El Gobierno provincial volvió a manifestar su preocupación respecto a un artículo del Presupuesto 2023 que ha levantado polémica y discusión en varias provincias, en el cual establece como “solidariamente responsables” a las provincias sobre las deudas de las distribuidoras de energía eléctrica con la Compañía Argentina del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), ya que podrían retenerse recursos estatales para saldar dichas acreencias.
Si bien hubo cambios en la redacción del primer texto del artículo 90 del Presupuesto que presentó el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa; para Juntos por el Cambio y el Gobierno de Mendoza el problema “no se subsanó” ya que el artículo “sigue siendo inconstitucional” según su visión, y de igual manera se podrían comprometer recursos provinciales, que se retendrían de “convenios de transferencias presupuestarias de Nación”.
El ya conocido artículo 90 de la pauta de gastos del año que viene, fue uno de los principales debates que surgió en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, en la que el Frente de Todos obtuvo el dictamen para poder votar el proyecto el próximo martes.
Entre todas las distribuidoras que operan en Mendoza, las deudas con Cammesa superan los $13.000 millones, lo que ha alertado al Poder Ejecutivo, que sostiene que el texto es “inaplicable” porque si bien tiene acciones en las distribuidoras, no es la socia mayoritaria.
Reformas, pero no de fondo
A Juntos por el Cambio no le convencieron las reformas que hubo en el artículo 90, en el cual anteriormente se hablaba de retenciones de recursos directamente de la coparticipación federal de impuestos; y ahora eso cambió a los convenios de transferencias presupuestarias.
Según Carlos Heller, diputado del Frente de Todos que comanda la comisión de Presupuesto, sobre las deudas de Cammesa explicó que las provincias “tendrán que controlar el pago de sus prestadoras al mercado mayorista y tendrán seis meses (a partir de su aprobación) para acordar cómo se realizará el pago de las deudas que se podrán hacer hasta en 96 cuotas”, que equivale a 8 años.
Además se indica que la Secretaría de Energía establecerá una “unidad de medida de valor homogénea vinculada a transacciones por consumo que asegure el valor del crédito”.
“Vencido dicho plazo la Jefatura de Gabinete, a través del Ministerio de Economía, podrá retener de los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias suscriptos entre cada jurisdicción provincial y cualquier entidad del sector público” la suma que se adeude, pero con la aclaración de que “en ningún caso la retención podrá afectar la coparticipación federal de recursos fiscales”, mencionó Heller.
El artículo de la discordia
La discusión comenzó semanas atrás, cuando el principal espacio opositor conoció el artículo 90, en el cual se informaba que la Nación podría retener fondos en los “convenios de transferencias presupuestarias suscriptos entre cada jurisdicción provincial y cualquier entidad del Sector Público Nacional”, ya que las provincias actúan como “solidariamente responsables” dado el “carácter de servicio público” tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica.
El artículo pone en consideración una deuda multimillonaria de las distribuidoras de todo el país con Cammesa, que asciende a los $500.000 millones, de las cuales buena parte corresponde a Edenor ($ 112.000 millones) y Edesur ($ 116.000 millones).
En Mendoza, tal como se informó el 23 de septiembre, las principales distribuidoras eléctricas, que son Edemsa, Edeste SA y la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, adeudan a la Compañía un monto que ronda los $13.700 millones entre las tres.
Desagregado, corresponde a Edemsa una acreencia de $11.344,5 millones. Para Edeste SA, el saldo acumulado es de $1.623,3 millones; mientras que la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz también aparece en el listado, con una deuda de $735,4 millones.
Críticas opositoras
Natalio Mema, secretario de Servicios Públicos, consideró a Los Andes que el artículo, incluso luego de los cambios fijados, “es inconstitucional y de imposible aplicación”.
El funcionario indicó de todos modos que Mendoza no tendría inconvenientes, debido a que las distribuidoras locales “no registran deuda corriente con Cammesa”. Respecto a los $13.700 millones de deuda, marcó que se trata de una “deuda vieja” en la cual las empresas “tienen la expectativa de solucionarlo con un plan de pago, tal como lo estipula el actual proyecto de presupuesto nacional y lo vienen incorporando los anteriores presupuestos también”.
No obstante, respecto a cómo se implementaría la retención del dinero, comentó también que “es incongruente”. “La realidad es no hacen lo que tienen que hacer”, acotó, y lanzó: “Que Cammesa ejecute sus deudas. Quieren hacer el camino fácil y hacer pagar a las provincias lo que no pagan ni les cobran a las distribuidoras”, agregó.
De la misma manera se manifestó el diputado nacional Lisandro Nieri, quien también la consideró “inaplicable” al sostener que en Mendoza hay una estructura societaria y “no pueden ir contra un accionista por algo que no cumple la sociedad, de la cual el accionista mayoritario es privado”.
“Hay puntos importantes a tener en cuenta, como por ejemplo el rol de Cammesa: ¿qué esfuerzos ha hecho para cobrar su deuda?”, se preguntó Nieri. Además, aclaró que la situación de Mendoza es “distinta” a la de por ejemplo Córdoba o Santa Fe, en las cuales las distribuidoras “son 100% estatales”. En el caso de Mendoza, el Estado tiene un 39% de las acciones de Edemsa y también de Edeste.
Sobre cuáles serían esas transferencias que podría dejar de percibir Mendoza si persistieran las deudas, desde el espacio opositor aventuraron que podrían ser tanto transferencias discrecionales o presupuestarias, como también recursos de fondos, como bien podría ser el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), por dar un ejemplo. “Nadie se animaría a hacerlo”, acotó el ex ministro de Hacienda.
En tanto, para la diputada radical Jimena Latorre, el Frente de Todos “sigue encabezando mal el problema y confundiendo la prestación del servicio concedido a privados con las provincias, y sigue manteniendo el término de ‘solidariamente responsables’”.
“Es un error conceptual muy importante. Es un contrato entre Cammesa y distribuidoras, y en derecho no se pueden compensar créditos o deudas de distintos sujetos que tienen distinto origen. Identificar al sujeto deudor, que son las distribuidoras, con las provincias, como si en todos los casos sean las distribuidoras empresas estatales, es un error garrafal”, finalizó la ex titular del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE).
La prórroga
Hay que recordar que, a la par de la disputa con la Nación por las deudas de las distribuidoras eléctricas con Cammesa, el Gobierno provincial trata de solucionar la que tiene con ellas desde hace largo tiempo atrás.
La suma alcanza los $70.000 millones y la estrategia consistiría en ampliar concesiones para saldarla.
“Trabajamos en un esquema de prorrogar las concesiones por 20 años más a cambio de toda la deuda que tenemos”, manifestó el Gobernador días atrás y aseguró que “la condición es no deberles un peso más”.
Por ahora, tras este anuncio de Suárez, no se han registrado avances, según dijeron fuentes oficiales a Los Andes.
