La Cámara de Industriales Molineros (CIM) manifestó su “sorpresa” y “desconcierto” por la multa que le aplicó el Gobierno y consideró que la medida es “infundada, arbitraria y abusiva” y avisó que irá a la Justicia para revertir la medida.
El gobierno nacional oficializó este martes su decisión de aplicar una multa de 150 millones de pesos a Molino Cañuelas; otra multa por 150 millones de pesos a la Federación Argentina de la Industria Molinera; una de 93.974.602 pesos a la Cámara de Industriales Molineros; y una de 51.131.995 pesos a la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras. El total suma 445.106.597 pesos.
Esas multas fueron por la supuesta cartelización para la fijación de precios mínimos e intercambio de información sensible en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina entre abril de 2014 y octubre de 2017, tras una investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).
Para la Cámara, se trata de una multa “exorbitante, abusiva y fuera de todo contexto, con base en consideraciones e inferencias amañadas, sin consideración de los razonamientos lógicos y las pruebas aportadas, haciendo presumir que la decisión de encontrarnos responsables de hechos y actos inexistentes parecen responder a intereses distintos, alejados de la realidad fáctica y jurídica”.
La Cámara dijo que en resguardo de la supervivencia de la institución y en cumplimiento del deber de defender los intereses del sector, recurrirá a “todas las instancias judiciales” a su alcance a fin de “revertir esta arbitraria, infundada y desmesurada decisión administrativa”.
