En la madrugada de ayer, la Cámara de Diputados de la Nación dio con media sanción al Presupuesto 2023, tras una larga sesión en el Congreso Nacional. Si bien varios puntos han sido controversiales, uno de ellos tenía impacto directo en Mendoza, e involucraba tanto a la provincia como al resto de las 23 jurisdicciones, ya que las declaraba “solidariamente responsables” de las deudas de las distribuidoras de energía eléctrica locales con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Cammesa es la proveedora mayorista de la energía que las empresas locales llevan a los usuarios.
Tras la presión principalmente de la oposición, al entender que las provincias no tenían por qué responder con sus recursos -ya que se iban a retener fondos provinciales por incumplimientos-, hubo modificaciones de última hora en el despacho que se terminó votando en la Cámara Baja.
De esta manera, Mendoza no deberá responder por las deudas de las distribuidoras de la provincia, que rondan los $13.700 millones con Cammesa. A pesar de los cambios en la letra de la norma, igual hubo críticas por parte del radicalismo, que lo votó en contra.
Puntualmente se trata del artículo 89, que tiene como fin que las distribuidoras regularicen deudas por más de $500.000 millones que tienen con Cammesa, de las cuales buena parte corresponden a Edenor ($ 112.000 millones) y Edesur ($ 116.000 millones). Se fija un plan de pago por 96 cuotas, de los cuales las provincias deben “controlar el estricto cumplimiento del pago.
En el caso de Mendoza, las principales distribuidoras eléctricas, que son Edemsa, Edeste SA y la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, adeudan a la Cammesa un monto que ronda los $13.700 millones entre las tres.
Si se separa por montos, corresponde a Edemsa una acreencia de $11.344,5 millones; para Edeste SA, el saldo acumulado es de $1.623,3 millones; mientras que la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz aparece en el listado, con una deuda de $735,4 millones.
El artículo, que recibió 129 votos afirmativos, 64 negativos y 56 abstenciones, establece que el Poder Ejecutivo nacional, las provincias y los municipios, “como titulares del servicio público de distribución de energía eléctrica de su respectiva jurisdicción, deberán controlar el estricto cumplimiento del pago de las transacciones por consumos de energía, potencia y sus conceptos asociados, por parte de los prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica de cada jurisdicción, estableciéndose un período de seis (6) meses, desde la entrada en vigor de la presente ley, a fin de que cada jurisdicción concedente determine un mecanismo para el pago de las facturas emitidas y que en un futuro emita Cammesa”.
Además, se marca que la Secretaría de Energía “establecerá una unidad de medida de valor homogénea vinculada a las transacciones por consumos que asegure el valor del crédito e implementará un plan de regularización de deuda de hasta noventa y seis (96) cuotas mensuales”.
Estos dos párrafos no tuvieron modificaciones de acuerdo a lo estipulado en un primer momento. De hecho, se mantuvo el plan de pagos en unidades de medida de valor homogéneas; pero de aquí en más empezaron los cambios, ya que se estableció que “dado el carácter de servicio público tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica, el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales deberán publicar en un período no mayor a 90 días cuadros tarifarios que permitan a los distribuidores cumplir con las obligaciones resultantes”.
Esto da entonces pie a la posibilidad de que se pueda realizar algún tipo de aumento de tarifas, en lo que corresponde al componente nacional de la energía eléctrica.
Asimismo, también se mantiene un plazo no mayor a 90 días para realizar las revisiones tarifarias integrales correspondientes a las empresas distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires.
En tanto, para el caso de las distribuidoras, administraciones o empresas provinciales distribuidoras de energía eléctrica, cualquiera sea su organización jurídica, que al 30 de septiembre de 2022 no tengan deudas con Cammesa y/o con el mercado eléctrico mayorista, la Secretaría de Energía “establecerá mecanismos especiales de reconocimiento de créditos en los términos que establezca la reglamentación”.
Críticas opositoras
De los que aprobaron el artículo, que fueron principalmente diputados del Frente de Todos, se valoró la posibilidad de que las provincias no fueran “solidariamente responsables” de las deudas de las distribuidoras, ya que eso hubiese resultado la posibilidad de que se les retuvieran recursos a las provincias en las cuales las distribuidoras no cancelaran sus acreencias. Según señaló a Radio Mitre Adolfo Bermejo, diputado peronista, fue “un trabajo arduo” por parte del propio oficialismo para llegar a las modificaciones.
Como se dijo, de igual manera fue votado en contra por el radicalismo, quienes entienden que aún con modificaciones el artículo es “inaplicable”.
El secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, señaló a Los Andes que la mayor parte de lo que el artículo dispone, “Mendoza ya lo tiene”, pero puso énfasis en que la normativa “siendo confusa e inaplicable”, sobre todo cuando establece que las provincias “deberán controlar el pago de las distribuidoras”.
“El tema de fondo es que Cammesa no ejecuta sus deudas”, señaló Mema. No obstante, agregó que la provincia “no tiene herramientas para obligar a las distribuidoras a que regularicen sus deudas. No puede multarlas; el trabajo no es competencia de la provincia”, dijo.
A estas palabras también adhirió el diputado radical Lisandro Nieri. El ex ministro de Hacienda aclaró además que los planes de pago “no requerían de una ley”, y marcó que Cammesa “ya ha generado varios planes de pago”.
También sostuvo que las modificaciones se dieron “sobre la marcha” y decidieron votar en contra “porque no nos satisfizo. Se quitó lo de ‘solidariamente responsables’ pero no nos conformó del todo”. “Lo cierto es que Cammesa hace bastante poco por cobrar la deuda. En Mendoza las distribuidoras tienen estructuras societarias; y en Edemsa y Edeste, Mendoza es accionista minoritario. La Provincia no tenía por qué responder por los retrasos de las empresas, que son controladas por privados”, finalizó.
