El Gobierno provincial tomó la decisión de llevar a la Corte Suprema de Justicia el planteo por la cesión de tierras que dispuso la Nación a comunidades autopercibidas mapuches en más de 21.500 hectáreas distribuidas por los departamentos sureños de Malargüe y San Rafael. Desde la gestión de Rodolfo Suárez se manifestaron en contra de esta medida, entendiendo que no corresponde, pero que tampoco se consultó al Estado local sobre esta acción. Además aseguran que “nunca existieron mapuches” en el territorio mendocino.
La decisión de avanzar directamente a la vía judicial, que está en plena preparación y será presentada con fecha a definir, es una consecuencia de una serie de medidas y recursos administrativos que planteó en su momento la Provincia -en el mes de febrero- pero que no tuvieron respuesta por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo que firmó la cesión de los terrenos.
Entre los planteos realizados por el Gobierno, que fueron tres, se encontraba un pedido de pronto despacho, con la intención de recibir una respuesta rápida por parte del organismo nacional, para que diera marcha atrás a la medida, que causó fuertes polémicas tanto a nivel local como también nacional.
El trabajo de “defensa de los intereses del Estado” ha sido encarado por el ministerio de Gobierno, que ha encomendado a Asesoría de Gobierno, comandado por Ricardo Canet; y Fiscalía de Estado, con Fernando Simón a la cabeza.
Para ser precisos, se presentará un planteo de nulidad de la medida tomada por el INAI (dictado las Resoluciones nacionales Nº 36, 42 y 47) conforme al artículo 25 de la ley 19.549, y subsidiariamente la inconstitucionalidad por el artículo 322 del Código Procesal Civil Federal, expresaron a Los Andes.
La resolución 36, firmada el 19 de enero, otorga 21.370 hectáreas a la comunidad Lof El Sosneado, ubicada en la localidad homónima de San Rafael; mientras que la resolución 42, también del 19 de enero, otorga 3.584 metros cuadrados a la comunidad Lof Suyai Levfv, también en Los Molles.
En tanto, el juez federal Eduardo Puigdéndolas detuvo en abril la entrega de 4.777 hectáreas en la zona de Los Molles (resolución 47 del INAI), que había fijado el reconocimiento de la “ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Lof Limay Kurref, perteneciente al Pueblo Mapuche”, por lo que esta resolución deviene en abstracto.
El fallo resultó a favor de la empresa Nieves de Mendoza SA, que había solicitado en marzo pasado la nulidad de la resolución del INAI, al plantear que era “la titular registral desde el año 2.000 del inmueble sobre el que recayó la resolución atacada” y sostuvo que ésta abarca “4.477 hectáreas dentro del inmueble ‘El Álamo’ de dominio de la reclamante”.
La Corte Suprema como salida inevitable
El planteo a la Justicia por parte de Mendoza se veía venir, teniendo en cuenta que desde el Poder Ejecutivo percibían que no se realizaría algún tipo de marcha atrás por parte del INAI, o una decisión del propio Gobierno Nacional, teniendo en cuenta sobre todo los antecedentes de los conflictos entre ambos gobiernos, los cuales no tienen una buena relación por ser de distintos colores políticos.
De hecho, particularmente en este tema, Suárez había adelantado que seguramente terminaría con esta vía. “Es la Corte Suprema quien resuelve los conflictos sobre ocupación de inmuebles por pueblos originarios”, comentó a diario Clarín el pasado 10 de febrero.
No obstante, en las presentaciones firmadas por Suárez marcaron que el INAI dictó resoluciones “sin contar con informes dominales del Registro de la Propiedad” y sin haber hecho parte a Mendoza en lo referente a dictámenes, informes y conclusiones que desembocaron en las tres resoluciones.
También mencionaron que dichas resoluciones de la INAI “desconocen decisiones adoptadas por los Tribunales Provinciales, que han evaluado la situación de las comunidades y han concluido en la inexistencia de posesión u ocupación actual, tradicional y pública de los terrenos en conflicto”.
En este sentido, Suárez agregó que “las sentencias judiciales provinciales están mencionadas en los expedientes, pero expresamente se reconoce que no han sido compulsadas en su totalidad, ni se han solicitado e incorporado a las actuaciones administrativas”, marcó.
Los recursos administrativos y justificaciones
Recordemos que Mendoza, como antesala a lo que hará con la Corte Nacional, presentó el 10 de febrero de este 2023 tres recursos de reconsideración en contra de las resoluciones del INAI, que servirán de base para el planteo de nulidad ante el máximo tribunal de Justicia.
En este sentido, con los recursos, el Gobierno decidió apuntar contra “todas las irregularidades de las resoluciones”, entre las que agruparon el avance en las mismas " la debida intervención de la Provincia”; así como también “la ausencia de facultades del INAI” para reconocer ocupación de tierras a las comunidades y planteos históricos sobre la “inexistencia de presencia histórica de mapuches” en el territorio provincial.
Además, agregaron que en todo el proceso se cometieron “vicios” en los actos administrativos, como por ejemplo la competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación y finalidad.
“Las resoluciones deben resultar nulas, de nulidad absoluta e insanable e ilegítimas, motivo por el cual deben ser dejadas sin efecto por el organismo que las dictó”, dice uno de los documentos. Además, han expresado que la resolución se tomó con una “evidente falta de rigor científico”.
Los activos en las tierras
Por otro lado, desde el Gobierno remarcaron que en las zonas “cedidas” hay activos con pozos de crudo no convencional en el lado mendocino de la formación Vaca Muerta, al sur de Malargüe.
Desde el Gobierno aclararon que en ese lugar “se está desarrollando una inversión millonaria para actividades de exploración y producción por parte de YPF”. “Sobre las áreas reconocidas existen dos que están comprometidas con actividad petrolera: una que cuenta con 23 pozos en El Sosneado. El operador de esa área es Emesa -empresa cuyos accionistas son la Provincia de Mendoza y sus municipios- y su objetivo es incrementar el valor de los activos energéticos”, aseguraron. En tanto, en la otra, también están incluidos 30 pozos, la cual es, según el Ejecutivo, un área “en crecimiento de actividad petrolera”, en la formación Vaca Muerta.
Por otro lado, es importante recordar que la Legislatura aprobó un proyecto de Resolución en el cual se expresó que los mapuches “no deben ser considerados pueblos originarios argentinos” y manifestó su “repudio al Decreto nacional 805/21″ que suspende los desalojos, así como “preocupación” por el procedimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en torno al conflicto mapuche en la provincia.
Mendoza aún no acciona contra el Banco Central por los dólares para pagar la deuda
Por otro lado, la provincia de Mendoza aún no presenta ante la Justicia algún tipo de medida con la que pueda torcer la resolución del Banco Central que, a través de la comunicación 7782, estipuló que las provincias sólo podrán acceder a la compra del 40% de los dólares para cancelar vencimientos de capital.
Desde la Provincia confirmaron a Los Andes que presentarán una acción de inconstitucionalidad para dar de baja a una medida polémica e inédita resuelta por el organismo que lidera Miguel Pesce. Sin embargo, todavía no se ha realizado ningún tipo de presentación en la Justicia.
No obstante, hay un buen antecedente para la gestión de Rodolfo Suárez, y es que Córdoba, que presentó una acción de amparo, ya tuvo un fallo favorable por el mismo tema.
Fue esta semana cuando la Justicia Federal ordenó que el Banco Central venda el 100% de los dólares que debe comprar la gestión de Juan Schiaretti para afrontar sus compromisos de deuda, que ascienden a los U$S 145 millones y que vencían este viernes.
La Provincia tiene que pagar U$S 60 millones en septiembre, de los cuáles U$S15 millones corresponden a intereses (para los que el Central si venderá a valor oficial por la totalidad), por lo que de los U$S45 millones restantes, Mendoza debería salir a comprar U$S27 millones en el mercado, por vía del dólar MEP o bolsa.
Esa operación cambiaria (obtener los billetes verdes vía dólar bolsa en lugar de oficial) le costaría al Gobierno unos 6.000 millones de pesos extra para cumplir con los acreedores.
