Tras la denuncia penal de la ex primera dama Fabiola Yañez por violencia de género, desde el Gobierno nacional aseguran que la Justicia “debería ordenar la detención” del ex presidente Alberto Fernández.  

Así lo sostuvo el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto. “Puede ir preso. Hay casos similares con detenidos. Él está hostigando a los testigos. Cualquier hijo de vecino estaría preso”, sentenció en declaraciones con Cadena 3 Rosario.  A través de su cuenta de X, el secretario dijo: “Qué espera la Justicia para poner preso a Alberto Fernández?”.  

Además, se preguntó si hubiera ganado el balotaje el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, si la Yañez “hubiera tenido protección”. “¿Se habrían investigado las lesiones en contexto de violencia de género?”, insistió.  

Por su parte, indicó: “Cada hecho tiene una pena de 2 años, pero si son cinco hechos, la pena es de 10 años. Debería tener una pena grande por violencia de género, hostigar a la víctima, violar su decreto presidencial”.  

Tras la filtración del video entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato, en el que se los ve tomando alcohol en la Casa Rosada, el funcionario indicó: “Mientras estábamos todos recluidos en nuestras casas, él haciendo eso con esta chica. Maltrató a los que salían”.  “Hasta donde llegaba la impunidad. A él no le pasaba nada.  Violó la ley que él mismo firmó”, expresó Soto, y concluyó: “Lo que interesa es la transparencia, lo que él hizo, lo que pasó. No se están mostrando intimidades: el video lo grabó Fernández, no un espía”.

¿Alberto Fernández puede ir a prisión? Esta es la pena de los delitos que Fabiola Yáñez le acusa

De ser encontrado culpable por violencia de género contra Fabiola Yáñez, Alberto Fernández podría ser condenado a no menos de tres años, aunque sin cumplir la condena tras las rejas.

En principio debiera aplicarse el artículo 149 bis del Código Penal, pero con la investigación se podrían sumar otros delitos. Dice ese artículo: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas, si las amenazas fueren anónimas o si mediare violencia de género. Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.

De avanzar la causa y confirmarse en las pericias lo conocido hasta ahora, sería el caso para Alberto Fernández.

El hostigamiento que Yáñez -a través de su abogado Juan Pablo Floribello- dijo sufrir en las últimas semanas no es un delito contemplado en el Código Penal, sino una contravención. Pero podría encuadrarse dentro de lo que corresponde a una amenaza. Podría ser simple si fuera meramente declarativa, como por ejemplo un “si hacés la denuncia te vas a arrepentir”, o coactiva si tuviera un fin y no se quedara en la palabra.

Entonces, el delito de lesiones leves en un contexto de violencia de género en concurso real con amenazas simples tiene un cómputo de pena de seis meses a cuatro años de prisión, pero no conlleva detención del imputado (quizá en suspenso).

Otro punto a definir pronto es si la causa pasa de la Justicia Federal al ámbito provincial. Ercolini, que es juez federal, en cuanto termine de tomar medidas de protección para la víctima y su hijo, podría enviar la causa a un juez de Garantías de la localidad bonaerense de Olivos (fuero ordinario), donde se encuentra la residencia presidencial y fue el lugar de los hechos de violencia. La otra opción es que siga en la Justicia Federal por la condición de Fernández de exfuncionario público, ya que los hechos denunciados habrían sucedido cuando él estaba en el poder.