Tras lo anunciado la semana pasada, finalmente hoy el Gobierno nacional declaró “sujeta a privatización” a la compañía Aerolíneas Argentinas S.A. a través del decreto 873/2024, argumentando que la situación financiera de la empresa es “insostenible”. De esta manera, acelera el proceso y posterior debate en el Congreso (le da trámite prioritario), donde debe debatirse la venta. La propuesta apunta, entre otros argumentos, a que los argentinos “dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente”, tras los sucesivos paros.
En específico, la declaración del Poder Ejecutivo de que una compañía es “sujeta a privatización” le asigna trámite parlamentario de preferencia a la cuestión.
El decreto de Javier Milei, basado en la Ley N° 23.696 y publicado este miércoles en el Boletín Oficial, menciona que la estructura descentralizada heredada por la actual gestión incluye más de 60 empresas estatales y sostiene que Aerolíneas registró pérdidas recurrentes, cubiertas solamente con fondos públicos.
En los considerandos, se indicó que la empresa cuenta con una dotación de 1.107 pilotos de línea para 81 aeronaves activas, lo que representa una relación de aproximadamente 14 pilotos por cada avión operativo, “un número desproporcionado con relación a los estándares de la industria a nivel mundial”.
“Los pasajes gratis en clase ejecutiva que reciben los pilotos y su grupo familiar, la disponibilidad de pasajes sin costo a favor de 2 familiares o de 1 acompañante para los días festivos en los que deban trabajar, el pago de suplementos en dólares estadounidenses a los pilotos y grandes descuentos para el personal jubilado, entre otros”, dice la normativa.
La norma indica que desde su reestatización en 2008, la compañía recibió aportes del Tesoro Nacional por aproximadamente 8.000 millones de dólares.
Entre los motivos de la privatización, se menciona la necesidad de adecuar la gestión de la empresa a los estándares del mercado global, señalando ejemplos como Air Canadá, Qantas y Lufthansa, que no cuentan con una participación significativa del Estado.
Además, se subraya que, en un contexto de alta pobreza y crisis económica, los limitados recursos fiscales deben destinarse a atender a los sectores más vulnerables.
El proceso de privatización se enmarca en los mecanismos previstos por la Ley N° 23.696 de 1989 (Reforma del Estado del menemismo), que contempla la venta de activos o acciones de la empresa. Según el DNU, se busca que Aerolíneas opere bajo criterios de eficiencia comercial, reduciendo la carga financiera sobre el Estado y promoviendo la competencia en el sector aéreo.
El Poder Ejecutivo podrá optar por materializar la privatización por medio de: “la venta de los activos de la empresa, como unidad o en forma separada; la venta o colocación de acciones, cuota partes del capital social o de establecimientos o haciendas productivas en funcionamiento; la locación con o sin opción de compra; la administración con o sin opción de compra; la concesión, licencia o permiso; o por la combinación de las modalidades mencionadas, entre otras”.
En simultáneo, avanzan en el Congreso dos proyectos de ley sobre la privatización de Aerolíneas. Uno de ellos fue presentado por el diputado del PRO Hernán Lombardi y el segundo fue propuesto por la Coalición Cívica. Primero debe conseguirse la sanción en el Congreso.
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