El Grupo Olascoaga solicitó esta semana al gobernador Rodolfo Suárez que deje en “stand by” los acuerdos transaccionales que acordó con la distribuidora eléctrica Edemsa (entre otras) en el marco de un convenio a 20 años de concesión y que sea el próximo gobierno, a partir de los resultados de las elecciones provinciales del 24 de septiembre, el que negocie con las distribuidoras. Pero desde el Gobierno no sólo rechazaron todos los planteos y denuncias, sino que sostuvieron que el acuerdo “ya ha sido ratificado” y no hay nuevas instancias para resolver.
A través de un comunicado, el Grupo Olascoaga planteó un escenario que, según sus informes, podría ser “altamente perjudicial” para los mendocinos. Por un lado, auguraron que si los acuerdos transaccionales por reclamos (atrasos tarifarios) de las distribuidoras de electricidad, son finalmente ratificados, “Mendoza tendrá un incremento exorbitante de la tarifa eléctrica”. Pero también plantearon que si dichas tarifas se vuelven “impagables” y se congelan, podrían implicar también juicios contra la Provincia de las distribuidoras.
En este sentido, desde el espacio peronista ejemplificaron que, por ejemplo, la tarifa T1 G promedio “sería entre un 64% y 68% superior a las vigentes en las provincias de San Juan y San Luis a partir del 1º de agosto de 2023″, en base a sus estudios luego del acuerdo firmado con las distribuidoras. También puntualizaron que “por los mismos acuerdos, se le conceden beneficios a Edemsa sin ser valuados por el poder concedente”.
Desde el espacio señalaron a Los Andes la “necesidad” de que este tema lo resuelva el próximo gobernador porque entienden que tal como ha sido resuelto por esta gestión, “hay un gran perjuicio para la Provincia” y “tendremos problemas los mendocinos”.
“Venimos planteando hace meses sugerencias que no están siendo tenidas en cuenta”, expresó. Si bien sostuvo que “está bien” que se pongan estos problemas sobre la mesa y se discutan en esta época, más allá que la prórroga de la concesión se materializaría en 2028, mencionó que “dentro de 15 días tendremos otro gobernador electo y la proximidad de elecciones es un dato importante para no apurarse en una medida que tendrá implicancia directa en la tarifa”.
Para Lafalla, a futuro, la firma de los acuerdos transaccionales “generará incrementos altísimos o también juicios” contra el Estado provincial.
Sobre el tema de las tarifas, mencionó que “se deben subsanar los atrasos, pero si se hace serán tarifas muy altas y hay que ver cómo se paga”.
Acto seguido, marcó que “si el mendocino no puede pagarlo, el Gobierno congelará tarifas, como ya ha ocurrido anteriormente, lo que generará nuevos ingresos no percibidos. Esto se traduce en más juicios de las distribuidoras”.
“Lo que hacemos es plantear cuáles creemos que serán los escenarios posibles y perjuicios futuros. Hemos presentado al Gobierno muchas sugerencias, pero no hemos tenido respuestas”, cerró.
El Gobierno rechaza los planteos y asegura que ya está “todo resuelto”
Desde la Secretaría de Servicios Públicos, Natalio Mema, rechazó todos los planteos formulados por el Grupo Olascoaga, al indicar que en las dos audiencias públicas que se realizaron sobre este tema (febrero y julio) “no hubo impugnaciones” y que “se vencieron todos los plazos”.
No obstante, además de defender el acuerdo, planteó que “ya está todo resuelto con Edemsa” y que no hay próximas instancias para que pueda resolver quien gane las elecciones. “Ya se realizó el acuerdo por parte de Servicios Públicos, el EPRE y Fiscalía de Estado dictaminaron a favor, hubo un decreto del Gobernador en enero y se realizaron las audiencias públicas”, planteó Mema.
Además, todas las condiciones suspensivas que marcaba el acuerdo “ya se cumplieron”. Entre ellas, estaban las renuncias por parte de Edemsa a todos los juicios contra la Provincia a nivel país, más la renuncia de los juicios ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
En tanto, sobre el impacto tarifario, adelantó que “no es mayor al 5%, y con eso se sanearán todos los conflictos”. “El grupo Olascoaga se amparó en la informalidad. Piden algo que ya está resuelto”, acotó.
No obstante, si bien ya está terminado el acuerdo con Edemsa y la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, acotó que las cooperativas que integran Edeste todavía no lo terminan de aceptar en sus propios directorios.
Sobre esto, Lafalla respondió que hay un “error jurídico” del Gobierno, ya que “el decreto de enero (70/23) fue modificado por el 366/23 (de marzo) y estableció que en forma previa a su vigencia se debe realizar una audiencia pública, que ya se realizó. De esta manera, y con los informes técnicos de los participantes, entendemos que el Poder Ejecutivo debe decidir si ratifica o no el acuerdo transaccional”.
En tanto, la respuesta del Gobierno es que el decreto 366 “no es de Edemsa, sino de Edeste, que todavía no firma; pero se olvidan que en febrero hubo una primera audiencia pública, previa a ese decreto, que se firmó en marzo”.
Pedido por el futuro gobernador electo
Volviendo al comunicado del Grupo Olascoaga, insistieron en que este tema “no debe ser resuelto por un gobernador al que le quedan 3 meses de mandato, por lo que pedimos que esto sea solucionado por el nuevo Gobernador que elijan los mendocinos en un par de semanas”.
Por otro lado, sostuvieron que es probable que el incremento tarifario de Mendoza, por estar inmersos en el contexto electoral, será “disimulado” a través de una aplicación escalonada; pero adelantaron que “el exagerado aumento recaerá irremediablemente en el bolsillo de las familias, pequeñas y medianas empresas, usuarios de riego agrícola, cooperativas de agua potable y otros usuarios, afectando para los próximos años nuestra competitividad”
“Es momento de ser responsables, y como la suscripción de estos convenios tiene implicancia directa en los bolsillos de todos los mendocinos, deben ser ratificados por el próximo mandatario”, opinaron.
“Beneficios” para Edemsa
Por otro lado, marcaron que “los términos económicos son desproporcionados a favor de las Distribuidoras, en particular para Edemsa; porque no se han valuado beneficios concedidos a dicha distribuidora, entre los que están; la prórroga de la concesión, la aplicación de las utilidades de las acciones del Estado Provincial para inversiones en Edemsa y la disminución del canon de concesión contrariando lo establecido en la Ley”, entre otros.
Con respecto a la disminución del canon de concesión, indicó Lafalla que “la Ley 6.498 dispone que no puede ser menor al 6% del total de la facturación (VAD más Costo de Abastecimiento); por lo que la pretendida disminución del canon de las distribuidoras del 10% al 6% del Valor Agregado de Distribución (VAD) contraría lo dispuesto por la Ley”.
Además, expresó que Secretaría de Servicios Públicos “valuó cinco de los beneficios concedidos a Edemsa en U$S 250 millones, aunque dos de ellos fueron calculados a julio de 2022, un 40% menos que lo que hubiera correspondido, porque el reclamo de la distribuidora fue actualizado al 31/12/22. Si esta subvaluación no se modifica, el perjuicio para la Provincia de Mendoza sería U$S 48 millones”.
También sostuvo que “aparentementee van a pretender darle validez al decreto 70/23 de Enero en donde se ratificaba los acuerdos sin haber hecho las audiencias públicas respectivas respectivas, las que después de planteos hicieron, por lo que deberían emitir nuevo decreto”.
Y marcaron: “Mientras transita el proceso de ley para la ratificación de estos Acuerdos, el representante del Gobierno de Mendoza, votó favorablemente la ampliación de objeto social de Edemsa para realizar otras actividades en Mendoza, otras Provincias y el exterior. ¿No es esto un beneficio? ¿Se realizó valuación?”, se preguntaron.
Los puntos principales del acuerdo según el decreto 70/23
- La Provincia, en el marco del artículo 9 de la Ley 7543, otorga 20 años más de concesión a los 30 actuales; la Provincia se obliga a bajar el canon de concesión del 10% al 6% de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 20 inc. I) de la ley 6497
- La Distribuidora desiste y renuncia a todo reclamo iniciado y/o por iniciar por ingresos no percibidos desde el inicio de la concesión hasta el 31 de diciembre de 2022 inclusive
- La Distribuidora se compromete a entregar a la Provincia la renuncia a todo reclamo administrativo, judicial o de cualquier índole tanto contra el Poder Concedente como con el EPRE de los accionistas clase A de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza Sociedad Anónima (E.D.E.M.S.A.)
- La Distribuidora se obliga a ejecutar en tiempo y forma el Plan de Obras que se establece como Anexo I (por un monto total de 17.000 millones de pesos, a realizarse en el período de 10 años) y el Poder Concedente se compromete a incluir en la determinación de los cuadros tarifarios futuros los costos del referido plan, debiendo el mismo ser ajustado en los sucesivos ajustes tarifarios
- Los accionistas de SODEMSA, titular del 51% de las acciones de E.D.E.M.S.A., como así también los titulares de las participaciones societarias de los accionistas de SODEMSA desisten y renuncian a todo reclamo iniciado y/o por iniciar por ingresos no percibidos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
