Diputados y senadores provinciales recibieron un nuevo incremento de sueldos y ya superan los $2 millones de bruto. El dato fue informado por el exsenador provincial Lautaro Jiménez (FIT) y de manera extraoficial, Los Andes pudo confirmarlo. Más allá de esto, cabe destacar que el sueldo de bolsillo de un legislador provincial supera al de un diputado nacional.
Jiménez publicó en su cuenta de X que “depositaron las dietas de los Legisladores de Mendoza con un nuevo aumento. Su sueldo bruto llegó a $2.566.249, unos 2 millones de pesos de bolsillo”.
Sumó que, según sus cálculos, los legisladores han recibido aumentos por 730.000 pesos desde enero y que sólo en el caso de la suba abril-mayo, recibieron 126.000 pesos más.
Este medio se contactó con fuentes legislativas y aseguraron que el sueldo se ubicó por debajo de lo expuesto por el dirigente de Izquierda. Eso sí, el bruto supera los $2 millones (no quisieron dar más precisiones), pero el de bolsillo se ubicaría en $1,7 millones.
De todos modos, se trata de una cifra muy alta, superior al sueldo de bolsillo que percibe un diputado nacional que es de $1,5 millones, confirmó un integrante del Congreso.
Es decir, un salario de legislador provincial superaría por 200 mil pesos al diputado nacional. En tanto que el sueldo bruto de un diputado nacional está en $2.100.000.
En otra esfera muy superior se encuentran los senadores nacionales, quienes se asignaron aumentos que llevan el salario bruto a cerca de 8 millones de pesos.
LEGISLADORES VERSUS OBREROS
En la misma publicación sobre el “dietazo” local, Jiménez comparó el incremento de los legisladores con lo que cobra un obrero de viña: “Los obreros de las viñas que trabajaron esta semana con temperaturas bajo cero cobraron $480.025. La brecha sigue creciendo...”, agregó.
El aumento acordado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en las últimas reuniones paritarias consistió en incrementos del 10% en abril, otro 10% mayo y un 10% junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024. Con el agregado de sumas no remunerativas y no bonificables de $35 mil en abril, $25 mil en mayo y $11 mil en junio para agentes que superan un salario bruto de dos veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Por esos aumentos hubo un impacto directo en el salario del gobernador y de forma inmediata también en los legisladores, porque están “enganchados” al 95% de su sueldo.
La ley 5811 establece que el salario del gobernador de la provincia se compone de dos veces la retribución y asignaciones de un sueldo clase 013, incluido el Adicional por dedicación de tiempo completo, que se considerará sueldo básico, más un 60% sobre dichos conceptos en carácter de compensación funcional de las mayores erogaciones que origina el efectivo desempeño de la función, que tendrá carácter remunerativo.
Desde la Legislatura entienden que la única forma de exceptuarse de los aumentos sería si el Ejecutivo congelara su salario mediante un decreto, por el cual ellos podrían adherir, como ocurrió el 3 de enero del 2020. La otra opción sería modificar la mencionada Ley 5811, pero está lejos de sus planes.
Los legisladores no son los únicos que tienen el gancho al salario del Gobernador. También se agregan los cargos de vicegobernador, superintendente general de Irrigación; funcionarios del Ejecutivo como los ministros, secretarios (con rangos de ministros) y subsecretarios; así como también el Fiscal de Estado y Asesor de Gobierno, entre otros.
JUECES VERSUS EMPLEADOS
Tema aparte son los sueldos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los magistrados provinciales, quienes están “atados” a los aumentos que resuelve la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este sentido, se pueden nombrar casos de magistrados o ministros con una gran cantidad de años de antigüedad que están percibiendo salarios por encima de los $5 millones mensuales.
Esa diferencia asimétrica genera malestar entre los empleados judiciales, que llevaron un importante paro hasta el martes pasado, debido a que su salario depende del Poder Ejecutivo y no del Judicial. El tema generó tanto debate que el propio gobernador Alfredo Cornejo explicó, en medio de la huelga, que es necesario pensar en una “autarquía total” de la Justicia para que pariten los miembros de la Suprema Corte de Justicia.
“Sé que hay un malestar por la distorsión que hay entre el salario de los jueces y los empleados. Es un malestar razonable y lo comprendo, me pongo en su lugar, pero escapa a las cosas que tienen que ver al Gobierno provincial. Ellos están atados a una acordada nacional de jueces federales y se ajustan según esa acordada, pero los empleados paritan con el Ejecutivo”, explicó el 20 de mayo pasado.
En base a esto, anticipó que es necesario pensar en una “autarquía total” del Poder Judicial y que sean los máximos supremos los que encabecen las negociaciones paritarias: “Quizá hay que pensar en una solución estructural, no para ahora, sino para el futuro, donde haya autarquía judicial total. Si reciben el 4% del presupuesto, ellos verán qué hacer, si lo distribuyen entre los empleados o se lo lleven los jueces. Que lo maneje y parite la Corte”, apuntó.
En ese contexto, para intentar descomprimir la situación, la Corte se comprometió a dar marcha atrás con una acordada del año 2005 que les impedía participar de las reuniones paritarias. Los gremios entienden que es importante que sus empleadores puedan discutir de “poder a poder” con el Ejecutivo, para lograr mejoras salariales.
