En estos últimos días el presidente Alberto Fernández ha entrado en el ojo de la tormenta por visitas que se realizaron a la Quinta de Olivos. Primero se cuestionó las libertades que se tomó Fernández durante la cuarentena, pero luego entró en discusión un asunto más serio: el provecho que le habrían sacado algunos, que después consiguieron jugosos negocios con el Estado. También estuvo en la polémica el ex presidente Mauricio Macri, por reuniones con magistrados también en Olivos vinculados en causas contra el kirchnerismo.
Al margen de la situación nacional, en Mendoza han habido intentos en la Legislatura para discutir la regulación o transparencia de la “gestión de intereses”, también conocido como “lobby”. Pero los proyectos duermen en comisiones. Desde el oficialismo, en tanto, aseguraron que la intención es tratar el tema en el recinto, pero sería recién luego de las elecciones.
Los diputados Guillermo Mosso (demócrata en Cambia Mendoza) y Mario Vadillo (Ciudadanos por Mendoza) presentaron proyectos -similares pero que contienen algunas diferencias - en octubre del 2020 para regular esta actividad en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero por ahora están cajoneadas en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, y la idea del radicalismo es darle espacio recién luego de los comicios. La excusa para no dar la discusión ahora es evitar que esto quede “entrampado” en la cuestión electoral.
Si bien es cierto que las visitas a Olivos se dieron a conocer por un pedido de Acceso a la Información Pública por parte de periodistas, a nivel nacional rige un Decreto de Necesidad y Urgencia que regula la publicidad de gestión de intereses (1172/2003).
En tanto, Mendoza cuenta con una ley de Acceso a la Información Pública (9070) y es una de las provincias “más avanzadas en transparencia”, según opinó a Los Andes Gabriel Balsells Miró, titular de la Oficina de Ética Pública. No obstante, marcó que “todo lo que implique transparentar aún más la gestión pública es una buena noticia para la provincia. De hecho, hasta el momento se han respondido el 98% de todos los pedidos realizados ante esta oficina”, explicitó.
Para el ex legislador “es positivo asegurar la transparencia en la toma de decisiones, especialmente en las decisiones legislativas, porque hace que todos los actores participen”, y destacó que si bien en la ley 8993 se alerta sobre posibles conflictos de intereses, “sería importante tener un registro de lobistas, pero no con un proyecto sobreactuado porque el lobby es una actividad legítima en muchos países”.
También destacó que la iniciativa se podría anexar con la ley de acceso a la Información Pública, ya que se utilizaría el sistema ticket, que es el mismo que se usa para el pedido de información. “En cualquier democracia sería una buena noticia tener una ley que regule el lobby, porque asegura la transparencia en la toma de decisiones”, acotó.
En tanto, Vadillo y Mosso dijeron a Los Andes la pandemia del coronavirus contribuyó a que se dejaran de lado estas iniciativas que buscan generar una mayor transparencia en los poderes públicos de Mendoza.
“Estamos hablando de la necesidad de reglamentar una actividad que ocurre en Mendoza como en todo el mundo. Es importante que se sepa con qué dirigentes o empresarios se reúne tanto el gobernador como cualquier funcionario, legislador o concejal”, destacó Mosso, quien añadió que en los próximos días buscará reimpulsar la iniciativa.
El legislador señaló que su proyecto se basa en otras experiencias internacionales, como es el caso de Chile, y que permitiría conocer y regular las reuniones que se tienen desde el sector político con empresarios, dirigentes o los naturalmente “lobistas”. “Se apunta a poner o tipificar las figuras intervinientes en un registro. Que se sepa en qué circunstancias se realizan de ahí que queden reflejados”, añadió.
La propuesta de Mosso abarca a todos los funcionarios del poder de turno, tanto del Ejecutivo como del Legislativo y Judicial, y expresó que es “adicional a todas las medidas que mejoran la transparencia, porque suma valor para evitar el tráfico de influencias”.
Por parte de Vadillo, señaló que el caso de las visitas a Olivos “también se podrían replicar acá con los ingresos a la residencia del Gobernador” con la ley 9070, pero destacó que el tema de regular el lobby “tiene más que ver con la obligación de informar las reuniones que se tienen y los intereses que guardan aquellos que piden audiencias con los funcionarios de turno”.
“Una cosa es recibir a un amigo, pero ¿acaso el pueblo mendocino no tiene derecho a conocer si se reúne un gobernante de turno con un representante de una empresa que tiene sus propios intereses? Se sabe que los funcionarios tienen temas a su cargo que pueden cambiar criterios y favorecer a estas empresas. Deberían estar registradas”, comentó.
Por otro lado, el proyecto de Vadillo agrega a las reuniones presenciales, la necesidad también de registrar las reuniones virtuales. “No sirve de nada tener el registro físico cuando la misma persona se puede comunicar por ‘Zoom’”.
En tanto, la iniciativa del precandidato a diputado nacional por el partido Verde abarca a todos los funcionarios públicos que abarca la Ley de responsabilidad en el ejercicio de la función pública, es decir quienes informan también sus declaraciones juradas a la oficina de Ética Pública.
El oficialismo no le da la espalda pero lo posterga
El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, comentó que ha estado trabajando en el proyecto junto a Mosso y a la legisladora -también radical – Daniela García.
Según Lombardi, es necesario “romper con el prejuicio de la palabra lobby” y consideró que lo mejor para eso es que esté transparentado en Mendoza. “Si sos intendente y vecinos de un barrio van a solicitar que asfaltes una calle, ¿eso no es lobby?”, se preguntó, al comparar diferentes escenas o situaciones del también llamado “cabildeo”.
El legislador indicó que la provincia debe avanzar en la regulación de este aspecto, y si bien este tema no está hoy en agenda política, propondrá avanzar luego de las elecciones. “Sin dudas es un tema a tratar, pero hoy se embarraría con las elecciones y la campaña electoral”, opinó.
“Hay un prejuicio al lobby que es lo que hace que la clase política sea reticente y tenga temor. Pero tenemos que terminar con ese miedo infundado”, marcó el radical, y apuntó que la idea consta en “registrar las audiencias que uno tiene y también de conocer los factores de interés individuales y sectoriales que operan en la sociedad”.
Por último, expresó que Mendoza daría un paso adelante con la transparencia “que tanto se ha pregonado, con leyes como la de Acceso a la Información Pública, las presentaciones de las declaraciones juradas de los funcionarios e incluso la ley de Ficha Limpia”.
Proyectos
Con respecto a la iniciativa de Mosso, establece en primer lugar que los sujetos obligados de dar información respecto a la publicidad de la gestión de intereses abarcan los tres poderes del Estado.
En tanto, el artículo 8 marca que “cada uno de los sujetos obligados llevará el registro de las audiencias de gestión de intereses que haya mantenido, de modo planificado o incidental” y se deberá informar el lugar de la audiencia, o si se mantuvo de manera remota; la fecha y hora; el nombre de quienes la solicitaron y de quienes asistieron a ella; el nombre o razón social de la persona cuyos intereses se gestionaron, o si se trataba de intereses colectivos o difusos; y finalmente una síntesis del contenido de la reunión.
También establece en el artículo 11 que los sujetos obligados que incumplan la ley “serán sancionados según corresponda, conforme a la normativa vigente en materia de responsabilidad disciplinaria, administrativa, civil o penal”.
En tanto, la iniciativa de Vadillo establece la creación dentro de los registros de las declaraciones juradas, uno de agenda política, lobby o gestión de intereses, que contengan las solicitudes de audiencias, datos del solicitante; intereses que se invocan; participantes de la audiencia; lugar, fecha, hora y objeto de la reunión; síntesis del contenido de la reunión y constancias de las audiencias efectivamente realizadas.
También sostiene que los sujetos obligados deberán informar “reuniones personales o virtuales, e incluir los datos de informes, estudios o documentos presentados a los funcionarios por los miembros solicitantes de la reunión o audiencia con carácter de declaración jurada”
