento de patrimonio que no se condice con sus ingresos declarados, informó la Agencia Noticias Argentinas.
En el dictamen se advirtió además que Insaurralde habría comprado vehículos de alta gama a nombre de presuntos testaferros que le emitían la cédula azul para el uso y se registran 75 viajes al exterior -pasajes y estadías- abonados en efectivo Entre ellos se citó el viaje a Marbella, España, donde se fotografió a bordo del yate “Bandido” junto a Clerici.
“El pago de los costos del viaje a la ciudad de Marbella, España, que dio origen a la formación de esta causa por las sumas totales -según la moneda de pago utilizada- de cuarenta y un mil ochenta y siete con sesenta y cinco euros (EU 41.087,65) y ocho mil ciento ochenta y nueve con treinta dólares estadounidenses (USD. 8189,30)”, explicó la fiscalía.
También se le imputó “haber puesto en circulación los mismos fondos para adquirir los pasajes de otros setenta y cinco (75) vuelos internacionales, de los cuales, de momento, las compañías aéreas, marítimas, como así también las empresas vinculadas a vuelos privados, solo informaron cuarenta y dos (42) de ellos, - sin contar el viaje a Marbella que fue considerado en el párrafo anterior-, por la suma aproximada de siete millones ochocientos cuarenta y seis mil setecientos treinta y cuatro con veintisiete centavos pesos argentinos (ARS 7.846.734,27) y por la suma de setenta y un mil doscientos ochenta con cuarenta centavos dólares estadounidenses (USD 71.280,40)”.
Insaurralde “desde, al menos el año 2003, ha aumentado significativamente su patrimonio sin una explicación clara de sus ingresos legítimos. Usó a otras personas, tanto físicas como jurídicas, para introducir fondos ilícitos en el mercado, como la adquisición y administración de una propiedad en el barrio cerrado “Fincas de San Vicente Club de Chacras SA”, concluyeron.
Los fiscales remarcaron que el sobrino de Insaurralde aparecía como titular de una sociedad que pagaba gastos y efectuaba compras con sólo 25 años. “Insaurralde utilizó varias tácticas para disimular el origen de sus fondos y su participación directa en las transacciones. Entre ellas se destaca la intervención de la empresa DOIO SRL, controlada por Víctor Mariano Donadío, que publica en su página web una variada colección de obras que realizó en el municipio del que Insaurralde fue intendente”, acotaron en relación al otro imputado como supuesto testaferro.
Los familiares de Insaurralde -dos hijos, ex esposa y sobrino - “también jugaron papeles clave, al integrar la estructura societaria y/o hacer aportes relevantes en términos de intervención criminal para la adquisición y administración de los bienes ya descriptos y de sostener la estructura societaria de Sasaxa Libero SA”, una sociedad de la cual el sobrino era presidente a los 25 años.
Insaurralde “no podía justificar” la compra de automóviles de alta gama “de forma directa” con sus 9ingresos y por eso se intentaba “aparentar la legalidad de los fondos como provenientes de la actividad comercial de la sociedad”.
Insaurralde “fue electo concejal de Lomas de Zamora en 2003, reelecto en 2007 como primer concejal, accediendo luego al cargo de secretario de Gobierno, mientras que el 28 de octubre de 2009 asumió como intendente de dicho municipio, desempeñando esa función hasta el 4 de diciembre de 2013, fecha en la que pasó a ser diputado nacional hasta el 9 de diciembre de 2014″, recordó el dictamen fiscal.
Luego, “renunció a su banca legislativa para asumir nuevamente como intendente de Lomas de Zamora, cargo que ocupó hasta el 21 de septiembre de 2021, cuando solicitó licencia para asumir como Jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, rol que mantuvo hasta el 30 de septiembre de 2023, fecha en que renunció a su cargo y solicitó continuar en uso de licencia como intendente”.
Al acusarlo también por presunto lavado de activos, los fiscales concluyeron que “intervino en la coordinación y control de la logística de las operaciones atribuyendo distintos roles a personas de su entorno familiar y de confianza”.
“Estos fondos tendrían su origen en actos de corrupción vinculados a los cargos públicos que ejerció desde, al menos, el año 2003 y habrían sido integrados al sistema económico formal mediante mecanismos que ocultan su verdadero origen. Entre los principales elementos que darían cuenta de ello se comprobó un incremento patrimonial apreciable que no encuentra justificación en sus ingresos legítimos, preponderantemente derivados de sus distintos roles en la función pública”, advirtieron.
