La historia en común de Walter Bento y Diego Aliaga marcó hasta aquí el destino del exjuez en la Justicia. A partir de la muerte del despachante de aduanas, supuesto nexo con el mundo de la delincuencia de Bento, comenzó para él un declive profundo, lleno de revelaciones sobre irregularidades en la Justicia federal, que todavía no finaliza.
Esa caída arrasó con su carrera como magistrado y lo llevó a la cárcel, ni más menos, donde permanece desde comienzos de noviembre, detenido en forma preventiva.
Un interrogante del juicio, tras más de cinco meses de audiencias, es cuánto pueden aportar al esclarecimiento de los hechos los hijos de Aliaga: Diego “Junior” Aliaga Lottero y Juan Ignacio Aliaga Lottero. Esta pregunta no tiene respuesta todavía, debido a que, a diferencia de decenas de personas, sistemáticamente han conseguido eludir la sala de audiencias de tribunales federales.
“Nos interesan sus testimonios y tenemos expectativa”, dicen a pesar de esto en el Ministerio Público Fiscal sobre los Aliaga Lottero. Las fuentes aseguran que tarde o temprano los hermanos comparecerán en el juicio, aunque la parte acusadora y el propio tribunal parecen tener otras prioridades antes que obligarlos a declarar.
Esas prioridades para los fiscales pasarían, en lo inmediato, por la generación de pruebas para varios de los cohechos (coimas) que se le atribuyen al exjuez. “El juicio tiene que avanzar sin embarullarse”, afirman en tribunales.
Otro dato es que la situación de los dos hermanos Aliaga Lottero no es igual: sobre uno de ellos (Juan Ignacio) hay sospechas y respecto del otro (Diego Junior), es prácticamente un misterio lo que puede aportar.
El hermano mayor
Las situaciones legales de los hermanos Aliaga Lottero también son diferentes. Juan Ignacio Aliaga Lottero, el hermano mayor. estaba imputado por falso testimonio en la causa, pero en el inicio de las audiencias, su abogado defensor, Esteban Chervin, logró sellar un acuerdo con la fiscalía por el cual accedió a una “probation”, es decir, la obligación de cumplir con determinadas reglas de conducta durante un año como castigo por el delito cometido. Lo que se denomina “suspensión del juicio a prueba”.
El Ministerio Público Fiscal accedió a darle este beneficio porque la pena por falso testimonio es excarcelable y debido a que Juan Ignacio no tenía antecedentes delictivos. Pero particularmente lo hizo pensando en la posibilidad de que el acusado vuelva al juicio, esta vez en calidad de testigo, y que aporte datos importantes.
Juan Ignacio Aliaga Lottero había sido acusado en 2020 de cometer falso testimonio, porque dijo que desconocía los vínculos de su padre con integrantes de la banda que supuestamente actuaba bajo el mando de Bento. Los fiscales, en cambio, habían detectado que no era así. Contaban por ejemplo con pruebas de su vínculo con Walter Bardinella Donoso, uno de los acusados por secundar a Bento en sus maniobras.
Tres años después, en el comienzo del megajuicio, la defensa del exjuez consiguió bloquear la declaración de Juan Ignacio Aliaga, con el argumento de que está cumpliendo la probation. Pero ese periodo terminará a mediados de este año y entonces el hermano mayor de los Aliaga sí podría ser citado.
En este sentido, el acuerdo suscripto establece que Juan Ignacio deberá “realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público por el lapso de un año, a razón de 8 horas mensuales”. El juicio a Bento, en tanto, podría estirarse hasta fines de 2024.
Conflictos en el juicio
El hijo mayor de Diego Aliaga estuvo muy poco tiempo entre los acusados del megajuicio. Sin embargo, esos pasajes alcanzaron para que se notara que tenía mala relación con otros imputados.
Denunció en una de las primeras audiencias que había sido amenazado por uno de los acusados, el abogado Jaime Alba. Pero nunca formalizó esta denuncia verbal.
Por su lado, algunos de los abogados defensores tienen otra perspectiva muy diferente. Dicen que Juan Ignacio “está mal”. “Es él quien ha amenazado a imputados por teléfono”, aseguraron fuentes del juicio.
En el medio de estas versiones, Juan Ignacio es un posible testigo que, para la Fiscalía, a cargo de María Gloria André y Dante Vega, puede ser de importancia. Es que, según la acusación, el hombre manejaba una camioneta del propio exjuez Bento. Por ejemplo, hay constancias de seis ingresos de Juan Ignacio en aquella camioneta al Barrio Dalvian, donde vivía.
El dato no es menor porque la acusación sostiene que Diego Aliaga era el principal organizador de la banda de Bento en cuanto al cobro de coimas. Los fiscales no tienen pruebas en contra de Juan Ignacio, pero están seguros de que no era “ajeno” a las acciones de su fallecido padre.
El hermano menor
En tanto, Diego Junior Aliaga Lottero, el hermano menor, no tiene ninguna imputación y solamente ha sido convocado a declarar como testigo. Se desconoce si tiene vínculos con otros imputados y tampoco tiene abogado, aunque alguien podría estar aconsejándole que “ni aparezca”. La maniobra, hasta ahora, ha tenido éxito.
Fuentes del juicio reconocen que el tribunal ha hecho la “vista gorda” ante la excusa recurrente del testigo, quien ha presentado sucesivos certificados médicos (partes psiquiátricos) para evitar la cita judicial. “Hay un abuso de la certificación médica”, reconocen en tribunales.
Nadie le cree que no esté en condiciones de declarar, por lo cual en cualquier momento se podría ordenar una pericia que confirme su estado de salud o que lo obligue a dar testimonio. Eso dependerá del tribunal o de los fiscales.
No ha sido la conducta predominante de otros miembros de la familia de Aliaga. A pesar de que el clan es considerado en tribunales como un grupo “inestable”, ya pasaron por el juicio como testigos e hicieron algunos aportes su hermano Gonzalo y mujeres que tuvieron vínculos con el despachante asesinado.
Además, por lo menos uno de los Aliaga está muy comprometido en el juicio y no se puede desligar. Es el papá de Diego, Alfredo, un hombre mayor que está imputado como sobornador en uno de los casos de cohecho. Ese caso lleva el número 7, de los 15 que se le imputan al exmagistrado. No está en la cárcel porque intervino en un solo hecho.
La gran faena
Aunque todo podría cambiar en cualquier momento para los Aliaga en el juicio, por ahora la estrategia del MPF consiste en avanzar con lo “sustancial” y “generar más pruebas” respecto de los ilícitos, antes que obligar a los hermanos a declarar en el juicio.
Una fuente del juicio aclaró en este sentido que, por ejemplo, las imágenes de Juan Ignacio Aliaga a bordo de la camioneta de Bento son “pruebas concluyentes” que ya están en el expediente, y a las cuales quizás no haga falta sumarles una declaración testimonial.
En consecuencia, la “gran faena” del juicio continuará en febrero con las declaraciones de testigos vinculados a otros casos de cohecho (coima) que la fiscalía busca probar.
Luego comenzará a analizarse la parte patrimonial, es decir, los bienes de la familia de Bento que provocaron la imputación de enriquecimiento ilícito, y finalmente llegará la parte final: los alegatos.
Es difícil de predecir en tiempos lo que queda, pero hay quienes calculan que las sentencias podrían demorar un año más en llegar.
Nuevas audiencias y una pericia
El megajuicio a Walter Bento, que también tiene entre los acusados a dos hijos (Luciano y Nahuel) y su mujer Marta Boiza, volverá a arrancar el 7 de febrero.
La lista de testigos para los tres días de audiencias que vienen desde ese miércoles hasta el viernes contiene 28 personas y también se le tomará declaración indagatoria a Javier Angeletti, uno de los acusados de integrar la banda del exjuez.
Antes del reinicio del juicio está previsto también que se le realice una pericia psicológica a uno de los supuestos organizadores de la banda: el abogado Jaime Alba.
Alba estuvo detenido dos años en el penal de Cacheuta y consiguió que le permitieran acceder a la domiciliaria, por sus problemas psiquiátricos.
