Rodolfo Suárez espera por el depósito de la cuarta cuota para Portezuelo del Viento, también tironea y afloja con la Casa Rosada por fondos de todo tipo para enfrentar la crisis generada por la pandemia, pero tomó una decisión importante: se le plantará al Gobierno nacional por dos causas de gran envergadura en las cuales se está trabajando y que reportarían a la Provincia, de ganar en la Corte Suprema, unos 200 millones de dólares.
El planteo por las regalías eléctricas obtenidas a partir de la generación de Nihuil I, II y III, para no compartirlas con La Pampa, data de los años ’70 y representa un monto importante para la Provincia. En 2014 se hablaba de U$S 116 millones, pero actualizado a estos días es bastante más alto.
El otro reclamo es más cercano en el tiempo, pero no por eso menos importante. Una decisión del entonces presidente Mauricio Macri dejó a todas las provincias sin el dinero que repartía el Fondo Federal Solidario (conocido como Fondo de la Soja). Fue a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial el 15 de agosto de 2018. No fueron pocas las demandas que recayeron en la Corte Suprema de la Nación -una de las pioneras fue Chubut- y antes del 15 de agosto llegará la de Mendoza por U$S 75 millones.
Desde el Gobierno provincial indicaron a Los Andes que ambas demandas se van a interponer en el tiempo oportuno, es decir a la brevedad. Primero se irá por el dinero que se dejó de recibir luego del DNU de Macri y semanas después, por las regalías compartidas con La Pampa.
Para ello, tanto la Asesoría de Gobierno, a cargo de Ricardo Canet, como la Fiscalía de Estado, con Fernando Simón a la cabeza, están terminando los borradores. El hecho se cristalizará cuando el mandatario provincial firme el decreto de instrucción para avanzar en las acciones legales que se presentarán ante la Corte.
Casi un mes de sueldos
El Fondo Federal Solidario que recibían las provincias provenía de las retenciones del 30% de las exportaciones de granos de soja y del 27% de harinas y aceites de soja.
Mendoza recibió $ 764.034.587 en 2017 . “La finalidad solidaria proviene del reparto de recursos de origen nacional para reforzar los presupuestos destinados a infraestructura en cada una de las provincias y municipios adherentes”, afirmaba la página del Gobierno luego de su constitución.
En 2018, la Provincia debía recibir $ 944 millones, pero sólo llegaron 659 millones. O sea que se perdieron 285 millones. Para 2019 se contaba con $ 708 millones que no llegaron. El número bajaba porque, progresivamente, la Nación reducía el porcentaje de retenciones a la soja.
En aquel momento, la administración de Alfredo Cornejo indicó que si bien hubiesen querido seguir recibiendo esos recursos, la decisión nacional no tendría un gran impacto en las cuentas porque “no incide mucho en un presupuesto de obras públicas por $ 8.200 millones”. Hubo rezongos por parte de los intendentes justicialistas y resignación de los oficialistas.
Ahora, con la decisión de Suárez, el reclamo se sustenta en lo que hubiera percibido Mendoza de no haberse eliminado el fondo. La suma que se transcribirá en el escrito final es cercana a los $ 5.500 millones de pesos (U$S 75 millones), que equivale a la mayor parte de la nómina salarial de los estatales para julio, valuada en unos $ 7 mil millones.
“El Fondo de Soja son recursos propios de la Nación que en su momento se decidió repartir con las provincias por decreto. Eso fue ratificado por ley del Congreso e incorporado en los pactos fiscales, con lo cual ya no se podía eliminar por un decreto. En ese sentido creemos que el decreto que lo eliminó tiene vicios de inconstitucionalidad”, explicó a este diario el fiscal de Estado.
Simón recordó que son muchas las provincias que ya han iniciado la demanda, pero que aún no hay fallos de la Corte al respecto.
El 15 de agosto próximo, dos años después de la publicación del polémico decreto, existe el riesgo de prescripción y por eso se ha decidido avanzar en las presentaciones. Hay algunos pasos administrativos previos, pero la decisión final depende de los insondables tiempos de la Corte.
Un reclamo de casi 50 años
La distribución de la regalías eléctricas que recibe Mendoza, por las generadoras Nihuil I, II y III se comparte con La Pampa, es otra de las demandas que encarará Suárez.
Para entender el pleito hay que remontarse a 1973, cuando el gobierno militar de Alejandro Lanusse decretó la igualdad de ingresos entre ambas provincias. Este capítulo refrescará las disputas con La Pampa.
El 2 de febrero último, Los Andes publicó que Mendoza estaba en condiciones de reclamar el cobro del total de las regalías, así como también una compensación por lo no percibido. El monto aún no está calculado, aunque a 2014 eran unos U$S 116 millones ($ 8.700 millones a la cotización del viernes) y debe actualizarse.
Las regalías se comparten con la vecina provincia de acuerdo a lo que se denomina “criterio del río” y el plan de Mendoza es solicitar que se reemplace por el “criterio de fuente”.
Este planteo se basa en los antecedentes de Chaco, Buenos Aires y Santa Fe contra las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, resueltos en 2003, cuando se avaló el criterio de la fuente hidroeléctrica dejando en manos de la provincia que cuenta con las generadoras el total del dinero en concepto de regalías.
