Las negociaciones salariales entre el Gobierno provincial y los gremios estatales empiezan a dejar de ser un dolor de cabeza. Las ofertas mejoradas y dadas a conocer el lunes pasado ya tuvieron su primera firma que vino desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), al igual que el año pasado.
En tanto el sindicato docente, con la nueva conducción kirchnerista, aceptó la propuesta pero condicionan la rúbrica del acuerdo al bono remunerativo que está enganchado al presentismo: pretenden que no se descuente si faltan. Si habrá decreto o no, es un misterio. Ampros vota el lunes, pero no habría objeciones.
En el Gobierno provincial hay clima de haber cumplido con un buen acuerdo con los agentes estatales. Destacan que las reuniones paritarias si bien han sido muy extensas, ha predominado la cordialidad.
“Consideramos que es un muy buen acuerdo y esperamos que el resto de los gremios también lo acepten”, expresó la subsecretaria de Modernización y Gestión Pública, Beatriz Martínez, luego de las primeras firmas.
En el entorno del gobernador, Rodolfo Suárez, celebraban ayer al mediodía: “Ya está ATE y el SUTE casi”, resumían con alivio.
Con la firma de ayer, el oficialismo ya se aseguró que ATE no haga medidas de fuerza este año. Hay que decir que en el mundillo gremial no es una sorpresa porque no son pocos los que miran a Roberto Macho como un aliado del Gobierno provincial.
Más aun después de que protagonizara un video en donde explica las bondades del bono aclarando que si la suma es remunerativa, es decir que está sujeta a descuentos, “es parte integrante del salario”. Incluso criticó a quienes pretenden desdibujarlo y llamarlo “ítem aula”.
“Esto ha sido producto del intenso trabajo llevado adelante en las mesas técnicas sectoriales, en las cuales priorizamos el diálogo y la búsqueda de consensos acorde a lo solicitado por nuestro Gobernador. Con esta propuesta integral acercamos a los agentes estatales la mejor remuneración que puede darles el Gobierno provincial”, sumó Martínez.
Desde otro gremio hubo respuesta a la oferta y fue el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE). La nueva conducción, emparentada con el kirchnerismo, avisaba que los reclamos no serían como durante la conducción de Sebastián Henríquez, cercano al Frente de Izquierda y los Trabajadores.
La convocatoria a paritarias arrancó días antes del inicio de clases y el Ejecutivo evitó, con un cierto guiño del sindicato que militaba un paro para más adelante, un arranque el 21 de febrero con personal docente y no docente en las aulas. Es decir, sin paro.
El plenario provincial, dos días antes, había resuelto no hacer uso de una medida de fuerza que desde la implementación del ítem aula viene complicando la ausencia docente por el fuerte impacto que tiene en el bolsillo de trabajadores y trabajadoras de la educación.
“Empaticemos con los compañeros y compañeras, que dicen que no pueden parar porque les cuesta $ 5.700 que necesitan para pagar el alquiler”, había dicho en ese momento el secretario gremial, Gustavo Correa, cerrando la lista de oradores.
Un sinfín de protestas en el calendario vendimial no cayeron para nada bien en el Gobierno provincial en medio de las negociaciones. No obstante, este lunes ofertaron mejoras en la hoja inicial para todos los gremios. La discusión en un nuevo plenario provincial obtuvo el apoyo de 10 departamentos para avanzar en el tema pero condicionando la firma del acuerdo a que se revea el bono remunerativo que se liquidará de igual manera que el adicional por presentismo.
El lunes volverán a verse las caras la conducción encabezada por Carina Sedano y el Gobierno provincial, con Beatriz Martínez, quien está en la órbita del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, al frente de las negociaciones.
“Si lo siguen condicionando (al bono con el presentismo) vamos a volver a bajarlo a las escuelas, y si es rechazo, es rechazo”, avisó Carina Senado, titular del SUTE en diálogo con Los Andes. El gremio tiene el mandato de rechazar allí mismo la propuesta si no hay cambios, como también podría volver a debatir en las escuelas.
El fantasma del decreto provincial sobrevuela sobre todo por el último antecedente, el de 2021, y algunos de la era de Alfredo Cornejo.
“Nosotros no queremos el decreto, queremos seguir debatiendo la paritaria”, indicó la sindicalista. Y aclaró: “No estamos cerrando el diálogo ni la paritaria. Si el Gobierno no lo quiere rever, no somos nosotros los que no queremos debatir”.
De alguna manera, el sindicato docente abre el paraguas y quiere evitar el rol protagónico de un supuesto decreto del que, hasta el momento, no hay indicios. Y que recaiga el peso sobre el Gobierno provincial.
Por otra parte, hay voces que deslizan la intención gremial de acordar. De esa manera, percibirá la cuota solidaria que se les cobra, por única vez, a los docentes y no docentes que no están afiliados al sindicato por el acuerdo paritario. El porcentaje varía entre el 1,5% y el 3% del sueldo bruto.
En 2020 no hubo aumento y en 2021 fue por decreto, es decir que hace tres años que ese dinero no ingresa a la caja del sindicato. Aunque antes de 2019, durante la gestión de Cornejo, se aplicaron aumentos por decreto y ese aporte tampoco ingresó.
Sedano indicó que no tiene números finos sobre a cuántas personas alcanzaría, ya que “se desafilió mucha gente con la conducción anterior y han ingresado muchas afiliaciones en este tiempo”. No obstante, fue tajante al decir que “no nos desvive tener el aporte no solidario, nos interesa garantizar derechos, la voz de las escuelas y volver a construir un sindicato fuerte que vuelva a representarlos”.
En Ampros hay dudas
La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) tuvo ayer una asamblea interhospitalaria en el Hospital Notti que fue sólo de índole informativa y de la que participaron unas 100 personas. El clima que se percibió fue de mucho enojo, algo que se notó en las redes sociales, pero la respuesta concreta se conocerá el lunes cuando se plebiscite.
“Esperamos a todos los profesionales de la salud. Sea cual sea el resultado de la votación, en el marco de la negociación, jamás aceptaremos montos que no les van a repercutir en su básico o en adicionales remunerativos y bonificables”, indicó Claudia Iturbe, la titular del gremio.
El caso del sindicato de la salud es diferente porque la oferta negociada no contempla el bono remunerativo ya que hay otros ítems que absorben aumentos remunerativos. Sin embargo, hay incertidumbre por el resultado del lunes teniendo en cuenta que es difícil saber si el enojo manifiesto es representativo de la mayoría de quienes votan por el sí o por el no a la propuesta del Gobierno provincial.
Desde las 7 y hasta la 15 habrá votaciones en más de 30 efectores distribuidos en el Gran Mendoza, Valle de Uco y el Sur provincial. La masa de votantes, entre los que se encuentran residentes y prestadores, se estipula en unas 9.000 personas, en donde no todos están afiliados pero tienen voto.
La evolución de la oferta
La semana de paritarias arrancó con una oferta mejorada del Gobierno provincial, con respecto a la primera propuesta oficializada en febrero que recibió el rechazo unánime de los gremios estatales. En ese momento, la propuesta que abarcaba hasta el 31 de diciembre de 2022 contemplaba un incremento sobre la asignación de clase / básico de revista vigente al 31 de diciembre del 2021 del 40% a pagar en seis tramos. Además, se agregaba una suma anual fija, no remunerativa y no bonificable, de $115.600 pagadera en doce cuotas mensuales y consecutivas.
Tras la negativa y el desarrollo de reuniones técnicas casi en simultáneo con la Vendimia, en la que no faltaron manifestaciones en los actos oficiales, arrancó la segunda ronda con un panorama distinto.
Si bien se mantuvo el 40% de aumento, se modificaron los porcentajes del primer semestre para que la suba acumulada sea del 20%; mientras que en la propuesta anterior, era del 16%. En la distribución de incrementos, habrá una suba del 12% en marzo, un 4% en abril y un 4% en junio. El resto de los aumentos del segundo semestre serán de un 5% para los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre.
El otro cambio en la propuesta tiene que ver con la posible reapertura de la paritaria en función del contexto inflacionario. En una primera instancia iba a ser en noviembre, pero se adelanta a setiembre. En el Ejecutivo señalaron que es un acercamiento con los gremios, teniendo en cuenta que ellos proponían dos mesas revisoras: una en el primer semestre y la otra a fin de año.
El punto de la discordia fue el bono, que al igual que en 2021 se presentó como no remunerativo y no bonificable y condicionaba su cobro al presentismo. La suma prevista de $115.600 se pagaría según el siguiente cronograma: enero, febrero y marzo, $7.200; abril y mayo, $9.000; junio, julio y agosto, $10.000; septiembre y octubre, $11.000; noviembre y diciembre, $12.000.
A partir de marzo este adicional iba a ser abonado a cada agente en la misma proporción que el ítem presentismo. En ese momento, Roberto Macho quien lidera la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), había cuestionado esta modalidad al decir que “si la quieren atar al presentismo tenemos el derecho de que estén en blanco”.
En el gremio docente no tardaron en vincularlo a “otro ítem aula”.
En la última oferta presentada por el Gobierno, la suma se blanquea pero se reduce a $ 86.400, también a pagar en 12 cuotas de $ 7.200 fijos desde marzo, sin variaciones como el anterior. De esta manera, de aceptarse como ya lo hizo ATE, incide en el Sueldo Anual Complementario (no así en la antigüedad, por ejemplo) y “se liquidará del mismo modo que el Adicional Presentismo”, según consta en las actas de la reunión de principios de esta semana.
Macho, que ayer a la mañana ya firmó el acuerdo salarial y nuevamente ATE es el primer gremio en asegurarse el incremento salarial, aclaró las condiciones del cobro de este bono. “Cuando tenés el bono que dio el Gobierno y es no remunerativo y no bonificable, es en negro. Lo que ha establecido ATE es el blanqueo de esos $ 7.200, que con los descuentos de ley, aproximadamente van a quedar $5400″, explicó en un video que se difunde por WhatsApp y redes sociales entre los afiliados a su gremio.
