La Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC) se sumó a los rechazos que ya habían realizado otros gremios estatales contra el proyecto de saneamiento de la OSEP que impulsa el gobierno de Rodolfo Suárez. Las críticas apuntan al aumento de aportes planteado para afiliados con familiares a cargo.
El secretario general de la Seccional Mendoza, Ramiro Quevedo, afirmó que “es el de Mendoza el sistema más solidario en Argentina, con un universo cautivo que aporta sin necesidad de gestión de cobranzas. Lamentablemente, el gobierno de Mendoza no realiza el mismo sacrificio que sus trabajadores, cuando, no caben dudas, es quien se encuentra en mejores condiciones de aportar a la regularización de la OSEP”.
Los dirigentes de APOC estiman que “las malas administraciones gubernamentales, los desmanejos y la pésima prestación de servicios, increíblemente son las causas fundamentales de la actual situación de la OSEP, y hoy el Poder Ejecutivo provincial pretende, mediante una fórmula mágica (la más cómoda), aumentar aún más el aporte que recae sobre los afiliados, sin ni siquiera amagar con efectuar una reforma estructural y profunda, que ataque los verdaderos motivos de la debacle en que se encuentra inmersa nuestra obra social”.
“A quien mal administra el estado mendocino pretende entregarle más fondos ajenos como si el fuego se pudiera apagar con nafta”, apuntaron a través de un comunicado.
Por esto los trabajadores de los organismos de control exigen que los legisladores no avalen el proyecto del Ejecutivo y afirman que el desfinanciamiento está directamente ligado a una “sistemática política de reducción de salarios”.
En ese sentido, consideran que la relación vincular entre salarios públicos e ingresos de la obra social, es directa: si se reducen los ingresos de los trabajadores se reducen los ingresos de la obra social; si los aumentos salariales van por debajo de la inflación el desfinanciamiento de OSEP resulta “inexorable”.
Para fundamentar estas apreciaciones, desde APOC sostienen: “No caben dudas que es el gobierno provincial el gran responsable de este desfinanciamiento. No sólo fue el único estado provincial que no reconoció ni un solo punto de aumento frente al 36,1% de inflación del caótico año 2020 (año en el cual el Gobierno obtuvo un ahorro de más de $12.000.000.000), sino que sistemáticamente en los años posteriores jamás llegó a cubrir el índice inflacionario, produciendo una verdadera debacle salarial en los bolsillos de los trabajadores del Estado mendocino y por propiedad transitiva sobre las finanzas de nuestra obra social”.
Además, plantearon que se ha reducido “drásticamente” la incidencia de los sueldos en los ingresos y gastos del estado. Explican que en el año 2020 los sueldos representaban un 52% de los ingresos del estado provincial y en el año 2022 representan sólo el 36,91%.
“La idea de nuestros gobernantes de turno, de un estado más eficiente y eficaz, incluye a sus actores principales -los trabajadores- cada vez más pobres y sin la mínima provisión de servicios sociosanitarios tendientes a preservar su salud”, criticaron.
Y completaron: “Se impone, entonces, que nuestros legisladores estén a la altura de las circunstancias y contemplen no sólo la ineficacia e inoperancia del proyecto de ley que hoy les toca debatir, sino que procuren que cualquier reforma que se intente abarque -necesaria y primariamente- una profunda reforma funcional y estructural de nuestra obra social, soportando el Estado provincial el costo de su saneamiento”.
