El jueves, el Senado de la Nación -con mayoría kirchnerista- aprobó los pliegos de 28 candidatos propuestos por el presidente Alberto Fernández para cubrir vacantes en la Justicia Federal. Entre ellos cuatro en Mendoza que había intentado designar el ex mandatario Mauricio Macri pero no pudo avanzar.
Ahora, con el cambio de color político y un marcado acento en la agenda judicial, esas vacantes fueron llenadas. El nombre más resonante de la lista en nuestra provincia es el de Pablo Salinas, quien será juez federal del Tribunal Oral en lo Criminal Nº2. Junto a él se suman al fuero Pablo Quirós (juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2) y Susana Pravata (jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 4), mientras que Alejo Amuchástegui será defensor público oficial ante los tribunales orales en lo Criminal Federal.
En esta entrevista con Los Andes, Salinas -reconocido abogado vinculado a la causa de los Derechos Humanos- habló sobre la actual situación de la Justicia Federal de Mendoza y sobre las tensiones entre la política y la justicia que ha generado el actual gobierno nacional, lo que incluye la polémica Reforma Judicial que impulsa.
-¿Qué significa en su carrera llegar a este cargo?
-La verdad estoy muy contento. Hice toda la escuela de formación para aspirante a magistrado del Consejo a la Magistratura -que lleva 3 años-, soy doctor en derecho, magíster y ejercí la profesión durante años. Además, había quedado primero en el orden de mérito y es importante que se designe al que tiene mejor puntaje. Siento orgullo porque la Justicia está integrada por jueces que han ganado concursos y que han sido designados democráticamente, a los cuales conozco y confío en su honestidad, capacidad jurídica y técnica. También creo que es importante privilegiar el mérito y el trabajo en equipos e ir a una mejor relación con la sociedad, pensando que la Justicia es un servicio que debe mejorar y que la sociedad ha tenido razón en quejarse y criticar.
-Habla de mérito: ¿se refiere a las postulaciones que realizó el Gobierno anterior?
-El mérito lo digo en general. Es bueno que cualquier Presidente remita el pliego del que está primero, no me refiero ni a (Mauricio) Macri ni a (Alberto) Fernández, sino en general. Con respecto al cargo que ocuparé, se concursó el cargo, gané y quedé primero. Y Macri envió a quien estaba noveno en el orden de mérito y tercero en la terna (el fiscal de Instrucción Gustavo Fehlmann). Luego ese pliego fue retirado y el Presidente envió el mío. Pero no voy a referirme a eso, entiendo que es una facultad presidencial y el Presidente eligió el mío.
-Tuvo 40 votos positivos, pero abstenciones de Cobos y Verasay.
-Estoy contento porque tuve 40 votos positivos y me parece que la abstención de Julio y Pamela no pasó por los candidatos, sino por otros factores. Pero les agradezco su abstención, porque no votaron en contra. Los legisladores de Mendoza votaron a favor o se abstuvieron, no hubo votos de censura. También marco como positivo que no tuve impugnaciones, sino 134 adhesiones de organizaciones de la sociedad civil.
-¿Qué otro factor cree que incidió en esas abstenciones?
Es que estaba la otra discusión, sobre traslados de jueces (Zunina Niremperger, del Juzgado Federal de Resistencia, Chaco; y Verónica Skanata, del Juzgado Federal de Posadas, Misiones). Los temas estaban mezclados y no tenían que ver sólo con las designaciones.
-¿Cómo evalúa la situación actual de la Justicia Federal de Mendoza?
- A partir de la destitución de los jueces (Otilio) Romano y (Luis) Miret, los que ingresaron fueron a través de concursos, por lo que creo que es una justicia prestigiosa y la falencia se puede atribuir a la falta de designación de magistrados, que venía produciendo problemas. Ahora la Justicia Federal va a funcionar mejor. Hay que trabajar e ir directo hacia los juicios orales. Tenemos muchas causas que esperan debates.
-¿Cuáles son?
-Las mayores son causas de estupefacientes, un 70%; mientras que hay un 20% de delitos contra la fe pública y un 10% de violación de la ley Penal Tributaria y contrabando. Mendoza es una provincia de tránsito y frontera. Hay que avanzar en la lucha contra la droga, contrabando, corrupción. Es importante el cumplimiento de la ley, el fortalecimiento de la Justicia Federal y las nuevas designaciones ayudarán en ese camino.
-¿Qué tan importante era aprobar estos pliegos?
-Es fundamental porque la Justicia Federal tiene menos cargos que la provincial. Ante una menor cantidad de integrantes, sumado a la lentitud y a no cubrir las vacantes, generó una situación que no era beneficiosa para la ciudadanía. La justicia lenta no es justicia.
-¿Cuál es su opinión sobre la Reforma Judicial?
-Como todavía no ha sido aprobada y puede ser materia de pronunciamientos, prefiero no emitir opiniones porque no quiero adelantar qué pienso.
-Hay magistrados que sostienen que no ayuda al nuevo Código Procesal Penal (CCP) porque se nombran muchos jueces y no tantos fiscales y defensores.
-De la Reforma no voy a opinar, pero sí de la implementación del nuevo CCP, que es muy bueno y salió fruto de la participación del kirchnerismo y el macrismo. En las cosas que nos ponemos de acuerdo los argentinos, se generan herramientas para acercar la justicia a la sociedad.
-¿Cómo evalúa el conflicto actual entre el Gobierno y la Corte a raíz del traslado de jueces?
-Con los tres poderes de un sistema democrático, cada sociedad tendrá distintas posiciones sobre las decisiones que se realizan en cada uno de ellos. Yo creo en la independencia de la justicia, voy a trabajar para eso y me parece que el sistema democrático requiere la independencia de la justicia del poder político. La Justicia debe ser independiente y estar despolitizada. Mi compromiso es esforzarme para llevar adelante el valor del lenguaje sencillo, transparencia, velocidad, cercanía, rapidez de la justicia y de la independencia y despolitización del poder judicial.
-¿Cree que está despolitizada la Justicia hoy?
-Creo que la Justicia Federal ha tenido notables avances, en especial en Mendoza, al haber logrado por métodos democráticos la destitución de los jueces de la dictadura y que asumieran jueces de la democracia. Es un honor para mí integrarla y entiendo que tiene un gran componente de independencia judicial.
-Respecto al traslado de los jueces ¿hay una ofensiva del Gobierno nacional contra ellos?
-No conozco la situación específica de los jueces trasladados, sería irresponsable expresarme, no lo conozco con especificidad al tema para poder emitir opinión sobre los traslados. Entiendo que eso lo resolverá la Corte Suprema.
-Usted es un referente de DDHH, ¿qué opina sobre la constitucionalidad de las prisiones perpetuas?
-No puedo preopinar porque estaría adelantando mi postura. Cuando me toque resolver, voy a decir lo que tenga que decir a través de mi sentencia.
-¿Pero hay una puja entre “garantismo” y “mano dura”?
-No hay puja en ese sentido. No puedo emitir opinión, pero sí le digo que esta cuestión de garantismo y mano dura no existe, porque en Argentina hay una Constitución y todos estamos obligados a cumplirla. Es ella por la cual juramos y por eso no hay disputa. Puede haber visiones distintas y me parece loable en una sociedad democrática, pero no lo dividiría así.
-¿Cuáles deben ser los próximos objetivos en la Justicia Federal?
-El paso que falta para terminar de dar un impulso a la Justicia Federal es la implementación del Código Procesal Penal (CCP). Y creo que junto con la ley de víctimas (Derechos y Garantías de las personas víctimas de delitos) son las dos cosas que reconciliarán a la sociedad con la justicia. Me parece que también la Justicia Federal tiene que tener una ley de juicios por jurado como tiene Mendoza, ya que también ha ayudado que la gente comprenda cómo funciona la justicia y que se ponga en los zapatos del juez. Si no, se piensa que la Justicia es un poder oscuro donde no ocurren las cosas con transparencia. Cuando se habla en lenguaje sencillo, cuando se establece el sistema acusatorio y juicios por jurados, hay un acercamiento porque se reducen los tiempos, la gente es escuchada y todas las partes intervienen. Yo soy optimista para el futuro de la justicia.
Perfil
Edad: 48 años
Profesión: abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba y Magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Cuyo.
Trayectoria: es representante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales y es Conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones desde junio del 2014.
Fue coordinador de Derechos Humanos del ministerio de Gobierno durante la gestión de Celso Jaque.
Es autor de varios libros, todos relacionados a las violaciones de Derechos Humanos cometidas entre 1976 y hasta el regreso de la democracia, como “La Aplicación de la Tortura en Argentina. 1976 -1983”, “La Justicia Federal en el Banquillo de los Acusados”, “El Caso de las Penitenciarías de Mendoza” y “El delito de la Desaparición Forzada”.