La Oficina de Ética Pública dictaminó sobre la incompatibilidad de Maximiliano Rivera por los dos cargos que ocupa: médico y concejal en Lavalle. Deberá renunciar a uno de ellos y el edil peronista resignará la banca a la que accedió por el voto popular.
La decisión del Auditor, Gabriel Balsells Miró, se tomó luego de que el Tribunal de Cuentas examinara legajos de personal en un procedimiento de rigor realizado en la comuna que administra Edgardo González y diera aviso al órgano de control. El dictamen fue una demora considerable.
La situación tiene algunas particularidades, como la interna de Lavalle entre los peronistas que están con Edgardo González y los que se referencian con Roberto Righi. Al conocerse la movida del órgano de control, implosionó el bloque del PJ en el Honorable Concejo Deliberante lavallino.
La presidenta del cuerpo es Guadalupe Parés Martino, hija de Néstor Parés, el actual presidente del Tribunal de Cuentas que puso en duda las incompatibilidades de Rivera. Junto a Diego Sifuentes quedaron del lado del “edgardismo”. Gimena Masoero, Luis Mangione, Belén Quiroga y el mencionado Maximiliano Rivera armaron el bloque “Carlos Masoero” y emitieron un duro comunicado contra el actual intendente, quien quedó en minoría dentro del HCD.
Demorado dictamen
Los tiempos de la Oficina de Ética Pública se extendieron más de la cuenta. Las consultas de Los Andes sobre el expediente arrancaron el 25 de setiembre y en ese momento todo estaba bajo secreto de sumario. Por lo tanto, sólo se supo que se habían librado oficios al Ministerio de Salud y Deportes para que informara sobre la relación laboral del médico, y también al Concejo Deliberante. En síntesis: hace 6 años que cumple ambas funciones pero nunca se hizo un cuestionamiento formal.
“Está para notificar” fue la respuesta a este medio el 15 de octubre. No ocurrió y las consultas siguieron porque tampoco confirmaban si se levantaba el secreto de sumario y, al menos, se podía acceder a la información que Balsells Miró tenía sobre el concejal. El dictamen se conoció el viernes cerca del mediodía, dos semanas después de que estuviera listo para ser entregado a Rivera.
El grueso del análisis lo realizó Sebastián Giordano, Director de Investigaciones Administrativas y Asuntos Judiciales, hizo una recomendación que Gabriel Balsells Miró tomó para resolver que hay incompatibilidad de funciones.
El punto de partida es el Artículo 13 de la Constitución Provincial, el cual establece que: “Nadie podrá acumular dos o más empleos o funciones públicas rentados, aun cuando el uno fuera provincial y el otro nacional. En cuanto a los gratuitos, profesionales o técnicos, los de profesorado y comisiones eventuales, la ley determinará los que sean incompatibles”.
La mirada de Guillermo Cano en la Convención Constituyente de 1915, es resaltada en la decisión. “El fin de la norma no sólo es en cuanto a los cargos rentados, sino que tiende a una dedicación constante y permanente”. Cita otras normativas en las que se hace referencia a este principio, que no se acota a un régimen horario.
Se tiene en cuenta el “Régimen Especial de aplicación a los Profesionales Médicos dentro del ámbito exclusivo del arte de curar” en el que el artículo 71 dice: “Podrá desempeñarse más de un (1) cargo rentado en la administración pública provincial, municipal y obra social de empleados públicos, entes descentralizados, centralizados y/o autárquicos organismos nacionales y/o provinciales, cuando las necesidades de salud pública o la falta de profesionales de la salud lo justifiquen, previo evaluación ministerial, en cuyo caso las designaciones en más de un (1) cargo deberán hacerse, siempre y cuando no corresponda el adicional mayor dedicación previsto en el artículo 12 del Convenio Colectivo de Trabajo, y no exista incompatibilidad horaria”.
El dictamen subraya que “el profesional también ejerce funciones políticas, habiendo asumido como Concejal del Departamento de Lavalle, encontrándose por ello regulada su actividad principalmente en la Constitución Provincial (arts. 197/210) y en la Ley Orgánica de Municipalidades, la que en el capítulo 11 (arts. 57/92) determina las funciones del Cuerpo y por ende las tareas propias del Edil”.
Luego de enumerar la cantidad de responsabilidades, se concluye que “a esta altura cabe considerar igual que en los casos precedentes, máxime atendiendo al cúmulo de facultades, deberes y atribuciones que posee el Sr. Concejal, a la vez profesional de la medicina, que resulta muy difícil que pueda cumplir adecuada y simultáneamente ambas funciones públicas, sin alterar cuando menos sus horarios de trabajo y/o afectar la cantidad y/o calidad de dedicación a los mismos”.
“Y es que aún ante la existencia de grillas horarias milimétricamente confeccionadas, surge altamente dificultoso que por el devenir propio de la naturaleza de las altas funciones desempeñadas no se sobrepongan actividades y/o responsabilidades inherentes a ambos cargos públicos, sin acarrear una consecuente incompatibilidad horaria”, dice el punto 22 del texto.
Para Giordano el funcionario público se encuentra en situación de incompatibilidad funcional y horaria para el ejercicio de los cargos de Concejal del Departamento de Lavalle y como Profesional Médico del Sistema de Salud Estatal en forma simultánea. Lo mismo considera Balsells Miró que compartió el criterio, decidiendo que el concejal y médico deberá optar por uno de los dos cargos.
El Auditor resaltó que el régimen de excepciones vigente de carrera médica estatal está claro por demás, “y no pueden extenderse esas excepciones de los profesionales de la salud a los cargos electivos colegiados o jerárquicos de naturaleza política (Diputados, Concejales, Senadores o Ministros), máxime cuando estos cargos de función pública- política no admiten un régimen rígido de horarios para atender la compleja demanda ciudadana”.
El dictamen fue publicado en la página web de la Oficina de Ética Pública y enviado a las casillas oficiales del Honorable Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas de Mendoza y Ministerio de Salud.
Decisión tomada
Maximiliano Rivera se enteró por Los Andes sobre el dictamen que lo obliga a renunciar a uno de los cargos. “Lo veo realmente injusto porque realizo las dos labores y las llevo a cabo profesionalmente. Me da, realmente, muchísima pena”, dijo a este medio.
“El Concejo Deliberante, durante seis años, fue un consultorio externo al hospital donde se facilitaban muchísimos trámites que por ahí la burocracia hacía que se complicaran. Lo poquito que se podía contener no se va a poder contener más”, valoró.
Antes de ser emplazado formalmente, ya decidió que seguirá ejerciendo como médico. “Hoy la bancada del Partido Justicialista del bloque Carlos Masuero queda sin un concejal que activamente militó en territorio, como en comisión y sesión a favor del pueblo. Nunca, pero nunca a favor de mí mismo. Cada uno sabe qué hizo y qué no hizo. Hoy me toca optar por el egoísmo de unos pocos”, indicó.
“Le agradezco a Roberto Righi que me permitió llegar a esta actividad legislativa tan linda y que me abrió las puertas para aprender este noble oficio”, remarcó luego de enumerar logros en materia de salud para Lavalle.
No escondió su enojo con Edgardo González y recordó la campaña del 2017 que le permitió ser electo como concejal (asumió el 1 de mayo del año siguiente): “Yo iba como cabeza de lista para el Concejo, en mi primera candidatura, y él para diputado provincial. Él acompañó eso, sabiendo que yo era médico y sin plantear incompatibilidad. Militábamos juntos repartiendo boletas juntos y ahora, silencio absoluto”.
Dos casos similares
La resolución del Auditor no se despega de lo que ha resuelto anteriormente en casos similares como los de los concejales electos Luis Manuel López (Cambia Mendoza), además de médico traumatólogo y Mauricio Vidal (Frente de Todos), médico de familia y clínico del mismo nosocomio que fueron intimados en el 2022 por la Oficina de Ética Pública para que eligieran uno de los dos cargos.
La denuncia fue realizada por la referente que tiene el Partido Verde en la comuna, Noelia Bustos y ante el dictamen de Gabriel Balsells Miró, Vidal fue el primero en renunciar a la banca electiva y en su lugar asumió Noel Urbina. López, en cambio, renunció al cargo de médico a principios del año pasado 2023 para seguir siendo concejal. Un año después, la nueva gestión de Alfredo Cornejo lo convocó para dirigir el Hospital Scaravelli y en febrero dejó la banca. Lo reemplazó Arturo Pechemiel.
