La crisis desatada en el verano del 2001 puso de manifiesto que la imagen de la Argentina próspera e inclusiva había llegado a término. El ciclo de protesta social representada por la furia de los ahorristas contra los bancos y las exigencias de víveres de las mujeres pobres a los supermercados ante el retraso de planes sociales pusieron de relieve una crisis inédita en la geografía del entero país ante un presidente debilitado por denuncias de corrupción, y el fracaso de la salida de la convertibilidad que el gobierno de la Alianza (corroído con la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez), había intentado gestionar con el mismo ministro que la había instalado con el fin de combatir el flagelo de la inflación.
La crónica de los tensos días de aquel diciembre caliente en la provincia fueron acuciantes ante la seguidilla de rebeldías barriales que lograron ser arbitradas por la dirigencia provincial encabezada por el gobernador Iglesias y los barones del PJ distribuidos en los departamentos del gran Mendoza y del sur provincial que, gracias a la influencia que tenían con los sindicatos estatales, pusieron paños fríos al descontento social mediante el control policial y la distribución de bienes y vales de compra para solventar la canasta familiar en vísperas de la Navidad. En esa cadena de intermediación de asistencia social, las iglesias cumplieron un rol capital al impedir que el malestar en los barrios enfrentara a los vecinos con los pequeños comercios que vivían del fiado y cubrían mínimas condiciones de subsistencia ante la progresiva pérdida del salario real y el aumento del desempleo que alcanzaba el 17%. Así, mientras la conflictividad social en varias localidades de la provincia de Buenos Aires iba en aumento, y dejaba como saldo seis muertos, y más de cien heridos, la marea de reclamos en Mendoza se redujo mediante el aumento de asistencia estatal en los municipios a través de la entrega de bolsas de alimentos, el reparto de los Vale más, y la apertura de ollas populares. Pero esa traumática restauración del orden social y político en la provincia no fue equivalente al escenario de la capital sobre todo cuando el 20 de diciembre las multitudes porteñas y del conurbano bonaerense exigieron la renuncia del ministro Cavallo precipitando la del mismo presidente De la Rúa que fue celebrada en las calles mendocinas. No fueron pocos los que percibieron que la crisis social había tumbado no sólo un mal gobierno; quedaba sobre todo un país saqueado, una sociedad sumergida en índices de pobreza inéditos en su historia reciente y una clase política fuertemente cuestionada que se había hecho explícita al calor de la expresión: “que se vayan todos”.
El saldo político en la provincia
El arbitraje provincial de la crisis permitió que el partido gubernamental sobreviviera al vendaval y el ingeniero Julio Cobos fuera electo gobernador de cara a los candidatos del partido justicialista alienados tras liderazgos nacionales alternativos. El triunfo de Néstor Kirchner en los comicios del 2003, y la pretensión de recomponer el sistema político mediante acuerdos políticos e interpartidarios con base territoriales acreditadas, erigió al gobernador de Mendoza en candidato a vicepresidente de la fórmula liderada por Cristina Fernández de Kirchner, que conquistó el voto popular a despecho de los guarismos provinciales que erigieron al candidato del PJ, Celso Jaque, favorecido por la competencia del oficialismo entre dos fórmulas rivales.
El ciclo de relativa recuperación económica y social afianzó las chances del PJ provincial en período gubernamental siguiente, aunque la radicación del voto peronista en varios departamentos comenzó a debilitarse a raíz de factores locales y nacionales diversos que gravitaron en el triunfo electoral de la fórmula radical Alfredo Cornejo- Laura Montero. El éxito de la UCR no solo constituía un nuevo capítulo de la alternancia gubernamental propia de sistemas electorales basado en partidos políticos competitivos que distinguen a Mendoza de varias provincias argentinas dominadas por por gobernadores perpetuos. El éxito en las urnas de los radicales ponía de relieve sobre todo la fuga del voto popular de las filas del histórico partido justicialista que se hizo aún más extensivo en las últimas elecciones de medio término.
El saldo en la economía
En ese lapso, al derrumbe económico del bienio 2001-2002, le siguió un ciclo de recuperación que se prolongó hasta el 2008 como consecuencia de la crisis financiera internacional. El desempleo fue la consecuencia más cruda de las políticas económicas que no habían conseguido hallar un nuevo rumbo hacia el desarrollo económico y social para la Argentina democrática. Las cifras sobre el empleo visibilizaron la expulsión de miles de personas del mercado de trabajo que no disponían de las habilidades requeridas por una matriz productiva que se venía transformando de la mano del comercio y los servicios, en particular, desde la década de 1990. La tasa de desocupación superó los dos dígitos en el 2000 (por primera vez desde los comienzos de su medición en 1974) y en octubre de 2001 tocó el techo de 13,5%, mientras que la tasa de subocupación llegó al 18,4%. La contracara de este proceso fue el crecimiento de una economía informal y de la pobreza, y la precarización de las condiciones de vida de buena parte de la población.
La reactivación económica iniciada en 2004, luego de la conflictiva salida de la convertibilidad, fue beneficiada por progresos realizados en la década de 1980 (infraestructura, energía e incorporación de tecnología en el agro) y en el decenio de 1990 (modernización, apertura comercial, desregulación económica y reforma del Estado) y un contexto internacional favorable para las exportaciones nacionales. No obstante, sufrió el freno que le impusieron la falta de consensos políticos, la pérdida de competitividad por el atraso tecnológico y del tipo de cambio, la escasez de crédito y de un horizonte para la inversión privada y la reactivación de los conflictos distributivos al ritmo del ascenso del nivel general de precios. Más recientemente, el incremento de la deuda externa terminó por reactivar el segundo de los dos problemas más graves y recurrentes de la historia económica argentina (inflación alta y persistente y elevada deuda externa).
Veinte años después, en el marco de la incipiente recuperación de los efectos devastadores de la pandemia del Covid-19, la falta de trabajo continúa siendo un flagelo para la cuarta parte de la población en condiciones de trabajar (la tasa de desocupación se ubica en el 8,5% y la de subocupación en el 16,7%). La estructura económica de Mendoza se ha consolidado como una economía de servicios (rubro que, en 2020, por primera vez en la historia económica de la provincia, constituyó el principal componente del PBG). Sin embargo, esta nueva forma de articulación económica (junto con el comercio) ha repercutido, por un lado, en un desempeño relativamente inferior al del promedio de las provincias argentinas hasta 2017, morigerándose en los últimos años. Por otro lado, ha habilitado un mayor grado de concentración económica, que se refleja en la importante participación de los grandes contribuyentes en la recaudación del impuesto a los ingresos brutos (el cual aporta el 70% de los fondos de origen propio).
Asimismo, el federalismo fiscal descentralizado continúa siendo una promesa incumplida frente a economías provinciales que enfrentan restricciones institucionales y macroeconómicas, falta de políticas de largo plazo e insuficiencia de recursos físicos, humanos y tecnológicos para crear riqueza y que, a su vez, han visto paulatinamente disminuidos sus recursos tributarios propios en relación con aquellos que concentra y administra el Estado Nacional. Las partidas discrecionales han cobrado cada vez mayor peso relativo en los recursos efectivamente recaudados. Asimismo, las estructuras estatales han reflejado las penurias de la economía argentina y su incapacidad para crear empleo privado de calidad. La mayoría de los municipios -con mayor frecuencia, los que no pertenecen al Gran Mendoza- vienen dedicando un porcentaje muy elevado de sus recursos propios al pago de salarios temporarios o permanentes, restándoles muy poco para invertir en bienes de capital o servicios, frente a una demanda cada vez mayor de servicios municipales. En suma, las aspiraciones de autonomía han quedado eclipsadas por las evidencias de dependencia fiscal de los gobiernos nacional y provincial.
La política económica en las últimas dos décadas no ha sido eficaz en conducir procesos sostenidos de crecimiento económico compatibles con niveles socialmente aceptados de distribución del ingreso y la riqueza, que contribuyan a ofrecer condiciones de vida dignas a la población y aseguren la convivencia democrática.
*Las autoras son integrantes de INCIHUSA, UNCuyo
