El abogado Pablo Cazabán defiende a tres de los imputados que enfrentan el megajuicio por coimas y sobornos perpetrados por una organización delictiva encabezada presuntamente por el juez federal Walter Bento.
Se trata de los abogados Martín Ríos y Matías Aramayo, quienes están acusados de trabajar en tercer orden para dos colegas suyos, Luciano Ortego y Jaime Alba, dentro de la estructura de una asociación ilícita que contactaba presos y cobraba por favores judiciales.
Puntualmente, a Ríos se lo acusa del delito de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor en cuatro hechos, todos a su vez en concurso real. A Aramayo, la figura delictiva que le recayó es la misma, pero en calidad de coautor de tres hechos.
Además de ellos, Cazaban representa legalmente al comisario Gabriel Moschetti, quién se encuentra detenido e imputado por los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con violación de secretos, este a su vez en concurso ideal con violación a los deberes de funcionario público.
Sobre los abogados, Cazabán manifestó que “ellos hicieron un acuerdo con la Fiscalía (NdR: encabezada por Dante Vega) y ahora se está ventilando en parte toda la acusación. Se está haciendo una extensa lectura”.
“Ellos reconocieron cierta participación en los hechos que se realizaron. La escala penal es relativa, toda vez que por la Ley del Arrepentido, cualquier acusación que enfrenten se ve reducida a la mitad”, anticipó.
Y sobre el comisario Moschetti, afirmó: “En este caso particular, mi ahijado procesal ha negado absolutamente los hechos y la verdad es que la ofrenda probatoria va a llevar a una absolución segura”. Y dijo que los hechos de los que se los acusa, no coinciden con los de sus otros dos defendidos.
En el informe de Vega se establece que el comisario era “la pata policial” de la banda y “se valió de su relación con (Diego) Aliaga como informante de la fuerza para incorporar información o insertaba datos en la policía en beneficio de la organización”.
Críticas a la lectura de requerimientos
El abogado Mariano Fragueiro Frías que defiende al juez Walter Bento solicitó que se “reconsidere” la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, ya que son 700 páginas, para “pasar al debate propiamente dicho”. Pedido que fue rechazado de plano por el fiscal Vega.
Vega afirmó que podría darse un pedido de “nulidad” por parte de los acusados y además respondió que “es imposible prescindir de la lectura porque la acusación está redactada de un modo tal en el que hechos y pruebas se mezclan”.
Cazabán se sumó a la queja de Fragueiro Frías y en diálogo con Los Andes manifestó: “Es un pedido que ya se ventiló durante la audiencia preliminar. Nosotros entendemos que, si bien es una exigencia procesal la lectura del plexo de la acusación, para que sepan los imputados de que se los acusa, entiendo que el requerimiento del fiscal está mal confeccionado porque hace una valoración de la prueba y no solamente una medición de los hechos”.
“En consecuencia creo que lo que planteó el Doctor Fragueiro va en el mismo sentido que lo que hizo el Doctor Cúneo Libarona en su momento (NdR: anterior abogado de Bento) y creo que le asiste razón”, agregó.
Y completó con críticas al fiscal: “Porque si bien es cierto que es obligación del Tribunal dar a conocer las acusaciones porque es un derecho que tienen los imputados, en el caso particular es deficiente la redacción realizada por el representante del Ministerio Público Fiscal, el doctor Dante Marcelo, toda vez que él mezcla los hechos con la valoración de la prueba y eso no corresponde”.