La rápida jura de María Teresa Day como ministra de la Suprema Corte generó mucho malestar en la oposición, principalmente en el peronismo, que salió con los tapones de punta a calificar el hecho como “un atropello institucional”.
Las voces enardecidas se hicieron oír apenas comenzaron a circular las imágenes del gobernador Rodolfo Suárez y de la flamante “suprema” en el acto de juramento. Claro que el enojo sucede en medio de una batalla judicial entre oficialismo y oposición por la certeza o no sobre si Day cumple con los requisitos para desempeñar el cargo.
“Es un atropello institucional el avanzar con esta designación, cuando existen tantas dudas respecto al cumplimiento de requisitos básicos para proceder. Se está poniendo en peligro, no solo los mecanismos institucionales para la elección de jueces, sino también toda la seguridad jurídica de la provincia. La rápida jura fue para evitar la resolución de la medida cautelar, sino ¿para qué hacerlo tan rápido?”, sostuvo Guillermo Carmona, presidente del Partido Justicialista.
“Es de gravedad y autoritarismo institucional lo que pasó y es un futuro incierto para Mendoza. Ya pasaron todos los límites y esto no termina bien. Ya saldrán las nulidades del caso, se están dando los requisitos para una intervención del Poder Judicial de Mendoza”, manifestó Marcelo Romano, senador por Protectora, quien avisó que están estudiando posibilidades para continuar con el litigio judicial.
Desde el Gobierno les contestó el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez: “Lo de la oposición es algo contrario a la institucionalidad de la provincia, es decir, cuestionar e interponer acciones judiciales en un proceso que históricamente en Mendoza ha sucedido esto. Ausentarse del recinto cuando hay que prestar acuerdo, aun cuando sea para votar por el no, son todos aspectos que empañan la institucionalidad de la provincia.
La batalla judicial que viene
La cautelar que presentó la oposición contra Day quedó sin efecto porque ya no hay ningún acto que suspender, sea la votación o la jura, que ya sucedieron. En cambio, el otro reclamo judicial, la Declaración de Certeza, ingresa en una etapa procesal que puede demorarse “si el Gobierno va a seguir litigando, si va a meter recursos”, explicó una fuente del 4° piso de Tribunales, para quien a la oposición le queda “pedir la nulidad de la designación y hasta hacer una denuncia penal al Gobernador por hacer designaciones de funcionarios sin las condiciones” requeridas.
Desde el peronismo no dieron pistas ayer sobre qué estrategia seguirán contra Day, aunque sí remarcaron que darán batalla en la Justicia,
Para el Fiscal de Estado Fernando Simón, en tanto, “hay cuestiones donde la Corte no puede entrometerse, como es la proposición del gobernador y todo el procedimiento hasta el acuerdo del Senado. Ahora, el cumplimiento de los requisitos que establece la constitución sí son revisables por la Corte”.
En su opinión, “hay incertidumbre en este punto, la constitución tiene 100 años y no es del todo claro cómo se computan los años de ejercicio”.
“No hay una interpretación que de claridad en el tema, tomando a reconocidos constitucionalistas, no se puede decir claramente que cumple ni tampoco que no cumple. No hay fallos previos sobre el tema, no hay consenso en la doctrina ni es clara la cláusula. Y es la Corte la que debe resolverlo. Sería la primera vez que se interpreta, si se expiden”, sostuvo.
