El uso de celulares en las unidades penitenciarias de Mendoza dejará de estar permitido, con algunas excepciones. El juez Sebastián Sarmiento resolvió no prorrogar una autorización para que las personas privadas de la libertad tuvieran equipos en las celdas para comunicarse con su familia. El Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso cuestionando las condiciones para que se haga el retiro de dispositivos.
La excepción a la ley la había dado el magistrado en marzo del 2020 por la pandemia y las restricciones a las visitas se recibían en las cárceles. Tras un reglamento y una prórroga, Sarmiento debía decidir si continuaba o no manteniendo esa excepción.
En la audiencia en la que escuchó a varios actores involucrados. El Ministerio Público Fiscal, el Servicio Penitenciario, la Defensoría Pública, al Procurador de las Personas Privadas de la Libertad, a la Dirección de Derechos Humanos y acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia y la Asociación Civil Verdad y Justicia expusieron sus posturas.
Sarmiento finalmente decidió no prorrogar la autorización a que las personas privadas de la libertad tuvieran celulares para garantizar la comunicación oral y escrita, según establece la ley 8465 en el artículo 172. Y a partir del cual la asociación civil Xumec había pedido el uso de los teléfonos, solicitud que el magistrado convalidó.
En las pautas que dispuso, cuestionadas legalmente por el Ministerio Público Fiscal, están claras las excepciones y cómo será el retiro de los equipos. Casi 700 celulares por mes vía notificación previa y con la garantía de la comunicación para las personas privadas de la libertad insumirán unos seis meses de procedimiento que se irá verificando para su cumplimiento y de esa manera retirar casi 4000 teléfonos.
La postura del organismo que conduce Alejandro Gullé es que no haya celulares en las cárceles porque, sostienen, se utilizan no sólo para comunicarse con su familia, sino también con fines delictivos.
“Queremos que se aplique la ley que prohíbe el uso de celulares, ya terminó la pandemia”, despotricaban en el Polo Judicial. Ese mensaje lo transmitió el jefe de Fiscales de Homicidios, Fernando Guzzo en la audiencia ante Sarmiento.
Hay hermetismo sobre los detalles del recurso presentado, pero según pudo saber Los Andes, el cuestionamiento es sobre el cuarto punto de las disposiciones del juez. “Sólo podrá disponer el retiro de los equipos telefónicos celulares, en los sectores de alojamiento, donde se encuentre instalado y en condiciones operativas un sistema de Telefonía pública en los términos del art. 2° de la resolución 1122/98 (Reglamento de Telefonía Pública), debiendo garantizar al menos un equipo por cada pabellón, ala, o sector de cada establecimiento carcelario”, dice textualmente.
En el Ministerio Público entienden que se ha condicionado el retiro de los equipos a la instalación del sistema telefónico cuando la comunicación oral ya está garantizada por las visitas que reciben las personas privadas de la libertad. Es decir, contar con teléfonos por cada pabellón va por otro carril en lo que respecta al uso de celulares.
El primer punto de la resolución hace referencia a las visitas: “Se debe fijar una periodicidad del régimen de visitas de familiares y allegados en los establecimientos penales, con una frecuencia semanal, como mínimo”. Y en el Polo Judicial ya venían advirtiendo que este régimen se había normalizado en gran medida, por lo tanto, discuten el condicionamiento sobre los teléfonos que deben volver a instalarse en cada pabellón.
Sarmiento no será parte en esta instancia pero sí lo serán colegas que estén trabajando durante la feria y sean sorteados para esta ocasión. Del resultado dependerán los pasos a seguir por parte del Ministerio Público Fiscal.
Hasta el momento, el recurso que había presentando el órgano judicial era el único que cuestionaba la decisión del magistrado. El plazo para los recursos vence el lunes, por lo que podrían agregarse más planteos.
Al estar cuestionada formalmente la resolución, no se ejecutará. Habrá certezas cuando se tramite el recurso de apelación. Tampoco está claro qué normativa está vigente con respecto al uso de celulares. “Eso se va resolver en el momento de analizar la procedencia del recurso”, indicó Sarmiento.
Apoyo oficialista
Mercedes Rus, ministra de Seguridad, indicó a Los Andes que comparte el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal. Si bien el Servicio Penitenciario está bajo su órbita, no son parte del expediente, por lo tanto no pueden apelar, según aclararon a este medio.
Sarmiento había dispuesto “la finalización para la utilización de telefonía móvil de las personas privadas de libertad en los contextos carcelarios de la provincia de Mendoza”, en el primer punto de la resolución. Para Rus, eso implica “volver a lo que dice la ley, a lo que dice el artículo 174, a lo que dice el artículo 175, en tanto prohíbe el uso de telefonía móvil”.
“Creemos que es objeto de agravio de apelación el punto 4 d) en tanto desvirtúa el punto 1, condicionando la quita de celulares a cuestiones que no existían antes de la pandemia ni se exigen en la ley”, expresó la funcionaria.
La ministra de Seguridad interpreta que ese regreso al tiempo anterior de la pandemia debe hacerse “sin condicionar la quita de celulares a que hayan teléfonos públicos. Y además porque el juez no puede legislar, no puede poner más condicionamientos al artículo 175 o a la ley de Ejecución Penal que ya tiene”.
“Entendemos que la prohibición de celulares para los internos es exigencia legal que no puede condicionar ni modificar un juez, sólo la Legislatura”, agregó Rus.
Uno que se oponía va a la Legislatura
“Desde la Procuración de las Personas Privadas de Libertad no pensamos recurrir la decisión del juez porque también entendemos que está ajustada a la ley vigente de Ejecución de la pena de Mendoza”, indicó Luis Romera a Los Andes.
El procurador asegura que la decisión del juez “ha tenido perspectiva de género en uno de sus aspectos que sí concedió a lo peticionado y creemos que la discusión de fondo es la reforma del artículo que prohíbe el uso de celulares. Vamos a trabajar en una estrategia en ese sentido para tratar de que se dé ese debate en la Legislatura”, dijo en referencia al artículo 98 del Código de Ejecución de la pena privativa de la libertad de la Provincia de Mendoza.
