Las audiencias de esta semana en el megajuicio contra el juez Walter Bento quedaron marcadas por las declaraciones de dos testigos que plantearon la posibilidad de que en la Justicia Federal mendocina se pagaran coimas para conseguir beneficios judiciales.
El último testigo habló en forma directa de un ofrecimiento. Se trata del ex policía Nelson Alfredo Bravo, quien estuvo implicado en dos causas judiciales, entre ellas, la denominada “Pyme Vip”, por el prostíbulo que funcionó en el centro de la Ciudad años atrás. Esa causa terminó en 2015 con una condena en su contra de dos años de prisión en suspenso.
Bravo todavía considera que es inocente, pero el tema que lo trajo este jueves al megajuicio fue otro. El testigo aseguró que Diego Aliaga, el ex despachante de aduanas asesinado que ha sido considerado uno de los organizadores de la banda que dirigía el juez Bento, le pidió dinero para terminar con sus problemas judiciales.
“Nos juntamos en el café cerquita de tribunales”, contó. Con Bravo había otro policía que con el tiempo terminaría condenado, Ángel Arias. “Para sacarnos de la causa, (Aliaga) nos pedía tanto dinero”, explicó ante el tribunal Bravo.
“Diego ofreció despegarnos, sacarnos de la causa. El monto era 200 mil pesos cada uno”, profundizó el ex policía, quien no abundó en detalles sobre la maniobra y sólo agregó que “gente de arriba” iba a darles esa ayuda. También contó que la alternativa era que le entregaran un vehículo a Aliaga, pero aclaró que el trato no se produjo. “No teníamos motivo para pagar cuando no habíamos hecho nada”, concluyó.
A Aliaga estas personas lo conocían sólo por su nombre en ese entonces. Según Bravo, supieron cuál era su apellido en julio de 2020, cuando empezó a aparecer en los medios la foto del empresario muerto. Además, Bravo habló de una visita al despacho del juez Bento en el marco de un hecho por narcotráfico que investigaba la brigada de la Policía Federal que integró.
“Llegada al juez”
La otra persona que habló de las supuestas coimas en la Justicia fue un abogado que estuvo relacionado a varios imputados del megajuicio.
“Mi cliente repetía como un jingle que había abogados que tenían llegada al juez”, señaló Carlos Rafael Figueroa, un testigo que con su declaración en el megajuicio mencionó a presuntos integrantes de la banda que, según la Fiscalía, comandaba Bento.
Figueroa fue defensor de Jaime Alba, pero en su declaración, afectó más que nada a otros letrados imputados. Entre ellos, Matías Aramayo y Martín Ríos, supuestos miembros de la asociación ilícita que quedaron imputados como coautores de cohechos, o coimas. También sembró sospechas en torno a Luciano Ortego, presunto “organizador” de la estructura delictiva.
Aramayo y Ríos declararon como arrepentidos y sus nombres se escucharon en la sala de audiencias de tribunales federales este jueves gracias a las quejas de un colega que se mostró muy molesto por sus estrategias para sacar gente de la cárcel, las cuales le quitaron clientes.
Figueroa relató un hecho de 2019 que tuvo como protagonista a Javier Ortega Pérez, quien también está imputado en el megajuicio por un caso de coimas en “calidad de sobornador”.
Ortega Pérez estaba señalado en un hecho de contrabando y había contratado a Figueroa como defensor. El abogado afirmó que Ortega Pérez vivía esta situación con mucha angustia porque quería evitar que lo llevaran a la cárcel de Cacheuta y no le importaba el modo. “Decía que estaba dispuesto a pagar lo que sea y yo le decía que esa no era la vía”, contó.
“Tenía la idea de dar coimas y cuando conoció a Ríos se sintió tranquilo”, disparó Figueroa. Más adelante expresó que “cuando lo fue a ver el doctor Ríos se volvió más insistente y dijo que no me iba a pagar porque tenía una línea directa al juez”.
La indignación del abogado Figueroa se notó en la audiencia. “Yo hice todo el trabajo, pero cuando apareció Ríos me revocaron de la defensa”, se quejó.
El apellido Ríos volvió a repetirse luego en conversaciones con familiares de sus clientes que buscaban resultados urgentes. “Les dije que si querían dar coima, que buscaran al coimero”, afirmó.
Figueroa indicó que su trabajo de defensa quedó en manos de Ríos y Aramayo, quienes fueron a ver a Ortega Pérez cuando fue internado en el hospital El Sauce y le arrebataron la labor. Considera, en consecuencia, que a él lo “usaron”.
Más aún, sostuvo que sus sucesores “desplumaron” a Ortega Pérez, porque pagó mucho más dinero que el que él les pedía para conseguir la libertad. “A este hombre lo desplumaron. Tengo el recibo de lo que me pagaron y se habla de 700 mil dólares que le dieron a los hombres que vinieron después de mí. Por eso digo que lo desplumaron, lo estafaron”.
Y agregó: “Estaba mal ese hombre. Era fácil sacarle dinero a Ortega con presión psicológica”. Incluso señaló que el cliente que le quitaron tuvo un intento de suicidio.
Figueroa defendía también al sobrino de Ortega Pérez, Juan Carlos Molina Pérez, quien está imputado en el megajuicio y que se encontraba involucrado en el mismo delito de contrabando que Ortega Pérez, pero con un agravante ajeno a él: le encontraron un vivero de marihuana en su casa.
En esta defensa, a Figueroa lo remplazó Ortego. “Vino a mi oficina y me dijo Ortego que era el defensor de Molina. Seguí la causa y me llamó la atención de que con los mismos argumentos que yo esbocé, le dieron la libertad a Molina”, señaló el abogado.
Sin embargo, negó, ante las preguntas del propio Ortego en el juicio, que el abogado imputado le haya manifestado tener vínculos con algún magistrado.
En resumen, el Ministerio Público Fiscal están convencidos de que Ortega Pérez pagó coimas para que tanto él como su sobrino salieran en libertad. Quien dio el beneficio, según consideran en la investigación, fue el juez Bento.
Defendió a Jaime Alba
El abogado Figueroa estuvo vinculado también a Jaime Alba, quien como Ortego, figura como “organizador” de la estructura presuntamente dirigida por Bento para dar beneficios a cambio de coimas. En este caso, ejerció por un tiempo la defensa de Alba.
En este sentido, Figueroa contó que en el caso de Alba “se trató de llegar a un acuerdo por la ley del arrepentido”. El abogado Alba se encontraba detenido en la U32 del propio edificio de tribunales. “Bajé, le dije que (la propuesta de que declarara como arrepentido) era ventajosa, pero Alba en uso de su libre voluntad dijo que no al fiscal Dante Vega, porque se consideraba inocente”, contó.
Después Alba cambió a Figueroa por Juan Day como abogado defensor. “Le dije que era conveniente, y lo sigo sosteniendo, le hubiese convenido ese trato, para que estuviera con la familia. El arresto domiciliario era una condición de la ley del arrepentido”, afirmó.
El abogado Alba se descompuso en medio de la declaración de Figueroa. “Está con un inconveniente de presión y le recomendaron tomar aire”, comunicó la jueza Diamante.
Nueva embestida de la defensa contra Vega
La defensa de Bento cuestionó al fiscal Dante Vega porque su domicilio fiscal coincide con la dirección del estudio jurídico de Sergio Salinas. Otros abogados defensores se sumaron al pedido por considerar que esto “puede influenciar y hace a la objetividad”.
El abogado Mariano Fragueiro Frías hizo la solicitud al tribunal integrado por Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá para que compruebe lo denunciado. Pero no hubo ninguna resolución sobre este pedido y la fiscal de cámara María Gloria André criticó a la defensa por intentar “cambiar los roles” y colocar al fiscal en el lugar de los acusados que es el que les corresponde al juez suspendido a y otros 33 imputados que enfrentan penas por estar sospechados de conformar una asociación ilícita.
“Bento sostuvo que jamás había beneficiado a Bardinella Donoso sino que quien lo había hecho había sido quien intervino como fiscal de primera instancia y después ha venido al ministerio público y hoy lo tenemos entre nosotros, el doctor Vega”, atacó Fragueiro.
También recordó que Bento dijo que Vega buscaba favorecer a abogados con los cuales había integrado un estudio jurídico. Y señaló Fragueiro que “el domicilio fiscal del doctor Dante Vega es 25 de mayo 685 y es el mismo del estudio jurídico del doctor Salinas y compañía”.
Sin embargo, Vega sostuvo que no tiene ninguna relación con los abogados mencionados desde hace muchos años.
La denuncia, de todos modos, provocó tensión y nuevos cruces en la audiencia entre el Ministerio Público Fiscal y los abogados defensores.
La jornada tuvo sus primeros encontronazos ante la declaración de Diego Martín Coria, jefe de división Escuchas Telefónicas y Antisecuestros extorsivos de la Policía que fue consultado sobre los allanamientos que realizó en la causa. Particularmente se le hicieron consultas técnicas sobre la pericia de teléfonos y de una caja de seguridad bancaria de Bento en la que apareció un mensaje amenazante contra el juez Eduardo Puigdéngolas.
La defensa de Bento y Pablo Cazabán, quien defiende a otros acusados, hablaron de reticencias por parte del testigo y amagaron con cuestionar algunas de las pericias, lo que produjo la reacción de los fiscales.
También pasaron por tribunales federales el abogado de la Aduana Javier Ruggero, quien tuvo participación en algunas medidas relacionadas con causas de contrabando, y Marina Bustos, auxiliar del departamento de Asistencia Tecnológica y Apoyo Investigativo de la Policía.
La familia del juez quiere dejar de ir a las audiencias
En la audiencia de este jueves también hubo otra novedad. El abogado defensor de la familia del juez pidió que Marta Boiza y los dos hijos imputados, Facundo y Luciano, dejen de asistir al juicio hasta que se traten las causas de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, que son las que los implican.
“Están sin trabajos y Bento no percibe sueldo, con lo cual por distintas razones, Marta tiene que estár más cerca de uno de sus hijos (en referencia al que tiene una discapacidad) y los (otros) hijos tienen que tratar de rehacer su actividad”, solicitó el abogado Fragueiro.
El pedido quedó a consideración del tribunal, que no volverá a reunirse hasta el 4 de octubre . Se reanudará con la indagatoria a uno de los principales acusados: el abogado Ortego.
