El Gobierno Provincial mantiene una política férrea de control de las cuentas públicas, en medio de una crisis económica fuerte desde hace varios años; y que se recrudeció en términos locales este 2024, con una caída estrepitosa de los recursos tanto locales como nacionales, que empujaron en parte a empezar a afinar el lápiz en las inversiones y destinos de recursos locales.
En lo que va del año, el gobernador Alfredo Cornejo puso el foco en ajustar los números, en su afán de dejar de invertir dinero en cuestiones que no han sido de la prioridad del Poder Ejecutivo, enfocarse en las prioridades y también para establecer gestiones “compartidas” de algunos organismos que trabajaban en beneficios públicos/privados, pero que eran financiados 100% por el Estado.
De esta forma, el Estado provincial se retiró de la financiación en términos de envío de dinero de por lo menos seis organismos, algunos de los cuales desaparecerán, mientras que otros se reconfigurarán. El Gobierno desde ya se garantiza un ajuste que se estima en los $15.000 millones, mientras prevé que el año terminará con un 10% en rojo en términos reales, sumando la recaudación local y coparticipación nacional.
Por un lado, parte del recorte total se dio en el Instituto de Desarrollo Comercial (IDC); el Instituto de Desarrollo Rural (IDR); y el Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (Idits), en los que se trabajaba en el esquema público privado, pero se fondeaban prácticamente todo el dinero del Estado (salvo el Idits, que se sustentaba con las operaciones del puerto seco).
Además, también dejó de financiar el canal estatal Acequia y lo mismo ocurrió con Aeronáutica de Mendoza SA (Aemsa), empresa con mayoría estatal que no recibirá asignaciones del Estado, mientras que los recursos se redirigirán a seguros para los productores.
La disolución del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), también está en proceso; mientras que la Dirección de Administración de Activos de ex Bancos Oficiales (Daabo) se disolvió hace ya varios meses y se reagrupó todo el organigrama dentro de la Dirección General de Bienes Registrables.
Para las próximas semanas, se evalúa la posibilidad incluso de tercerizar el servicio de la Caja de Seguro Mutual, cuyo pliego para concesionarlo a un privado está en análisis en los ministerios de Hacienda y Gobierno.
Menos empleados y más ajuste
Desde los ministerios de Gobierno y Hacienda dieron detalles a Los Andes respecto a las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo en todo el primer año de gestión de Cornejo; y recordaron decisiones durante su primer gobierno, como por ejemplo el cierre de la Empresa Provincial de Transportes de Mendoza -hoy Sociedad de Transporte Mendoza-, que “destinaba U$S 300.000 dólares por mes para solventar un organismo que tenía a 486 empleados”; o las reconversiones de la terminal de ómnibus, en las que “se enviaban U$S 120.000 dólares por mes desde el Estado para la limpieza del establecimiento”; y hoy “las decisiones las sigue tomando el Estado, pero el resto es privado, la Provincia no pone dinero y recibe un canon”.
El último que se conoció y que dio aprobación la Legislatura fue el EPAS. Desde el Gobierno insistieron en que el trabajo de gestión de control y calidad de agua, más el análisis tarifario, puede hacerlo Irrigación, y que no tenía sentido mantener una estructura y organismo cuando se puede llegar a hacer “de una mejor forma y con un cuidado mayor de los recursos del Estado”.
Natalio Mema, titular de la cartera de Gobierno, señaló que con la reglamentación de la ley, se eliminaron cinco cargos políticos y se ahorrarán un poco más de $500 millones al año. Respecto a los 62 empleados, comenzará en breve un espacio en el cual se verá cuántos son tomados de forma directa por Irrigación o Aysam (Aguas Mendocinas); mientras que al resto, o se los indemnizará, o se los reubicará en la Administración Central.
Con respecto al IDR y al IDC, detalló que han sido institutos públicos privados “donde el Estado era parte junto a cámaras empresarias y ONG’s, pero era el único que pagaba sueldos”. De esa forma, se decidió dejar de aportar a la fundación y que seguirían “dispuestos” a ir “a medias” para estudios de fondos destinados a la producción. De esta forma, el trabajo y los informes que son importantes para empresas de Mendoza, se realizarán directamente desde el ministerio de la Producción y con otro esquema de trabajo.
En números, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, marcó que el presupuesto para los institutos fue este año de $1.700 millones; y que $1.300 millones se dejaron de enviar durante 2024. “Una vez que se decide el cierre, en vez de sueldos, se pagan indemnizaciones y seguramente se cubrirá el presupuesto, pero ese monto total ya no se destinará en 2025″, detalló. En empleos, se despidió a 33 personas del IDR y ocho del IDC. Mientras tanto, el Idits seguirá nutriéndose de los fondos de la operación del Puerto Seco.
Por el lado de Acequia, la decisión de contar con un canal público mendocino fue del gobierno de Francisco Pérez y en el radicalismo lo mantuvieron durante nueve años más, pero siempre rondó la idea de terminar con las inversiones. Para el Gobierno “fue un canal que no tenía una función específica y concreta. Además, compartía grilla con Señal U y teníamos que elegir en época de vacas flacas”, dijeron.
En el Ejecutivo dejaron en claro que la situación de Acequia “no fue en términos políticos similar a la función de la TV Pública durante el kirchnerismo”. “Nuestra pregunta es por qué el Estado mendocino tenía que tener un canal de TV y por qué el Estado debía cumplir este rol. El canal siempre fue de la provincia y nunca tuvo tintes políticos e ideológicos”, añadieron.
En el caso de inversiones, calcularon que en 2024 el presupuesto fue de por lo menos $500 millones, que se utilizó en parte para indemnizar a unos 30 empleados estatales.
Respecto a todo el mobiliario y equipamiento tecnológico del canal, hay interesados, pero el Gobierno adelantó que “no los malvenderá”. “Saldrán a remate pero no tiene costos de mantenimiento, así que buscaremos recibir la mejor oferta posible”, acotaron.
Sobre Aemsa, Mema expresó que Mendoza indemnizó a los 29 pilotos con los que contaba, y una porción de empleados y técnicos quedaron en el gobierno en las áreas de Contingencias Climáticas. En tanto, se definió que unos $20.000 millones al año, que eran los que insumía todo el trabajo de lucha antigranizo más otras acciones, se vuelquen en subsidios a productores con un seguro “para que tengan capital de trabajo para arrancar el año que viene si son afectados por las inclemencias. Seguimos subsidiando el agro pero de forma directa”, defendió. No obstante, en salarios y equipamiento, ahorrarán por lo menos $3.000 millones.
Un organismo con cambios este año también fue la Daabo, en la cual se creó para liquidar los activos de los bancos oficiales en 1998, y “se terminó de liquidar con un remanente”, según indicó el Ministro. Ya no está el cargo político, y los bienes que quedaron están aglutinados dentro de la Dirección de Bienes Registrables.
“Tuvimos no sólo ahorro de dinero, sino que somos más eficientes. Reordenamos los bienes estatales y el Gobierno recauda por 10 de lo que hacía antes. Realizamos más de 100 escrituras de compra-venta en base al reordenamiento y vendimos tierras del Estado a puesteros que las ocupaban pero no pagaban. Ahora las identificamos y estamos cobrando”, agregó.
Otro punto de ajuste fue el de los contratos, lanzados a comienzos de año por decisión del Gobernador para bajar en un 20% este tipo de empleados del Estado. Al respecto, Mema sostuvo que se recortaron unos 400 contratos de los 1.200 que había, de los cuales la mayoría se desempeñaban en la Dirección General de Escuelas (300 contratados); y el resto del área del Ministerio de Trabajo de la Nación y otros organismos nacionales.
“Muchos de estos contratos se pagaban a medias con la Nación. Se cortaron desde allí y nosotros hicimos lo propio”, aclaró el funcionario.
La Caja de Seguro Mutual, en la mira
El ministro Fayad adelantó que analizarán la posibilidad de que un privado se haga cargo de la Caja de Seguro Mutual; y en breve lanzarán el pliego para ver si hay interés de terceros en el control del organismo que actualmente emplea a 15 personas.
Comentó que “no es ineficiente y tiene pocos empleados”; pero creen que posiblemente un privado podría prestar mejor el servicio. “No atacamos al organismo por funcionamiento defectuoso, sino que nos preguntamos ¿somos tan buenos como otros para prestar este servicio o puede venir otro de afuera con mayores beneficios y alternativas de seguros de vida?”, expresó.
También dijo que como Gobierno, están obligados a prestar el servicio de seguro mutual, por lo que nada corre riesgo. “El tema es cómo prestamos ese servicio, si a través propio o de un tercero”, mencionó, y agregó es un tema que también se discutirá con los municipios.
