Sociedad
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hace 41 minutos
La organización Human Rights Watch y la Universidad John Hopkins emitieron un informe en el que no sólo critican el proceder del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, para intentar evitar la propagación del coronavirus, sino que también plantea que la intervención del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, resultó insuficiente.
El documento de ambas entidades plantea que el gobierno de Formosa recurrió a “medidas frecuentemente abusivas e insalubres para prevenir la propagación del Covid-19″, ya que más de 24 mil personas fueron obligadas a permanecer confinadas en circunstancias que, en muchos casos, “podrían considerarse detenciones arbitrarias”.
En esa provincia, confirma el informe, se mantuvo recluidas a personas con resultados positivos de Covid-19, junto a otras que esperaban el resultado del examen e incluso a las que contaban con resultados negativos. “En ocasiones, el hacinamiento y las condiciones insalubres en los centros han dificultado el distanciamiento social. En algunos centros no había ventilación adecuada, y, en ocasiones, las autoridades no brindaron atención médica adecuada a quienes se encontraban allí”, señalan en el documento que dio a conocer Infobae.
Por otra parte, plantean que la intervención de Horacio Pietragalla en Formosa “no priorizó los derechos de las víctimas ni documentó las violaciones de derechos durante protestas” por estas situaciones irregulares. Por eso, recomiendan al Presidente designar al titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación, un órgano independiente del Ejecutivo.
Human Rights Watch realizó 45 entrevistas telefónicas entre enero y marzo a 30 personas que estuvieron confinadas en centros de aislamiento o cuarentena, como también a médicos, abogados, víctimas de abuso policial, periodistas, una legisladora y dos concejales. La organización también cuestiona que el gobierno formoseño ha “restringido el trabajo de la prensa independiente para cubrir la situación en la provincia, habrían empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el Covid-19 y, durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica”.
El informe planteó como caso testigo el de Zunilda Gómez, de 33 años, quien estaba embarazada de tres meses cuando, el 19 de diciembre, la policía se llevó a su familia de su vivienda en Clorinda. La mujer terminó encerrada en una habitación de hotel con sus otros tres hijos, de 12, 8 y 5 años, mientras que su esposo fue trasladado a un centro de aislamiento, a 120 kilómetros de distancia, tras resultar positivo. El 5 de enero, la mujer sufrió un aborto espontáneo y fue trasladada a un hospital, por lo que sus hijos quedaron solos en el hotel hasta el día siguiente.
“Los centros insalubres y hacinados como los de Formosa pueden propagar la transmisión del coronavirus, menoscabar derechos humanos básicos y debilitar la confianza en las autoridades de salud pública, lo cual resulta crítico para una respuesta adecuada al Covid-19″, expresó Kathleen Page, de la Universidad Johns Hopkins, a institución académica que se convirtió en una referencia mundial durante la pandemia. “Aislar a ciudades enteras puede generar más problemas que beneficios para la salud en el largo plazo”, concluyó.
