El gobernador Rodolfo Suárez, durante sus cuatro años de gestión, interpuso distintas acciones judiciales contra el Gobierno Nacional en la gestión de Alberto Fernández. Se reclama dinero y se tramitan en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Una de las primeras fue en el 2020 por la eliminación del Fondo Federal Solidario (conocido como Fondo Soja), especificando un monto de U$S75 millones. Ese mismo año avanzó por las regalías de Los Nihuiles que se comparten con La Pampa.
El año pasado ingresó la última demanda y fue por las modificaciones a la ley de Impuesto a las Ganancias que le implicaron a la Provincia un perjuicio económico de casi $8.000 millones. Hay poco movimiento, pero si alguno sale favorable a Mendoza, será el presidente Javier Milei el que desembolse los fondos a las arcas que administra Alfredo Cornejo.
Pasan las gestiones y quedan las demandas, podría decirse. El ex gobernador Suárez avanzó con varias acciones judiciales que involucraron al Poder Ejecutivo nacional directamente o algún organismo dependiente. Terminado el mandato no tuvieron grandes movimientos y quizás podrían tenerlo durante estos cuatro años, o quizás en los próximos, quién sabe.
El reclamo por una decisión de Macri
En agosto del 2018, el entonces presidente Mauricio Macri eliminaba por un Decreto de Necesidad y Urgencia el Fondo Federal Solidario conocido como Fondo Soja. La conformación de esta “caja” provenía de las retenciones del 30% de las exportaciones de granos de soja y del 27% de harinas y aceites de soja. Lo había creado Cristina Fernández en 2009 y Macri lo mantuvo hasta el 2018.
Mendoza recibió $764.034.587 en 2017. En 2018, la Provincia esperaba $944 millones, pero sólo llegaron $659, perdiéndose $285 millones. Para 2019, se contaba con $708 millones que no llegaron. El número bajaba porque, progresivamente, la Nación reducía el porcentaje de retenciones a la soja.
Provincias peronistas avanzaron contra la medida y fueron a la Corte. En aquel momento, la administración de Alfredo Cornejo indicó que si bien hubiesen querido seguir recibiendo esos recursos, la decisión nacional no hubiera tenido un gran impacto en las cuentas porque “no incidía mucho en un presupuesto de obras públicas por $ 8.200 millones”. Macri y Cornejo pertenecían al mismo espacio político a nivel nacional: Cambiemos.
Dos años después, en agosto del 2020, Suárez inició el reclamo que fue recibido por un presidente peronista: Alberto Fernández. El reclamo se sustenta en lo que hubiera percibido Mendoza de no haberse eliminado el fondo.
La demanda fue interpuesta por la Fiscalía de Estado y en ese momento fue acompañada por un informe del Ministerio de Hacienda y Finanzas. El cálculo que había hecho el entonces ministro Lisandro Nieri era de U$S 75.140.619. Al valor del dólar oficial de hoy ($866,51) arroja una suma para nada despreciable: $65.110 millones.
Es cierto que en los consensos fiscales las provincias se comprometieron a suspender los procesos judiciales pero no a desistir de ellos. En la Fiscalía de Estado no hay constancias de desistimiento ni que la demanda haya sido cerrada. Incluso, un dictamen de la Procuración del Tesoro emitido en el 2021, hacía lugar a la competencia de la Corte para resolver el reclamo. No hubo más movimiento.
Otro conflicto con La Pampa
Las peleas con la vecina provincia no son solamente por las obras en las cuencas compartidas. También hay frentes judiciales por la liquidación de las regalías hidroeléctricas que generan Los Nihuiles I, II y III y que se comparten con La Pampa desde 1973.
Este caso es el único en el país en el cual, la provincia que tiene la “fuente”, es decir, donde se encuentra el salto de agua y se genera la energía, recibe sólo el 50% de las regalías. En el resto de las jurisdicciones que tienen embalses que generan energía, cobran el 100% de las regalías, por lo que para Mendoza, es un hecho que tarde o temprano ganará el juicio.
En este caso, la demanda no es contra La Pampa, sino contra el decreto 1.560/73 por el que Mendoza debía compartir -en partes iguales - las regalías por la generación hidroeléctrica en San Rafael.
Agustín Lanusse, ex presidente de facto, textualmente expresa que en los casos en donde “las fuentes hidroeléctricas se encuentren en ríos limítrofes entre provincias, o que atraviesen a más de una de ellas, este porcentaje del cinco por ciento (5%) se distribuirá equitativa y racionalmente entre ellas”.
Esta decisión fue cuestionada en 1977 por el entonces interventor Jorge Sixto Fernández amparándose en el artículo 43 de la Ley 15.336. En aquel momento el reclamo de Mendoza se hizo ante el Poder Ejecutivo Nacional y también ante la Corte. El máximo tribunal respondió que si se había elegido la vía administrativa, debía agotarse.
Lo cierto que es el periplo judicial del expediente tiene varios vericuetos pero recién en el 2020 se pudo ir a la Corte. Suárez interpuso la demanda pero dos años después actualizó el monto y redobló la apuesta: U$S 553 millones.
Los Andes intentó conocer el monto actualizado, pero no tuvo respuesta por parte del Gobierno provincial. A modo de referencia, porque se desconoce si son más dólares que los reconocidos hace dos años, el número es de $479.180 millones. Surge de pesificar esa suma dolarizadas al valor oficial de la divisa.
Todo se podría haber resuelto antes, e incluso disminuir el monto del reclamo, si algún presidente derogaba el decreto de Lanusse. Ni Cristina Fernández ni Mauricio Macri ni Alberto Fernández lo hicieron. Al referente del Pro le enviaron un pronto despacho para que resolviera, pero nunca lo hizo.
La nueva demanda de mayo del 2022, encabezada por la Fiscalía de Estado, a cargo de Fernando Simón y del asesor de Gobierno, Ricardo Canet, también consiguió la luz verde de la Procuración del Tesoro (al igual que la primera que no había tenido movimientos).
Es decir que consideró que la Corte Suprema tiene competencia originaria para resolver este caso, por lo que “no se ha perdido tiempo, y se ha actualizado el monto”, señaló el Fiscal de Estado en ese momento.
Ganancias, la más reciente
La tercera demanda que el Gobierno provincial llevó a la Corte Suprema de Justicia en la era Suárez fue por la pérdida de $7 mil millones de coparticipación sólo para lo que quedaba del 2023 por la modificación del Impuesto a las Ganancias, primero por decreto y luego por una ley.
Ambas normas fueron motorizadas por el entonces ministro de Economía y ex candidato presidencial, Sergio Massa. Todo surgió de un acuerdo con la Confederación General del Trabajo (CGT).
En la demanda, se hace referencia a los montos de noviembre y diciembre que perdió la provincia porque el impuesto es coparticipable. A menos recaudación, menos derrame a las jurisdicciones. En noviembre la pérdida estimada fue de $4.083 y en diciembre, de $3.616 millones, lo que suma $7.699 millones según se transcribió en la demanda.
En las oficinas del Gobierno provincial ya hay una previsión para este 2024 a la espera de que se restituya la normativa tal como estaba antes. Si todo sigue igual, creen que la pérdida será de $170.000 millones.
¿Mucho o poco?
Si se suman los montos de las tres demandas, el monto en juego al momento es de casi $552.000 millones. Teniendo en cuenta la proyección presupuestaria del Instituto Provincial de la Vivienda para el 2024, se expuso una pauta de gastos por $62.671 millones destinado a soluciones habitacionales.
Es decir que el monto pesificado de los reclamos mendocinos implica multiplicar por nueve la pauta de gastos para viviendas. En octubre del año pasado, María Marta Ontanilla cuando se desempeñaba como titular del IPV, se ilusionaba con la proyección para el 2024.
“Ahora tendremos $62.671 millones a ejecutar en el próximo año con 7.952 soluciones habitacionales y 4.367 mejoramientos de viviendas. De esta manera, se proyecta entregar 6.165 soluciones habitacionales y 1.378 mejoramientos durante 2024″, explicó la ahora ex funcionaria.
