Un documento reservado del Ministerio de Defensa permite a soldados detener civiles en flagrancia. Qué dijo Luis Petri.
Militares protegen las zonas fronterizas del país. En la foto, el ministro de Defensa, Luis Petri.
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Ministerio de Defensa Militares protegen las zonas fronterizas del país
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Ministerio de Defensa El gobierno de Javier Milei habilitó a militares a realizar aprehensiones transitorias de civiles que cometan delitos en flagrancia, una "orden reservada" que dio a conocer a Clarín a partir del Operativo Roca, iniciado días atrás en la frontera norte de Salta.
"Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar", expresó el ministro de Defensa, Luis Petri, en su cuenta de X.
El funcionario justificó la resolución al señalar que "la posibilidad de detención en flagrancia está prevista en todos los Códigos Procesales de las provincias y de la Nación" y remarcó que "sólo el sesgo ideológico canceló y maniató a nuestras fuerzas".
Petri también recordó que "todos los países limítrofes con Argentina usan a sus fuerzas armadas para el control y vigilancia de sus fronteras" y citó el ejemplo de Estados Unidos, que -según indicó- reforzó el rol militar en fronteras a comienzos de este año. "¿Por qué acá algunos se escandalizan?", sumó en su mensaje.
Según establece la resolución oficial 347 y con respaldo en el Código Procesal Penal, el personal militar podrá actuar en situaciones de flagrancia, pero el uso de la fuerza deberá restringirse exclusivamente a la defensa propia o de terceros en caso de agresiones inminentes que pongan en riesgo la vida, la integridad física o el cumplimiento del deber.
La medida surge de las denominadas “reglas de empeñamiento”, órdenes que se le dan a las tropas siempre que se movilizan ante una amenaza y controlan el comportamiento en público de los efectivos ante un ataque de narcos, la detención de civiles, el uso de las armas y cómo responder en un enfrentamiento.
En cuanto al llamado nivel de “apresto de las armas de fuego” se graduará según el siguiente detalle: "Nivel 1: con cargador colocado, sin cargar y en seguro. Nivel 2: con cargador colocado, cargado y en seguro. Nivel 3: con cargador colocado, cargado y sin seguro” para situaciones de eventual peligro.
No obstante, el texto de Defensa aclara que queda prohibido "el uso de armas en contra de vehículos o personas sospechosas que huyan o traten de huir de un puesto de control, acceso a instalaciones, recintos o destacamentos, aun existiendo sospechas fundadas de un acto ilícito".
La medida apunta a fortalecer la seguridad en las zonas fronterizas, en línea con la política de "orden y control" que impulsa el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, ya genera debate en sectores políticos y organizaciones de derechos humanos.