Una de las oficinas que siguió trabajando en pandemia fue la que lleva adelante los sumarios administrativos a empleados públicos. En casi 3 años de vida han abierto 100 sumarios, de los cuales cerca de un 30% resuelven la cesantía. En los casos iniciados sólo durante 2021, la cantidad de despedidos sube a 34%.
La inasistencia al lugar de trabajo abre la puerta a un despido por ser considerada una falta grave y encabeza la lista de principales causas. De cara al próximo año, se busca aumentar la adhesión de organismos no centralizados y mejorar el proceso.
Con 974 sumarios sin resolver, el entonces Gobernador Alfredo Cornejo avanzó en una medida que resolviera la situación. Así se creó la Oficina de Sumarios Administrativos que depende del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia empezando a operar a principios del 2019.
A la hora de discutir la modificación del régimen disciplinario, se acarreaban 345 expedientes desde la administración de Celso Jaque (2007-2011), 313 de la era de Francisco Pérez (2011-2015) y 316 de la gestión Cornejo.
Entre las novedades, y generalmente la causa del origen de este tipo de oficinas, está la de imprimirle velocidad a los trámites porque se pasó de causas con 5 años de duración a algunas en menos de un año. Por otro lado, el Gobierno destacaba el aporte ético porque al centralizar los expedientes en otro ámbito no hay relación entre abogados sumariantes o los propios administrativos con los estatales que son investigados.
Anteriormente, los sumarios estaban en las oficinas legales de cada uno de los ministerios. Estos se sumaban a los trabajos habituales de las mencionadas oficinas, dilatando las posibilidades de una rápida resolución. Y además, muchos de estos casos debían ser resueltos entre compañeros de trabajo, lo que tornaba la situación incómoda para las dos partes.
Con el rodaje obtenido, hay conformidad en las autoridades. “La oficina, en relación al sistema anterior tiene un balance positivo porque mantiene los promedios” dijo Víctor íbáñez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia a Los Andes en relación al 30% de cesanteados sobre el total de los sumarios.
La órbita de competencia de la oficina alcanza a toda la Administración Pública, excepto en caso de docentes y policías tienen sus propios órganos de disciplina. No obstante, hay organismos descentralizados como el Tribunal de Cuentas, Fondo de la Transformación, Instituto Provincial de Juegos y Casinos y Administración Tributaria Mendoza que han firmado convenios para que la metodología se traslade a esas estructuras.
Causas, sanciones y la expectativa de mejorar a futuro
El volumen de denuncias es superior a la cantidad de sumarios administrativos que se inician porque al principio de la recepción se pasa el primer tamiz. Hay casos con defectos formales o porque se deben recomponer los trámites en la cartera de origen que son rechazados.
La principal causa es la inasistencia a los lugares de trabajo y motivo que amerita cesantía porque “inasistencias injustificadas superiores a 6 (seis) días continuas o discontinuas, en el término de 6 (seis) meses” así establecido en el primer capítulo de la Ley 9130.
En lo que va del año, según datos del organismo, se iniciaron 41 sumarios y luego de los procesos administrativos correspondientes, los dictámenes apuntaron a la cesantía en 14 casos (34%), en 16 la suspensión (que van desde 5 a 30 días), en 9 el sobreseimiento, en otro caso el apercibimiento y el caso restante devino en abstracto.
El balance de los dos primeros años aportaba una proporción similar, porque de los 58 sumarios administrativos abiertos, en 20 casos se resolvió la cesantía (casi un 30%) y en 14 se sugirió sobreseimiento.
Una vez abierto el sumario, letrados y letradas que forman parte de la Oficina de Sumarios tendrán a su cargo el caso y empezarán con los plazos administrativos. Finalmente, se emite un dictamen con lo resuelto y es la autoridad máxima del área del sumariado o sumariada quien determina el destino del agente.
En los casos de apercibimiento y de suspensión de hasta 5 días, la sanción es aplicada por el jefe o jefa superior inmediato del agente; aquellas superiores a cinco días serán aplicadas por el ministro o secretario de la jurisdicción respectiva; y las sanciones de cesantía y exoneración serán aplicadas por el Poder Ejecutivo, es decir, por el Gobernador. En tanto, los entes descentralizados o autárquicos, será la autoridad superior del mismo quien aplique todas las sanciones.
Esa es una de las aristas a profundizar el año próximo, de acuerdo a las expectativas del ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia. “La oficina tiene que seguir ampliando sus competencias, es positivo para todas las áreas y en el transcurso del 2022 vamos a ir formalizando algunos convenios con otros organismos”, sostuvo.
“Hay que trabajar en mejorar la velocidad en algunos procedimientos”, indicó el funcionario no sin antes resaltar las bondades del organismo que centralizó los trámites de otras dependencias en donde la resolución recaía en personas con convivencia permanente.
