La tensión electoral ya se vive en la Argentina, pero hay un espacio que está explícitamente en campaña: el Consejo de la Magistratura de la Nación.
El órgano que selecciona y controla a los jueces va a elecciones para renovar sus integrantes el 18 de octubre. En el caso de los abogados, que tienen cuatro asientos, la votación será de 35 mil personas en todo el país.
Por eso vino a Mendoza hace poco Héctor Recalde, el candidato principal del kirchnerismo en esta categoría. Y por ello también esta semana pasó por la provincial Miguel Piedecasas, quien acaba de quedar proclamado como el líder de la lista que avala Juntos por el Cambio.
Este letrado santafesino ya pasó por el Consejo (2014-2018) y lo presidió incluso. Asegura que su lista refleja el modelo que defiende la independencia de la Justicia y la lucha contra la corrupción.
Piedecasas tira también un dato contundente para cuestionar la situación actual: en los últimos cuatro años no se ha impulsado ningún enjuiciamiento en el consejo. Y critica con dureza el proyecto de ampliación de la Corte nacional: “Forma parte del plan de hostigamiento del Gobierno”, asegura.
-Parece que el proceso de definición de candidatos fue bastante convulsionado.
-No, yo diría que fue un proceso muy similar al de 2014 con un final de ciclo político en Argentina, con la proximidad de un nuevo gobierno nacional. Hay dos modelos de Justicia en juego que necesitan actores importantes y comprometidos. Este es un modelo de independencia, modernización de la Justicia y auditorías en materia de corrupción. Enfrente tenemos otro modelo que lo encarna Héctor Recalde, que es un hombre del oficialismo. Y él lo dice claramente: representa el otro modelo y cuestiona a la Corte. Los abogados son el único estamento que representa por miles. La única que tiene una elección trascendente es la abogacía argentina, en la que van a intervenir 35.000 abogados y abogadas de todo el país. Es una elección nacional con padrón único y va a anticipar lo que puede ocurrir con lo político-institucional de la Argentina.
-Tiene un acuerdo con Alberto Maques en su lista. Él va de suplente y si ganan cada uno tendrá la mitad del mandato.
-Antes había un padrón del interior y uno de Capital, después se unifico. Entonces nosotros consideramos absolutamente lógico que el mismo espacio de la abogacía del interior y la Capital compartiéramos el mandato. Esto establecimos con el doctor Ricardo Gil Lavedra que para nosotros es la representación.
-¿No hay trauma con eso?
-Noooo, era la salida, la única manera de representar a los dos es compartir. Trabajamos en equipo. Nuestra etapa en el consejo fue exitosa: se elevaron 309 ternas, se enjuició a diversos magistrados y otros renunciaron, como (Norberto) Oyarbide, cuando estábamos tramitando la acusación. Eso fue en 2016, 2017 y 2018, cuando fui presidente, vice y presidente otra vez.
-¿A qué atribuye la polémica y los cuestionamientos que ha tenido el Consejo de la Magistratura?
-El Consejo tuvo buenas y malas épocas. La Justicia Federal tiene 988 cargos y 300 vacantes. Por año se producen 50 vacantes. Si no produce ternas iguales o mayores a 50 va quedando un pasivo. En el periodo anterior a nosotros elevó 45 ternas, dejando un pasivo de 155 ternas. Y el consejo posterior a nosotros no han llegado a 80 cargos en cuatro años.
-¿El principal déficit de la Magistratura es que no genera ternas?
-La principal crítica es que no eleva la cantidad de ternas necesarias para cubrir las vacantes.
-¿Por qué no las eleva?
-Hay que volver al ritmo de 2018, cuando habíamos logrado mucho compromiso, diálogo, consenso y transparencia. Habíamos logrado un momento político-institucional bueno. Elevamos 163 ternas en 10 meses, entre fines de 2017 y 2018. Esa fue la mejor época del Consejo.
-Pero no incide el Consejo después de elevar la terna…
-Hay tres responsables de no cubrir las vacantes. El consejo que no eleva ternas suficientes, el Poder Ejecutivo que las manda tardíamente o nunca y el Senado que las tiene ahí guardadas hasta que se decide a prestarles acuerdo. Estas dos (Ejecutivo y Senado) deberían regularse por ley y poner plazos para designación y acuerdo. Debería reglamentarse un plazo razonable.
-¿Cuántas de esas elevaciones no se completaron?
-Son muchas las que están dando vueltas. Un montón. Además, este gobierno retiró los pliegos. Nosotros a Mendoza la dejamos completa: cámara y juzgados vacantes. En otras jurisdicciones nos quedamos en deuda. Rosario tiene 40% de vacantes con los problemas que tiene de criminalidad organizada. Uno de los grandes objetivos es ocuparse de Rosario.
-¿Se generan tensiones con el manejo presupuestario con la Corte?
-Cuando fui presidente tuve toda la colaboración de la Corte y el Ministerio de Justicia. No puedo decir nada. Cuando el consejo logró ese pulso de trabajo las discusiones no eran por las ternas ni por los fondos, se habían centrado más que nada en los enjuiciamientos que estábamos llevando adelante. El primer caso fue Axel López, el segundo fue (Néstor) Montezanti, camarista federal de Bahía Blanca, el día de la sentencia le aceptaron la renuncia. El tercero fue (Raúl) Reinoso de Orán, que está preso por vinculaciones criminales. Cuarto caso fue el de (José) Charlín, que tuvo una condena penal de cinco años por abuso de autoridad y otras cuestiones y el último la destitución de Eduardo Freiler en 2017. Se dio 6 a 1 la votación.
-Ese fue el último enjuiciamiento del periodo de ustedes...
-No, fue el último del Consejo.
-O sea que en el gobierno de Fernández no hubo enjuiciamientos a jueces.
-No hubo.
-¿Por decisión política?
-No sé por qué, son datos duros. Nosotros tuvimos cinco enjuiciamientos y varias renuncias, pero en este periodo hubo cero. Las conclusiones, que las saque el analista. Es un órgano complejo la Magistratura pero es una mesa virtuosa. Está el presidente de la Corte, cuatro senadores, cuatro diputados, el representante del Ejecutivo, la magistratura, la abogacía, están todas las partes. Hay que hacerlo funcionar.
-En Mendoza una discusión por el funcionamiento de la Corte provincial.
-Yo tengo un buen concepto de la Corte de Mendoza, de la de Buenos Aires, y del tribunal superior de Córdoba. Estoy de acuerdo en cualquier procedimiento que garantice la transparencia absoluta en la asignación de causas. No conozco el proyecto ni la nueva reglamentación. Pero voy a estar de acuerdo con todo lo que haga a evitar el forum shoppig. El forum shopping nunca es bueno para sociedad o la Justicia.
-¿En el consejo es una influencia negativa la política partidaria?
-Pretender colocar al Consejo de la magistratura bajo la subordinación de intereses políticos partidarios le hace daño al consejo y a la república.
-Existe ese riesgo en el consejo.
-Requiere un fuerte compromiso de sus integrantes. No vamos a la Magistratura a direccionar su funcionamiento.
-Qué opina del proyecto de ampliación de la Corte nacional.
-Es total y absolutamente contraria. No reconoce antecedentes en el modelo institucional, que es Estados Unidos, y en el que hay 9 miembros. Nosotros tenemos 5 miembros muy razonablemente. El Gobierno no ha demostrado la capacidad para cubrir un cargo vacante. No hay un solo modelo provincial que tenga tamaña cantidad de miembros. Además, nadie explica por qué va a ser más eficiente una corte con 15 miembros que una con 5. Y nadie explica quién va a pagar la enorme erogación de hacer tres veces mayor la Corte, en momentos de una crisis económica casi terminal. Lo creo inoportuno e inadecuado, todo forma parte de un plan de hostigamiento a la Suprema Corte, desvirtuando los roles. Así como ha aparecido el Poder Ejecutivo Nacional arrogándose funciones jurisdiccionales, diciendo cómo se debe resolver una causa, lo que está prohibido por la Constitución, y así como hay intentos de condicionar a la Justicia con reformas que no tienen fundamento, esto es lo mismo. Es un intento de agregarle un elemento político perturbador que pretende afectar la independencia del Poder Judicial y en particular de la Corte.
