La Suprema Corte de Justicia sigue siendo un escenario de duros debates internos que han recrudecido por el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica su funcionamiento.
Actualmente, el alto tribunal funciona en tres salas. Solo dos de ellas emiten sentencias. La Sala Primera se dedica a temas civiles y de familia, la Sala Segunda a penal y laboral; y la Sala Tercera a la administración del Poder Judicial. La Sala Primera tiene mayoría radical y la Segunda, peronista.
El proyecto de ley mandado por el Ejecutivo elimina esta división porque distribuye las causas por sorteo entre los siete miembros de la Corte. Además, delega la administración del Poder Judicial en el presidente y dos vicepresidentes, entre otros cambios.
Omar Palermo, ministro de la sala dos, representa al sector más crítico. “La reforma que se propone no hará más que profundizar la inercia decadente del sistema judicial”, sostiene.
-¿El Ejecutivo debía enviar una reforma de la Corte o debía consensuarse previamente?
-Yo creo que una reforma que pretende modificar el funcionamiento de una institución que, por su relevancia política y social, resulta central para nuestra democracia, debe apoyarse fundamentalmente en el consenso. Para ello no sólo es necesario el diálogo político. Además hay que escuchar a los y las especialistas, a los y las operadoras del sistema de justicia y, por supuesto, a la ciudadanía. No tengo ningún problema en dar la discusión en el ámbito en el que haga falta darla, incluida la Legislatura. La tradición institucional de Mendoza requiere que un proyecto así sea tratado como política de Estado, no como una política del partido gobernante.
-¿Se debía modificar el funcionamiento de la Corte?
-Eso también debió ser parte de la discusión. En mi opinión, se debe modificar el funcionamiento de la Corte para modernizarlo, para democratizarlo, para pluralizarlo, pero no para hegemonizar su control. Estoy seguro que esto también debe ser compartido por el doctor Valerio, que siempre se ha manifestado en contra de un ejercicio concentrado del poder en la Corte. En síntesis, una reforma de estas características constituye un claro avance sobre la independencia del Poder Judicial. Es un proyecto que pretende transformar a los jueces en subordinados de la Corte.
-¿Hubiese estado de acuerdo si el sorteo era de las salas para evitar la especulación en relación a la Sala Primera y Segunda, en las causas que incomodan al Gobierno?
-El sorteo de las causas en el ámbito contencioso administrativo es el único punto en el que no hay discusión. Y no es una novedad del proyecto. Nosotros mismos veníamos diciendo en fallos anteriores la necesidad del sorteo. Soy juez de toda la vida, por lo tanto no me gusta que me elijan las partes para resolver. Claro que si se hace un sorteo tenemos que garantizar su honestidad. Debemos garantizar un sorteo libre de manipulaciones, que las partes puedan controlar. En lo demás debe priorizarse la especialidad respetando la división de la Corte en salas. En la sala dos, contra lo que se piensa, en materia laboral, cuando hay disidencias, en la mayor parte de ellas he acompañado votos de (José) Valerio. A la vez, no es inusual que (Mario) Adaro acompañe a Valerio en sus votos en materia penal. Yo creo que la sala dos no funciona con bloques hegemónicos, sino con una saludable pluralidad de ideas.
-Por un lado se habla de la “pérdida de la especialidad”, y por el otro, que en un fallo penal con dos visiones distintas (la suya y la de Valerio), “desempata” un ministro dedicado al fuero laboral, ¿qué opina al respecto?
-Lo ha dicho con toda claridad Aída Kemelmajer y Alejandro Pérez Hualde: la pérdida de la especialidad es regresiva. Si me tienen que hacer una cirugía del corazón yo prefiero que me la haga un cardiocirujano y no un traumatólogo. Una Corte sin especialistas pierde calidad. Cualquier tribunal anterior va a tener sentencias de mejor calidad que las nuestras, porque van a ser sentencias de especialistas. Que desempate un ministro no especialista en el tema no es un problema, pues por un lado la mirada del especialista no falta y por el otro aparece una mirada externa a la especialidad que siempre es importante. Esa combinación suma, no resta.
-¿Qué otros problemas trae la pérdida de la especialidad por la desaparición de las salas?
-Puede traer un gran desorden en la jurisprudencia. En la medida en que la integración del tribunal va ir cambiando en cada caso, se va a ir generando una jurisprudencia muy diversa. Pero este desorden jurisprudencial sólo es aparente. Se trata de un “desorden organizado”, pues el modo de homogeneizar esa jurisprudencia diversa es el plenario. El plenario aparece así como un modo de disciplinar a los jueces y juezas de instancias anteriores. Es un modo de verticalizar el Poder Judicial. Y yo no comparto esa verticalización. Prefiero un Poder Judicial horizontal. La Corte no es la jefa de los jueces y las juezas. Cada juez es en sí mismo un Poder Judicial independiente. Esta “banalización del plenario” pone en riesgo la independencia interna del Poder Judicial.
-Una de las polémicas está en la cantidad de facultades que tendrá la Sala Administrativa, ¿qué piensa al respecto?
-Concentrar el poder del gobierno de la Corte a una mayoría del tribunal que actúa a modo de bloque hegemónico es antidemocrático. La concentración de poder no es propia de nuestra tradición institucional. Por ello creo que la reforma debió pensar en mayorías especiales para la constitución del gobierno de la Corte. Las mayorías especiales se fundamentan en la necesidad del consenso para gobernar.
-¿Qué influencia tiene la política partidaria en la Corte?, ¿hay “jefes” por afuera de la Corte a los que se responde?
-No se puede negar que la Corte es, en parte, un tribunal político, con influencia política, que decide cuestiones políticas. Pero un juez o una jueza de la Corte es, ante todo, un juez. Ello es así aunque se venga de la política o, como en mi caso, de la carrera judicial. Por lo tanto hay que hacerle saber al Gobernador que nos designó que en la Corte decidimos nosotros y no él. Y el Gobernador que nos designó tiene que entender que aunque le guste mucho mandar, no nos puede conducir. Así de simple.
-¿La grieta judicial es política o partidaria?, ¿las diferencias son irreconciliables?
-La alternativa en un sistema de justicia no puede ser partidaria. Tampoco las diferentes miradas que puede haber sobre un mismo fenómeno constituyen una “grieta”. Esas son diferencias conceptuales que incluso son hasta saludables. La única grieta es “justicia independiente versus justicia sometida al poder político”. En esa alternativa mi trayectoria personal, como magistrado y académico, me ubica irreductiblemente entre quienes defienden la independencia del Poder Judicial. En eso soy y seré intransigente.
-¿Cómo imagina el Poder Judicial y la Suprema Corte si se aprueba la reforma en estos términos y en este escenario de falta de diálogo político institucional?
-Veo un sistema judicial institucionalmente en decadencia, y eso no es una buena señal democrática. Vengo señalando que el Poder Judicial está en su instancia de mayor debilidad histórica. Eso abarca tanto el proceso de designación de jueces, que ha sido degradado en su calidad como nunca antes, y el proceso de remoción, en el que las mayorías simples con las que cuenta el poder político alcanzan para remover a un juez. La reforma que se proponen no hará más que profundizar esta inercia decadente.
-Entonces, ¿cómo cree usted que se sale de esta situación de crisis?
-Con diálogo institucional. Y cuando parezca que se agotan las instancias de diálogo, más diálogo. En tiempos de fragmentación política y social como los que corren, quienes ejercemos la función pública tenemos la responsabilidad de encontrar los caminos institucionales a través de los cuales se puedan canalizar pacíficamente nuestros propios desacuerdos. Tenemos la obligación de mirar por encima de la coyuntura actual. Por ello hay que priorizar la preservación de la confianza en nuestras instituciones. Es hora de defender esa tradición institucional que siempre ha sido un motivo de orgullo para Mendoza.
