La sala de audiencias del primer piso de Tribunales Federales será la sede a partir del miércoles 26 de julio de uno de los megajuicios más importantes de los últimos años en términos políticos y judiciales. El suspendido juez federal con competencia electoral, Walter Bento, se sentará en el banquillo de los acusados, junto a otros 32 imputados, acusado de liderar una asociación ilícita en la cual favorecía en términos judiciales a presos a cambio del cobro de sobornos, entre otras imputaciones, tales como lavado de activos, abuso de autoridad, prevaricato, falsedad ideológica y desobediencia a órdenes judiciales.
Las penas que arriesga Bento por los distintos hechos de los que se acusa van de los 5 a los 50 años de prisión.
Las expectativas son enormes, debido a la magnitud del juicio, que tuvo un importante trabajo previo -desde marzo del 2020- del fiscal general, Dante Vega; junto con el juez federal Eduardo Puigdéngolas. De hecho, por la gran cantidad de acusados, hechos y testigos aportados tanto por la fiscalía como la defensa, se espera que el mismo dure más de un año.
“Si se agiliza el proceso y hay ‘viento a favor’ se podría resolver en 9 meses; pero también puede prolongarse hasta un año y medio. Todo depende de las circunstancias y de cómo se desarrolle el juicio”, mencionaron a Los Andes fuentes de la Justicia Federal.
Las juezas que conformarán el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°2, luego de una buena cantidad de excusaciones, son Gretel Diamante, María Carolina Pereira (ambas de San Luis) y Eliana Rattá (de San Juan). Además, la secretaria del TOF 2 será Ana Paula Zavattieri. Al ser un juicio largo, se nombró también a una cuarta jueza, que será sustituta, que es Carolina Prado, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Córdoba. La magistrada será veedora, y no participará del mismo salvo que tenga que reemplazar por algún motivo excepcional a alguna de las juezas.
Sin dudas es un megajuicio el que tiene a Bento y su familia bajo la mira judicial, ya que se espera que declaren por lo menos 470 testigos de la investigación, en la que la fiscalía desarrollará sus acusaciones en base a 15 hechos. Si bien este número de testigos es desde ya altísimo, lo era antes aún más, ya que en un principio entre las partes habían aportado más de 700. Luego el mismo bajó en la audiencia preliminar, por pedido de las juezas integrantes del TOF 2 (se descartaron principalmente algunos testigos civiles y efectivos policiales de los diversos allanamientos).
Además, habrá 4 fiscales federales: el mencionado fiscal general Vega; la titular de la fiscalía de cámara ante el TOF, María Gloria André; más los fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco y María Laura Roteta.
Del otro lado, serán hasta ahora 28 abogados los que participarán. Algunos imputados letrados se autodefenderán, hay por lo menos 6 defensores oficiales y otros que representarán a más de una imputado.
La modalidad del juicio será con audiencias “intensivas” los días miércoles, jueves y viernes, semana de por medio, con jornadas que comenzarán a las 9 y culminarán a las 16.30 horas. La explicación sobre esta modalidad es que tanto los magistrados, como así también los abogados, tienen otras causas en sus manos, por lo que deberán distribuirse los tiempos para poder abarcar todas sus obligaciones.
La primera audiencia, según informaron fuentes judiciales, consiste en una presentación muy escueta de las partes que estarán en la sala y luego se dará inicio a la lectura del requerimiento de elevación a juicio por parte de la Secretaría del TOF 2. Van a participar las tres juezas de forma presencial, Diamante, Pereira y Rattá. En tanto que la cuarta jueza, Carolina Prado, hasta el momento seguirá las acciones de manera remota vía zoom.
Serán 3 requerimientos de elevación a juicio en total, dónde se leerán tanto las acusaciones, como la prueba y la calificación legal: la causa principal, con 29 imputados (entre otros está Walter Bento, su esposa, Marta Isabel Boiza; y su hijo Nahuel Agustín, entre otros; más otras dos, que son una con el imputado Luciano Ezequiel Bento (otro de sus hijos); más otra con otros 3 imputados más. Por aquí se dará inicio en la primera jornada.
No obstante, es tan amplia la investigación por la cantidad de hechos, pruebas e imputados, que creen desde la Justicia que tardarán entre 6 y 9 jornadas de audiencia sólo en la lectura de las más de 700 páginas que constan en el expediente.
Esto significa que entre fines de agosto y comienzos de septiembre podría recién comenzar la etapa en la cual los jueces confirman o no los requerimientos de elevación a juicio y otras cuestiones preliminares, como planteos de todo tipo por parte de la defensa o fiscalía, ya sean nulidades o diversas incidencias.
Una vez concluida esta cuestión, se dará lugar a las cuestiones personales, donde se presentará a cada uno de los imputados y allí se les preguntará si desean o no declarar en indagatoria. “Pueden hacerlo en cualquier momento, pero es éste en el cual se pregunta al imputado. Si dicen que no, se lee la declaración indagatoria que ya prestaron ante la Justicia; o -en los casos que así sea- se proyecta el video de las que hayan sido grabadas.
Recién concluida esa parte, vendrá la etapa de la “producción de prueba del debate”, donde comenzarán las testimoniales y pasarán los más de 450 testigos admitidos, que podrán ser interrogados tanto por la fiscalía como también por la defensa.
En tanto, los alegatos de las partes y posterior dictado del veredicto y fundamentos de las juezas, llegarán luego de esa extensa etapa.
Mientras tanto, en términos prácticos, desde la fiscalía expresaron a Los Andes que el megajuicio se dividirá en “dos grandes investigaciones”, una relacionada con las acusaciones de cohecho (coimas y sobornos); y otra “pura y exclusivamente para la familia Bento”, con acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de activos; mientras que al suspendido Juez Federal se le agrega también el de abuso de poder.
Son 15 casos de cohecho que intentará probar la fiscalía en la que en cada una habrá uno o más imputados. En tanto, la distribución de los hechos en el juicios no será de forma cronológica, sino conforme fueron apareciendo en la investigación.
También hay 10 casos de acusaciones de delitos de “infracción al deber, como incumplimiento de deberes de funcionario público o abuso de poder”, en el cual intentarán probar que Bento “intentó perjudicar la investigación, con la no entrega del celular, con la nota que dejó al juez (Puigdéngolas), entre otros, o con personas que declararon a favor del Juez amañado por él mismo”, acusaron desde la Fiscalía.
Parte del juicio será también destinado a la “parte patrimonial”, con lo relacionado al lavado de activos y el enriquecimiento ilícito”.
Bento, bajo mira judicial
Según el requerimiento de elevación a juicio, la investigación llevada a cabo demostró “la existencia de un acuerdo, al menos desde el año 2007, destinado a la comisión de indeterminada cantidad de delitos con el propósito de obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía el Juez Bento”.
En ese sentido, en la acusación se indicó que esta asociación ilícita liderada por Bento tenía como organizadores al fallecido exdespachante de aduana Diego Aliaga y a los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba, y como miembros a los abogados Martín Ríos, Matías Aramayo, Luis Francisco Álvarez y Javier Angeletti; al comisario de la Policía de Mendoza José Gabriel Moschetti; y al acusado por narcotráfico Walter Bardinella Donoso.
La fiscalía señaló que, de acuerdo con este esquema, la fase judicial del accionar de la banda tenía lugar luego de la imputación o detención de la persona, y consistía en el otorgamiento de la libertad o en la morigeración de la medida de coerción en favor del sobornador, medidas que generalmente iban acompañadas por su desvinculación total o parcial del proceso.
Fragueiro Frías fue incorporado como defensor
Walter Bento incorporó como abogado defensor a Mariano Fragueiro Frías, conocido por haber participado del juicio por la causa Vialidad y lograr la absolución del ex titular de Vialidad provincial de Santa Cruz, Héctor Garro. En Buenos Aires lo vinculan a Máximo Kirchner, incluso.
De esta manera, Fragueiro Frías se sumará como defensor de Bento junto al abogado local Gustavo Gazali, quién cumple ese rol desde el principio de la causa.
El Tribunal Oral Federal de Mendoza N° 2 oficializó este lunes su participación en las audiencias que comenzarán el miércoles. “Téngase presente la designación realizada por parte del imputado Walter Bento del Dr. Mariano Fragueiro en carácter de abogado defensor y del Dr. Felipe Salvarezza en carácter de defensor sustituto”, ratificaron a través de un decreto.
Entonces Salvarezza será “patrocinante” del juez federal suspendido y no participará en las audiencias. Desde la defensa indicaron a Los Andes que están “muy tranquilos” con las pruebas que cuentan y aseguraron que “siempre se pidió el juicio para llegar a la verdad”. Aportarán más de cien testigos, aseguraron sin dar más precisiones.
La Justicia Federal pone a punto la sala de audiencias
El trabajo previo del inicio del juicio es casi inédito -de igual manera no se compara con los juicios por delitos de lesa humanidad- ya que la Justicia Federal comenzó, debido a particularmente este evento, los trabajos de remodelación íntegra de la sala de audiencias, a sabiendas del impacto político que tiene esta causa, pero sobre todo por el importante número de acusados, así como también la expectativa de la prensa a nivel local y nacional, lo que haría pequeña la sala tal cual se encontraba hasta ahora.
De esta manera, se han quitado algunos blindex que estaban instalados para los anteriores juicios, con el objetivo de “ganar espacio” para situar a la gran cantidad de personas que son partícipes del evento.
El juicio, según informaron desde Tribunales Federales, será transmitido vía streaming por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación, provisto por el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Además, se adaptará para la primera audiencia del juicio, el salón de la biblioteca de Tribunales para parte del periodismo que no pueda ingresar a la sala, más público en general. De hecho, reafirmaron desde el ámbito de la Justicia que el debate oral “es público” para todo tipo ciudadano que desee asistir.
Lista completa de acusados
La acusación formulada por el fiscal Dante Vega y sus colegas cotitulares de la Procelac comprende a las siguientes personas -en orden alfabético- por los delitos que se detallan en cada una:
- Jaime Andrés Alba Nortes: asociación ilícita en carácter de organizador, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de autor por cuatro hechos, todos a su vez en concurso real con abuso de autoridad en calidad de partícipe primario por cuatro hechos.
- Alfredo Rodolfo Aliaga Luque: cohecho activo agravado en calidad de coautor por un hecho, con relación a su propia intervención como sobornador.
- Juan Ignacio Aliaga Lottero: falso testimonio en calidad de autor.
- Luis Francisco Álvarez López: asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor por tres hechos, todos a su vez en concurso real con abuso de autoridad en calidad de partícipe primario por un hecho.
- Facundo Mariano Alzogaray: cohecho activo agravado en calidad de coautor.
- Javier Leónidas Angeletti Ratfopol: asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor por cinco hechos, todos a su vez en concurso real.
- Alejandro Matías Armayo Ciacera: asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor por tres hechos, todos a su vez en concurso real.
- Walter Eduardo Bardinella Donoso: asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor por cuatro hechos, todos a su vez en concurso real.
- Carlos Federico Barón Knoll: cohecho activo agravado en calidad de coautor por un hecho respecto de su propia situación como sobornador.
- Martín Rodolfo Bazán Guerra: cohecho activo agravado en calidad de coautor por un hecho.
- Walter Ricardo Bento Vega (arriesga condena de 5 a 50 años de prisión): asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo por quince hechos en calidad de autor, todos a su vez en concurso real con prevaricato en calidad de autor; todo a su vez en concurso real con omisión y retardo de justicia y con enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo y falsedad ideológica en grado de coautor, a su vez en concurso real con abuso de autoridad por diez hechos en calidad de autor en concurso real entre sí y en concurso ideal respecto del delito de desobediencia respecto de una orden emanada de autoridad judicial por dos hechos, en concurso real con ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.
- Luciano Ezequiel Bento Boiza: lavado de activos de origen delictivo en calidad de coautor, agravado por la habitualidad, y por ser funcionario público.
- Nahuel Agustín Bento Boiza: lavado de activos de origen delictivo en calidad de coautor, agravado por la habitualidad, y por ser funcionario público.
- Octavio Nicolás Billi: cohecho activo agravado en calidad de coautor.
- Marta Isabel Boiza Yorino: enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo agravado por la habitualidad, y por ser funcionario público, y falsedad ideológica por dos hechos, todos en grado de coautora y a su vez todos en concurso real.
- Marcos Adrián Calderón Devias: cohecho activo agravado en calidad de coautor por un hecho respecto de su propia situación como sobornador.
- Francisco Nicolás Castro: cohecho activo agravado en calidad de coautor.
- Mariano Enrique Castro Hoyos: cohecho activo agravado en calidad de partícipe criminal secundario por un hecho.
- Leandro Emanuel Cirot Maldonado: cohecho activo agravado en calidad de partícipe criminal secundario por un hecho.
- Walter Aníbal Costa Sgró: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
- Enrique de la Cruz Rodríguez: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
- Daniel Gonzalo Martínez Pinto: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
- Jessica Melisa Miere Reyna: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de partícipe primaria.
- Jorge Omar Miranda Anaya: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
- Juan Carlos Molina Pérez: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
- José Gabriel Moschetti Retamales: asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con violación de secretos, este a su vez en concurso ideal con violación a los deberes de funcionario público.
- Eugenio Javier Nasi Pereira: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador.
- Cristian Oscar Oliva Suárez: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador.
- Javier Santos Ortega Pérez: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador.
- Luciano Edgardo Ortego Hernández: asociación ilícita en carácter de organizador, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor en siete hechos, todos a su vez en concurso real.
- Leopoldo Antonio Ríos Santander: asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor en cuatro hechos, todos a su vez en concurso real.
- Omar Armando Rodríguez Cichinelli: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador.
- José María Sanguedolce Cadile: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador.
