El Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Ministerio de Seguridad y Justicia presentaron en la Legislatura Provincial un proyecto que busca reformar 11 artículos del Código Procesal Penal con el objetivo de dinamizar la investigación penal y los procesos.
La reforma fue presentada ante el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; y el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner por el Procurador de la Suprema Corte, Alejandro Gullé; y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.
El paquete de cambios incluye la tramitación separada de incidentes sin interrupción de la investigación, una nueva reglamentación para la presentación de nulidades, establecimiento de plazos para diferentes tipos de planteos como diligencias, oposiciones y ocurrencias y archivo de actuaciones.
También hay nuevas disposiciones respecto a la elevación a juicio y las apelaciones de sentencias de sobreseimiento, así como también sobre las posibles discrepancias que surjan entre el juez y los fiscales.
Se fija de este modo la la modificación de los artículos 22, 201, 346, 347, 350, 355, 360, 361, 466, 481 y 482 del Código Procesal Penal. También se establece la incorporación del artículo 362 bis de la Ley 6730-Código Procesal Penal
“La investigación preparatoria no puede convertirse en una instancia engorrosa y dilatada en el tiempo cuando es el juicio, con todas las garantías el ámbito propicio para dirimir las distintas posiciones de cada una de las partes en el juicio”, detalla el texto entre sus argumentos.
Al respecto, el procurador Gullé agregó: “Con esta iniciativa pretendemos que ningún planteo legal detenga el avance de las investigaciones; además de centrarnos en la etapa de juicio oral”.
Las autoridades legislativas recibieron el proyecto y se comprometieron a darle curso para que consiga su aprobación, lo que podría ocurrir en las últimas sesiones de este mismo año.
Los cambios en el Código
Según explican el Gobierno y el MPF, dentro del proceso penal, la etapa esencial es el juicio oral. Ello ocurre cuando se despliega el argumento de cada parte litigante a través de la contradicción. Por ello, para las autoridades es prioritario evitar que la primera etapa (es decir, la preparatoria) se dilate.
“La idea es volver más dinámica esta primera etapa. Esto no significa que no se puedan impugnar. Se puede impugnar, pero no se puede suspender”, detalló Gullé y enfatizó que “el proyecto planteado aspira a agilizar la etapa inicial del proceso de investigación, respetando siempre las garantías de las partes”.
Desde 2016 más de 12 leyes emanadas de la Legislatura produjeron transformaciones fuertes en el sistema penal. El comienzo de todo fue en 1999, cuando se comenzó a dejar de lado el viejo sistema inquisitivo para arribar hacia uno con mayores rasgos acusatorios.
El Gobierno cree que estos instrumentos han perfeccionado el proceso penal. Entre ellas incluye la profundización de la oralidad, el procedimiento por audiencias, los avances esgrimidos para eliminar el expediente papel y el propio juicio por jurados.
