Un nuevo contrapunto entre el radicalismo y el peronismo viene acrecentándose en los últimos días, esta vez por una asignación de terrenos (12.600 hectáreas) en Malargüe que hizo el Gobierno Provincial a una empresa privada, que tiene intenciones de desarrollar un centro de esquí. Se trata de El Azufre SA, que pretende este negocio en la zona que se conoce como valle El Azufre, en el límite con Chile, y mientras tanto está realizando los procesos y estudios para acceder al emprendimiento.
Lo cierto es que anteayer la provincia recibió la negativa por parte del presidente de la Agencia Nacional de administración de Bienes del Estado (AABE), Martín Cosentino, quien no sólo manifestó su “absoluto rechazo” en un documento que envió al Gobierno, sino que también solicitó que “se adopten las medidas necesarias tendientes a dejar sin efecto la asignación de tierras”.
Por parte del Poder Ejecutivo aseguraron que no darán marcha atrás y salieron a criticar a Cosentino. Por un lado, manifestaron que se trata de una “movida solitaria de él, del kirchnerismo provincial y ahora nacional contra Mendoza”, en alusión al funcionario que responde al gobierno de Alberto Fernández; y por otro lado defendieron el proceso realizado al agregar que Mendoza “no ha entregado tierras, sino que es una asignación precaria con el objetivo de generar más desarrollo en la provincia”. Nótese que no se dice concesión o venta o cesión, sino asignación, que es un concepto jurídico distinto.
Además, marcaron que será el Gobierno de Fernández el que deberá definir si acepta o no el proyecto en esas tierras, ya que son propiedad de Nación, y se entregó años atrás la posesión a la provincia. Respecto al documento de la AABE, marcaron que “no se trata de una decisión del directorio, sino de una opinión de su presidente”, y defendieron su accionar al manifestar que el proceso recibió el visto bueno de Fiscalía de Estado en el mes de diciembre.
¿Pulgar abajo?
Según establece en el duro documento de Cosentino, “el mencionado Campo, situado dentro de la zona de seguridad de frontera, le corresponde al ESTADO NACIONAL en mayor extensión, por expropiación dispuesta por Decreto N° 3.892 de fecha 5 de junio de 1967, inscripto el dominio a su nombre en el Registro de la Propiedad”.
En el texto, Cosentino hace referencia a un convenio firmado entre Mendoza y Nación en la época de José Octavio Bordón (31/1/1990) en el cual la Nación otorgó la posesión de las tierras a Mendoza (pero sigue siendo el propietario) y se estableció que la provincia debía elaborar un plan para la colonización de esa zona (Potreros de Cordillera) y subdivisión de tierras, entre otros.
Según el funcionario, en la asignación de los terrenos a El Azufre “no se llevó a cabo con ajuste a las formalidades establecidas en el Convenio ni las vigentes en materia inmobiliaria estatal, prescindiendo del procedimiento de la licitación pública para la adjudicación”.
“En ese sentido, al no darse efectivo y real cumplimiento a lo pactado y asumir competencias propias de esta Agencia el Estado Nacional, como titular de dominio de las tierras, resulta afectado en sus intereses patrimoniales”, acotó como fundamentos para solicitar la marcha atrás.
También el funcionario peronista destacó que la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación informó que en la Dirección Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías, “no se halló pronunciamiento alguno respecto a la aceptación para que la Provincia de Mendoza continúe con el trámite de asignación del inmueble ‘Campo Potreros de Cordillera’ a la empresa EL AZUFRE S.A”.
“En función de todo lo expuesto, solicito que se adopten las medidas necesarias tendientes a dejar sin efecto la asignación de tierras dispuesta por el Decreto Nº 2.138/21, en favor de la firma EL AZUFRE SA, así como todo otro instrumento dictado en su consecuencia”, y agregó que el presente rechazo “se realiza sin perjuicio de ulteriores reclamos por parte de esta AABE”.
Mientras tanto, el senador peronista Lucas Ilardo, quien ha comandado las críticas por parte del Frente de Todos, expresó al respecto: “Desprolijos en el mejor de los casos, este accionar oscuro sobre tierras de nuestra cordillera nos ha dejado al borde de ser demandados judicialmente y a todos los mendocinos en alerta por el manejo turbio de los bienes del Estado”.
Respuesta local
Desde el Gobierno provincial respondieron con fuertes críticas al peronismo y también cuestionaron el documento de la AABE. Indicaron que la nota “está expedida sólo por el presidente pero no tiene el aval del directorio” y aseguraron que se trata de una “jugada del camporismo, que no ha estudiado el tema en profundidad”.
“Es una simple nota, sin carácter administrativo formal”, acotó el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, quien ratificó que en primer lugar la AABE “tiene que generar el expediente y estudiar el caso. Mendoza dio una asignación precaria a El Azufre y siempre dijimos que se debía terminar de perfeccionar en la Nación, que es la propietaria de los terrenos y decidirá si otorga o no la aprobación final”.
Por otro lado, Lombardi aclaró que el terreno “no se ha transferido a nadie”, y que “sólo se trata de una asignación precaria” de los mismos, paso previo para todo el resto de estudios y futuras inversiones.
De esta manera, se abre un escollo para El Azufre SA, ya que necesariamente deberá contar con el aval de Nación para avanzar en el proyecto, mientras que en paralelo deberá presentar el mismo y comenzar con todo el proceso de estudios de Impacto Ambiental.
En este sentido, fuentes calificadas que aseguran que esta polémica “tiene más de tinte político que ambiental”, ya que ese proceso aún ni se abre, porque la empresa debería primero asegurarse que podría contar con los avales locales y nacionales en términos administrativos para seguir invirtiendo, que nada tienen que ver con los estudios ambientales.
Respecto a la posible licitación que asegura la AABE que se debería haber hecho, el dictamen legal de Asesoría Letrada (de la Subsecretaría de Legal y Técnica de Mendoza) del 17 de diciembre del año pasado señaló que para las siguientes acciones que están en el convenio ratificado en 1991, tales como la cesión de 400 hectáreas a Gendarmería, la asignación de unidades económicas a pobladores argentinos radicados en la zona especialmente si han hecho inversiones; y la mantención de emprendimientos turísticos de ciudadanos que hayan invertido en la zona; “no resulta necesario ni posible realizar una ‘licitación pública’, por cuanto la mención a la facultad de ‘asignar’, ‘ceder’ o ‘mantener’ se vincula con situaciones preexistentes, como la presencia de Gendarmería o de ocupantes que ya invirtieron en la zona, y que no son pasibles de un concurso de proyectos u ofertas”, como bien puede ser el caso de El Azufre, que ha realizado inversiones en la zona en los últimos años.
Es necesario recordar que la asignación fue realizada por decreto (el 2.138) el 23 de diciembre. El ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, sostuvo en la edición del 3 de febrero que esas tierras son de frontera y propiedad de la Nación, pero que la provincia “tiene la posesión y puede asignarlas”. Esto significa que, si bien no puede trasladar la propiedad a privados, sí se las puede asignar para los fines de explotación que habilita el convenio con el Estado nacional. En cuanto a los plazos, a diferencia de lo que sucede con una concesión, la asignación no tiene un tiempo determinado.
Por otro lado, resaltaron desde el Gobierno que el proceso cuenta con un dictamen favorable de Fiscalía de Estado, con fecha del 22 de diciembre, en el que no se advirtieron irregularidades en el proceso llevado a cabo por el Gobierno.
No obstante, en los últimos días, a raíz de una denuncia de un supuesto puestero que tendría intereses encontrados con El Azufre (por una misma asignación de una parte de esos terrenos), elevaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que vuelva a estudiar esa situación, ya que se aseguró que no había ningún tipo de conflicto de intereses sobre esos terrenos.
