Luego de que siete funcionarios del Gobierno Nacional fueran convocados por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para la defensa y explicación el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que impulsó Javier Milei para la desregulación de la economía, este jueves trascendió que ninguno de los citados asistirá mañana al Congreso.
Así lo pudo constatar Noticias Argentinas con diversas fuentes del Ejecutivo. Entre las caras más importantes del oficialismo que deberían pisar el Palacio Legislativo mañana se encuentran el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Esta convocatoria fue motorizada días atrás por los senadores Víctor Zimmermann (UCR) y Carlos “Camau” Espínola (UF) y el diputado Francisco Monti (UCR). A su vez, el kirchnerismo intentó incluir en la nómina a Federico Sturzenegger, el artífice del DNU.
Fue a través del senador Oscar Parrilli, pero sin éxito.
Además de Posse y Caputo, también deberían presentarse el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Guibert; de Agricultura, Fernando Vilella; de Trabajo, Omar Yasin; de Salud, Mario Russo; y a Mariano de los Heros, recientemente oficializado en Anses.
La maniobra de la UCR y el PRO
Un grupo de diputados y senadores alineados abiertamente al oficialismo presentaron este martes un pedido para que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de estudiar y dictaminar sobre el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, trate los más de 100 DNU que aún están pendientes de análisis.
La maniobra fue accionada por el diputado Hernán Lombardi (PRO), acompañado por los senadores Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Luis Juez (PRO) y Zimmermann (UCR) y Monti (UCR).
En el escrito, los integrantes de la Bicameral, que está compuesta por 8 senadores y 8 diputados, le pidieron al presidente de la Comisión, el libertario y riojano, Juan Carlos Pagotto, analizar los más de 100 DNU “que se encuentran pendientes de tratamiento”.
Además, hacen hincapié en que sean tratados en “forma cronológica” por la comisión y “se suministre a los integrantes el listado de decretos pendientes de tratamiento”. “Es irregular que se acumulen sin resolución ni tratamiento”, dice el documento.
Si bien sostienen el pedido sosteniendo que es para “reorganizar el funcionamiento institucional que el Gobierno anterior dejó abandonado”, se trata de un maniobra para intentar blindar a la vicepresidente y titular del Senado, Victoria Villarruel.
Villarruel ya recibió reiterados pedidos por parte del bloque de Unión por la Patria (UP) y bloques federales para que el decreto que dictó el presidente Javier Milei, en diciembre pasado, sea discutido en el recinto de la Cámara baja.
La abogada y ex diputada cajoneó y dilató los pedidos para ganar tiempo a que se conformara la Bicameral, hecho que ocurrió hace casi tres semanas. Sin embargo, eso no despejó la posibilidad de que el decretazo, que desregula la economía y desburocratiza el Estado, pueda ser tratado.
Este fuerte respaldo del PRO, y más llamativo, de la UCR, se da a pocas horas de que los gobernadores se reúnan con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la Casa de Gobierno, para allanar el camino hacia el Pacto de Mayo.
