La oposición dialoguista le allana el camino a la “ley bases” en la Cámara de Diputados. A pesar de algunos reparos sobre la propuesta que remitió el Poder Ejecutivo este martes por la noche, en la UCR y Hacemos Coalición Federal afirman que, esta vez, el proyecto tiene más posibilidades de ser aprobado, aunque apareció una traba inesperada por una interna entre los propios libertarios.
La nueva versión de la “ley ómnibus”, que tiene 279 artículos, llegó con algunos cambios que habían solicitado desde el radicalismo y el bloque de Miguel Pichetto, aunque todavía hay dudas en torno a las privatizaciones, las facultades delegadas y la supresión de fondos fiduciarios, entre los puntos mirados con lupa por los legisladores.
“Antes lo que querían era exponer a los diputados que votaran en contra. Ahora necesitan la ley”, dijo a este medio un importante diputado de la UCR, marcando la diferencia con el tratamiento fallido durante el verano. El bloque encabezado por Rodrigo De Loredo tenía previsto reunirse a última hora de este miércoles para analizar el borrador.
El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, le pidió a los radicales que fueron el lunes a la Casa Rosada que hagan un punteo de sus votos a favor para no encontrarse con “sorpresas” el día de la votación, sobre todo en el articulado. Las dudas recaen sobre unos nueve diputados que no acatan la conducción de De Loredo y se referencian en Facundo Manes.
En el bloque Hacemos (que tendrá su reunión el lunes) hay una voluntad mayoritaria de votar a favor, con la excepción del socialismo y la cordobesa Natalia De la Sota. “En general vamos a acompañar, no veo dificultad para sacar la ley. Hay una necesidad de salirse del foco de que todos los males son culpa nuestra”, afirmó un integrante de ese bloque.
Reparos
La “ley bases bis” declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, y en ese marco delega una serie de facultades a Javier Milei. En ese sentido, el Ejecutivo modificó a pedido de la oposición uno de los artículos más polémicos, el 71 (ahora 70), que habilita al presidente a modificar y derogar más normas para desregular la economía. “Lo retocaron, pero sigue siendo una facultad muy amplia”, evaluaron en la UCR.
Asimismo, se habilita al Ejecutivo a “modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”, un tema caliente que Milei vincula a la caída del proyecto original en febrero. A propuesta de la UCR, se respetarán las asignaciones específicas que tengan esos fondos, aunque ahora también piden agregar un apartado para blindar algunos de ellos, como el destinado a combatir la trata de personas.
El capítulo laboral será incorporado en el dictamen final por la oposición colaborativa, que por estos días intenta consensuar un texto común donde se contemplarán varios puntos del “mega” DNU 70/23 que están frenados en la Justicia.
Las privatizaciones quedaron divididas en dos anexos diferentes. En uno figuran cuatro empresas sujetas a privatización total (como Aerolíneas Argentinas) y otras cinco sujetas a privatización o concesión (el caso de AySA). El segundo anexo contempla nueve privatizaciones parciales, con control mayoritario estatal. En este grupo entra el Banco Nación, pero los votos en este caso no están asegurados.
Por otra parte, el texto contiene capítulos dedicados a la defensa de la competencia, el régimen de hidrocarburos y otro de “incentivo para grandes inversiones” (RIGI) con el que el Gobierno busca captar el apoyo de gobernadores y potenciar sectores importantes de la economía, aunque las economías regionales quedarían afuera.
Casi al final del proyecto, sorprendió un artículo (el 274) por el cual se deroga la moratoria previsional sancionada en 2023 durante la gestión de Alberto Fernández. Con esta medida, millones de personas que no tienen 30 años de aportes no podrán jubilarse y solo podrán acceder a la PUAM, equivalente al 80% del haber mínimo.
Interna
A pocas horas del envío de la “ley bases” estalló una pelea inesperada en La Libertad Avanza. Sucedió en el marco de la Comisión de Juicio Político, por donde el año pasado transitaron las acusaciones contra la Corte Suprema de Justicia a instancias del kirchnerismo.
Menem había convocado a una reunión para este miércoles con el fin de designar autoridades y estaba todo dado para que asumiera la presidencia la oficialista Marcela Pagano, pero minutos antes del inicio el mismo titular de la Cámara suspendió el encuentro y se especula con un veto a la periodista por parte de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
A pesar de la marcha atrás de Menem, la reunión se llevó a cabo y Pagano fue avalada por unanimidad por impulso del jefe del bloque, Oscar Zago, quien mantiene un enfrentamiento a cielo abierto con el riojano y ahora quedó en la cuerda floja. “Si quieren que deje la presidencia del bloque, lo hago”, dijo. El oficialismo tenía previsto reunirse en horas de la noche para saldar la discusión.
En la oposición no salían de su asombro ante el episodio y hasta había temor por un posible impacto en el debate de la “ley bases”. “¿Cómo van a ir a dirimir una interna así con la debilidad parlamentaria que tienen? A esas cosas le tenemos miedo en el manejo de la ley. Si no es por eso, la ley está garantizada”, dijo a este medio un experimentado legislador.
