La Provincia deberá afrontar en este 2024 el pago de por lo menos unos $3.000 millones por 296 sentencias firmes que le salieron en su contra. El dato se desprende de un informe de Fiscalía de Estado, organismo que es el que se encarga de llevar adelante la defensa de los intereses de la Provincia.
Las causas con sentencia firme en contra del Estado corresponden a un corte entre el 1 de septiembre del 2022 hasta el 31 de agosto del 2023, informaron desde el organismo que lidera el Fiscal de Estado, Fernando Simón, y tiene que ver con la fecha estimada para entregar y solicitar los recursos en base a la discusión del Presupuesto en la Legislatura todos los años.
Según el registro de sentencias del período 2024 (serán pagadas este año), el total causas acumulan $818 millones para ser abonadas por el Estado. No obstante, en Fiscalía de Estado proyectan que terminarán pagando un monto que incluso podría ser superior a los $3.000 millones.
Esto es así ya que los montos de las sentencias son “nominales” y deben ser actualizados, al igual que los intereses, a través del coeficiente de las Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), tal como detalló a Los Andes el director de Coordinación de la Fiscalía de Estado, Pablo Frigolé.
“Este registro responde a la información de la sentencia de juicios que pueden haber llevado varios años o no. Podemos encontrar juicios cortos de hasta 3 años; y otros de más de 5 años; lo que difiere en los intereses. En el registro aparece el valor nominal que define la sentencia, pero hay que actualizarlo”, amplió el funcionario.
De esta manera, el Frigolé valoró el trabajo de Fiscalía de Estado, particulamente con el inicio de la gestión del fiscal Simón en 2015, donde se comenzó una senda de “regularización” del pago a tiempo de las sentencias en contra, con el objetivo de bajar los intereses, teniendo en cuenta que tarde o temprano, al ser sentencias firmes, el Estado debería terminar pagando -tarde y mal- sumas extraordinarias y mayores, o incluso sufrir embargos a bienes de propios.
De hecho, desde el organismo indicaron que años atrás incluso los propios mandatarios sufrían algún tipo de embargos en bienes por juicios no pagados a tiempo.
Fue el caso que le ocurrió al exgobernador Francisco Pérez en 2014, en donde el procurador Raúl Correa reclamó el pago de honorarios por un juicio que le ganó al Estado en 2011 y, como hubo demoras en el cobro, pidió el embargo del auto oficial de Pérez, un Peugeot 508 que revistía la categoría de “alta gama” y había sido comprado a fines de 2013.
Tipos de sentencias
Entre las sentencias más “duras” para la Provincia, se encuentran las expropiaciones, que representan en 2024 el 32% del total del monto a abonar por causas en contra. La más representativa es la que inició la familia Lo Bianco y otros por terrenos lindantes al dique Potrerillos para la concesión del lugar a privados y dar inicio del Masterplan.
Como ejemplo, una sola sentencia contra Mendoza es la de “Lo Bianco SA contra Gobierno de Mendoza”, sobre el cual se debe pagar más de $259 millones de monto nominal (sin intereses) en esta causa de expropiaciones.
En tanto, el 31% de toda la torta de montos en contra de la provincia en 2024, que son $252 millones en términos nominales, pertenecen a juicios perdidos por daños y perjuicios, accidentes de tránsito y con responsabilidad civil, entre otros; donde se se engloba a la actuación de causas donde participan ministerios como Salud, Seguridad y la Dirección General de Escuelas.
“Hay cuestiones de mala praxis en salud, accionar policial desmedido, accidentes en escuelas o incluso de tránsito donde se abren causas judiciales contra el Estado por motivos en particular y en algunas oportunidades se pierden y hay que pagar”, indicaron a este medio.
En tanto, la tercera causa en dinero de causas perdidas representa el 17,7% y es la de las Acciones Procesales Administrativas (APA), que generaron un pago de $143 millones -en términos nominales-; y que se dieron mayoritariamente en el ámbito de Salud.
Un ejemplo de ellos es el que inició y ganó la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), de unos $15 millones -sin intereses-, que interpuso una demanda por un pago de adicionales a residentes, según la ley provincial de residencias médicas.
El resto de la torta de causas se termina de componer mayoritariamente de recursos de amparo, cumplimientos de contratos y otros.
No obstante, y si bien el porcentaje es menor, también hay algunas causas que las pierden los municipios, y que son abonadas en principio por la provincia.
En tanto, si bien la cantidad de causas no marcan un precedente, ya que dependen también del monto a abonar, para pagar en 2024 hay 296 sentencias; mientras que en 2023 se debieron pagar desde la Provincia 323 causas firmes perdidas. En 2022, en tanto, fueron 256 causas.
Montos para sentencias
Yendo directo a los montos, según lo solicitado por Fiscalía de Estado al mes de septiembre del año pasado -con otras proyecciones de inflación y dólar-, fueron pedidos $2.473 millones. No obstante, se autorizó desde la Legislatura $1.900 millones, por lo que se cree que, además de ese dinero, el Poder Ejecutivo deberá ajustar partidas por lo menos por unos $1.100 o $1.300 millones más, para cerrar el año “limpios” y sin deudas.
“Generalmente la Legislatura determina montos de entre un 60 y 80% del total, pero luego en conjunto con el ministerio de Hacienda y Contaduría General, se envía el resto”, acotaron desde Fiscalía.
De hecho, en el Presupuesto 2023 se aprobaron $1.525 millones; y luego se agregaron $425 millones más de redeterminación de partidas. Sin embargo, quedó un resto de $800 millones que se comenzó a ejecutar este año, para terminar con el pago del año pasado, producto de una “disparada inflacionaria que no se preveía”, indicaron desde Fiscalía de Estado, remarcando que todos los pagos de juicios se realizan a través de las unidades UVA, que se actualizan en base a la inflación, como uno de sus componentes principales.
Respecto a si es “mucho o poco” $3.000 millones para el pago de sentencias, Frigolé sostuvo que se mantiene un monto que suele ser similar cuando se lo compara con años anteriores en términos de porcentaje en base a los recursos totales del Estado.
Por ejemplo, si se lo compara con el total del Presupuesto 2024, el monto autorizado por la Legislatura de $1.900 millones y representa el 0,21% del total ($910.490 millones). Este porcentaje es el mismo (0,21%) si se compara con el que fue destinado en 2023 en el Presupuesto Ejecutado -no el presupuestado-.
Sin embargo, estos porcentajes del 2023 y 2024 son levemente mayores a los que se tenían años atrás, en lo que refiere a la participación de los juicios en los presupuestos ejecutados. Una salvedad, en los años de pandemia del coronavirus el porcentaje fue completamente bajo por una marcada ralentización de los procesos judiciales.
De hecho, en 2022, lo destinado al pago de juicios fue del 0,15% del Presupuesto ejecutado; mientras que en 2021, este porcentaje fue ínfimo; del 0,07%; al igual que en 2020, que fue del 0,08%.
El resto de los años fue el siguiente: en 2019, el 0,13% del Presupuesto ejecutado fue a pagar juicios; en 2018 y 2017, el 0,16%; en 2015, el 0,17%; y en 2015, el 0,21%.
Un dato importante, es que la Provincia aprobó una ley que le permite al Estado “adelantarse” a causas de las cuales se sabe que perderá de antemano (tras informes y estudios de letrados), por lo que abre una vía de intento de acuerdo extrajudicial para acordar y “evitar el pago de mayores intereses”.
Esta ley es 9234 de Acuerdos Transaccionales, sobre la cual Frigolé recordó algunos “conflictos judiciales con enfermeros en cuanto a reconocimiento salarial, que le hicieron juicio al Estado pero se sabía a todas luces que el Estado iba a perder”.
“Con esta ley se permitió, ante informes bien fundados, anticiparse y ofrecer acuerdos extrajudiciales. Esos montos también aparecen en los ‘juicios’ perdidos”, acotó Frigolé, quien aseguró que se trata de una norma que “achica el problema económico porque se ahorra en intereses, pero agranda el problema financiero” en el mismo año que se debe pagar.
