Fue una semana intensa para el megajuicio contra el juez Walter Bento, con testimonios diversos que pueden complicar al magistrado y hasta la aparición de una nueva línea de investigación sobre las coimas que supuestamente se cobraban a cambio de beneficios judiciales.
El dato nuevo surgió durante la declaración de la titular de la Secretaría C del Juzgado Federal de Bento, Mariela Andía. La fiscal María Gloria André la consultó sobre la participación de una empleada del juzgado, llamada Carolina Bartolini, en una causa de 2019 que involucraba a dos personas acusadas de un contrabando millonario de ropa desde Chile.
Las personas investigadas son Juan Carlos Molina y Javier Ortega, quienes están imputados en el megajuicio por el supuesto pago de sobornos millonarios: más de 700.000 dólares. El dato llamativo es que Bartolini, luego de intervenir en diversas acciones de la causa, como por ejemplo la toma de indagatorias a los acusados, y de que Molina lograra quedar en libertad, le compró al imputado un departamento en la Quinta Sección de Capital.
La secretaria Andía dijo que desconocía este hecho sorprendente. En el Ministerio Público Fiscal consideran que es un “hecho nuevo” o un “desprendimiento” del caso 3 en el cual el imputado Ortega ha denunciado que pagó sobornos y que poseía departamentos. Los fiscales le imputan 15 casos de cohecho a Bento en este juicio y lo del departamento que el imputado le vendió supuestamente a una empleada del juzgado de Bento deberá ser investigado por separado.
Más allá de este episodio, en la Fiscalía consideran que la secretaria Andía “no supo explicar actos procesales fundamentales” a lo largo del puntilloso interrogatorio. La jerarquía de los secretarios es muy importante: son los que siguen en la escala a los jueces. Bento, que está suspendido de su cargo por mal desempeño, tiene cinco bajo su jurisdicción.
Andía tuvo intervención en los casos 1 y 3. El 1 es el que involucra al narcotraficante Walter Bardinella Donoso, a quien se sospecha que el juzgado de Bento le dio protección con algunas medidas judiciales.
André le preguntó a Andía sobre actuaciones en la que “faltaban fojas”, pero no consiguió explicaciones. La funcionaria judicial repetía constantemente que no recordaba qué pasó. También la consultaron sobre el traslado del imputado Ortega al hospital El Sauce, ante un presunto intento de suicidio.
La Fiscalía destaca la irregularidad de que el decreto de traslado no haya tenido firma. Pero además, en aquel momento el juez Bento se encontraba de licencia y era subrogado por el juez Marcelo Garnica. Sin embargo, Andía admitió en el juicio que el magistrado acusado sí participó de la audiencia con Ortega que se realizó previo a esta medida ¿Con qué objeto?
Ortega estaba preso en la famosa U32 de tribunales federales y, según la declaración previa en el juicio del abogado Carlos Figueroa, sufría desequilibrios mentales fuertes y estaba dispuesto a pagar coimas para evitar que lo llevaran a la cárcel de Cacheuta. Figueroa declaró también que fue despojado de la defensa por abogados que tenían “llegada al juez”. Aparecieron en su relato los nombres de Luciano Ortego, Matías Aramayo y Martín Ríos, todos acusados de integrar la “banda” de Bento.
Gonzalo Aliaga, la camioneta de Bento y una prueba telefónica
Otro testimonio relevante del juicio en este turno (se realizan tres audiencias cada 15 días) fue el aportado por el hermano de Diego Aliaga, el despachante de aduanas asesinado en cuyo teléfono aparecieron 265 conversaciones con Bento.
Aliaga era uno de los organizadores de la asociación ilícita, según el fiscal Dante Vega. Su hermano contó espontáneamente en el juicio que vio al empresario a bordo de una camioneta Amarok que pertenecía al juez Bento. Según ha dicho dijo el juez, Aliaga tenía aquella camioneta porque era vendedor de vehículos. Sin embargo, en el juicio, su hermano afirmó que Aliaga le preguntó cuánto podía valer.
La declaración de Gonzalo Aliaga dejó a la vista también una nueva vinculación de Diego Aliaga con Jaime Alba, otro de los abogados que estaban presuntamente en la cima de la organización delictiva de Bento. Se trata de un lote de El Challao que compraron los Aliaga, donde el grupo comía asados. En esas reuniones, que datan desde hace más de seis años, según indicó Gonzalo Aliaga, también participaba otro “organizador”: Ortego.
El hermano del empresario asesinado reconoció también que le envió numerosos mensajes a Diego Aliaga mientras estaba desaparecido. Y dijo en el juicio que los guarda aún en su teléfono celular. Para la Fiscalía esto es un elemento de mucho peso, ya que parte de la acusación se basa en los chats de Diego Aliaga con el juez obtenidos de la tarjeta SIM del hombre muerto. La defensa de Bento los desconoce como reales, pero esa tesis podría caer al comprobarse que otras conversaciones extraídas de la misma fuente sí existieron.
Gonzalo Aliaga declaró como testigo, pero otro Aliaga que había sido convocado, no se presentó. Se trata de Diego “Junior”, uno de los hijos del despachante que murió en 2020, quien presentó un certificado y adujo que no estaba en condiciones psicológicas de declarar en el juicio.
Probablemente el Ministerio Público Fiscal insista más adelante con la declaración de Diego “Junior”, porque no convencen los argumentos que dio. Y por la prueba a la que creen poder acceder con su testimonio.
Otro hijo de Aliaga es Juan Ignacio, quien estuvo imputado por falso testimonio pero recibió por la vía del acuerdo una “probation” de un año, porque el delito es excarcelable.
Juan Ignacio Aliaga declaró primero que no conocía a ninguno de los presuntos integrantes de la banda, pero otras pruebas lo contradijeron. También hay registros en video que lo muestran ingresando al barrio Dalvian en la camioneta Amarok de Bento. Si el juicio es largo, como se presume, podría volver a la sala de audiencias, esta vez, en carácter de valioso testigo.
Sigue la novela por el teléfono del juez
Dos empleados de la empresa Movistar confirmaron en el juicio que el juez Walter Bento hizo gestiones para clonar la tarjeta SIM de su teléfono y quitarle el control de la línea a la Justicia. Esto ocurrió luego de que el magistrado se negara a entregarlo en el allanamiento que se hizo en 2021 en su casa del barrio Palmares.
Uno de los empleados señaló que “la razón social estaba a cargo del Poder Judicial”. Sin embargo, el juez sigue insistiendo en que no se trataba de una línea oficial.
En este sentido, difundió a través de su equipo de comunicación dos notas en las que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura de la Nación indicaron que el aparato y la línea telefónica de Walter Bento eran “de uso personal y privado”. Las comunicaciones fueron enviadas al Jury por la Corte y por el administrador General de la Magistratura en septiembre de 2022 y agosto de este año.
