La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía imputó a 95 empresas de todo el país por haber incluido en las facturas tasas o cargos ajenos al contrato entre el proveedor y el consumidor.
En el caso de Mendoza, fueron seis las empresas imputadas, que son las distribuidoras eléctricas Edemsa, la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, la Cooperativa Eléctrica de Monte Comán, Edeste SA, la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia; y en cuanto a la distrución de gas, fue imputada también Ecogas.
A Edemsa se la imputó por nueve sumarios; a Ecogas por seis, a Edeste por cinco, y al resto de empresas por un solo sumario.
Romina Ríos, de la asociación civil de defensa de usuarios y consumidores de Mendoza, sostuvo a Los Andes que será importane conocer el descargo de las empresas imputadas, pero señaló que hay controversia en Mendoza respecto a este tema “porque la provincia y los municipios entienden que tienen potestad para celebrar cualquier tipo de convenios y dictar una normativa que establezca estas modificaciones. De hecho, les autorizan los municipios a cobrar esos ítems en las facturas a las distribuidoras”, señaló.
Ríos sostuvo que lo que se cobra es el mantenimiento del alumbrado público que, según Nación, lo deberían cobrar los municipios a través de las tasas. “Pero fue el EPRE el que permitió convenios entre municipios y distribuidoras para que agreguen este ítem del carago del alumbrado público en las facturas para que la distribuidora recaude, cobre, y después le rinda cuentas al municipio. De esa forma se aseguran del cobro del alumbrado público, porque los ciudadanos, cuando tienen problemas económicos, lo último que pagan son las tasas”.
También dijo que lo que sí quitaron “fueron cobros como el servicio de sepultura que algunas cooperativas brindan como servicio, y se paga ‘por fuera’ de esa boleta”. Además, agregó que algunos municipios de otras provincias “prestan el servicio de internet”.
Con respecto a Ecogas, dijo que dependen de los municipios estos convenios donde también se cobran tasas en las facturas.
“Cuando las empresas hagan el descargo van a decir que están autorizados por la ley provincial y el organismo de control a celebrar esos convenios”, auguró
Defensa de las distribuidoras
Los Andes se comunicó con algunas distribuidoras eléctricas de la provincia, que cobran el mantenimiento del alumbrado público a los usuarios, y ese fondo “va directo” a los municipios o provincia.
Los referentes se defendieron de la acción de Nación, pero además expresaron que ellos cobran “por cuenta y orden de los municipios en base a lo dictaminado por el Poder Concedente”, que en este caso es el EPRE.
“Nosotros no hemos recibido ninguna notificación al respecto. Una vez nos llegue vamos a ver qué contestamos. Pero lo que hay que dejar en claro que no tenemos la facultad de decidir si se cobran o no esos ítems”, destacaron.
Además del Alumbrado Público, se cobra a los usuarios una “tasa de fiscalización y control”, que es para mantener el trabajo del EPRE; y también un Fondo Compensador. “Todos esos ítems no están vinculados a lo que nosotros ofrecemos, que es la distribución de la energía eléctrica. Cobramos por cuenta y cargo de otros”, zanjaron.
Además, aventuraron que “como es un servicio provincial que tiene un reglamento de suministro propio con el EPRE, seguro pensaron que no iba a afectarles. Veremos cómo sigue todo”, finalizaron.
Imputación nacional
Según informó Nación, se abrieron 244 expedientes vinculados a las imputaciones, uno por cada localidad donde las empresas incumplieron la norma.
Las actuaciones corresponden a facturas con vencimiento posterior al 11 de octubre, cuando entró en vigencia la resolución 267/2024, que determinó la prohibición de incluir en las facturas conceptos indebidos. La autoridad de aplicación continuará con la instrucción de sumarios para los proximos vencimientos de noviembre y diciembre.
Se imputaron empresas, además de Mendoza, de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Misiones, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Chaco, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Corrientes, Tierra del Fuego, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
A partir de recibir la notificación, las empresas tendrán cinco días hábiles para hacer su descargo. Cumplido ese plazo la Secretaría de Industria y Comercio sancionará a las empresas que no cumplieron la norma, de acuerdo a lo previsto por la Ley 24240 de Defensa del Consumidor, que en su artículo 47, inciso b, contempla multas de hasta $2.130 millones de pesos.
Las denuncias fueron recibidas en el correo electrónico habilitado para tal fin, a denunciatufactura@comercio.gob.ar. Hasta el momento ingresaron 2.705 reclamos.
