Uno de los principales fundamentos de la ley que crea la Dirección de Promoción y Control del Liberado, sancionada esta semana en la Legislatura provincial, consiste en “evitar la reincidencia delictiva de los sujetos alcanzados, a través del control, monitoreo, tratamiento y asistencia” que requieran. La modificación de una dirección actual “pasiva” a otra proactiva no es necia, ya que según datos oficiales, más de la mitad de la población carcelaria en el año 2023 pasó anteriormente por una estadía de prisión y ahora se busca disminuir esa tendencia.
Según datos del informe de gestión 2023 del Servicio Penitenciario Provincial a los que accedió Los Andes, el 53,95% de la población carcelaria es “reiterante”. Es decir, de 5.991 internos que se registraban en diciembre, unos 3.232 ya habían pasado alguna vez por una detención en prisión. Mientras que el 46,05% ingresó por primera vez.
Sobre el tiempo que llevaron detenidos en el “ingreso anterior”, el 63% estuvo menos de un año (2032) y solo el 20% estuvo más de 3 años. Mientras que un 17,5% (598) estuvo entre 1 y 3 años y un 19,6% (632) de los reiterantes cursó una estadía anterior de más de 3 años.
Además se desprende que un 26,5% de los reiterantes no tuvo condena en el ingreso anterior, revistiendo la situación de procesados, indica el informe. Fuentes judiciales aclararon a Los Andes que las figuras “reincidente” y “reiterante” son dos conceptos jurídicos distintos.
“Reincidente” reviste a personas que tienen una segunda condena penal ejecutada, mientras que “reiterante” trata de alguien que pudo haber sido imputado pero no condenado en su primera detención. En este caso, el Servicio Penitenciario incluye a ambas figuras como “reiterantes” para describir que hay personas encarceladas que ya habían sido detenidas anteriormente.
Otro dato interesante del informe de gestión de año pasado, que no se refiere puntualmente a los denominados reiterantes sino a toda la población en general, es el porcentaje de detenidos según los delitos que cometieron. El 25% lo constituyen presos por delitos de robo y/o tentativa de robo. Mientras que siguen en esa tabla: los detenidos por abuso sexual con el 12%; amenazas con el 10% y lesiones dolosas con el 8%.
Según explicaron fuentes del Servicio Penitenciario que conduce Eduardo Orellana, que el 63% de los reiterantes hayan cursado su “ingreso anterior” con un paso de menos de un año, está vinculado concretamente con el perfil mayoritario de arrestados por robos y hurtos.
Entonces diferencian a estos internos, que cumplen condenas cortas o solamente procesamientos y recuperan la libertad, con aquel que cursa al menos 3 años en prisión, y por lo general está más abierto a participar de actividades que apunten a reinsertarse socialmente.
También las estadísticas reflejan que de ese universo de 54% de reiterantes, un 24,24% (1452) cursa entre su tercer y quinto ingreso a la cárcel. Mientras que las personas que reiteran por primera vez son un 20,51% (1229). Son escasas las que lo hacen entre seis y nueve veces, un 7,15% (428). Y es un porcentaje ínfimo el que fue detenido más de 10 veces (2,05%).
Entonces, hay una fina relación entre el paso fugaz por una cárcel y la incursión en los delitos menores, que hablan de la necesidad de optimizar los controles y también mejorar la asistencia del recién liberado, que muchas veces se encuentra imposibilitado de salir del círculo social que lo rodeó cuando delinquió y termina repitiendo la lógica.
La reinserción social
A través de la nueva Dirección de Promoción y Control del Liberado “se ejercen tareas de supervisión y tutela, que suponen el acompañamiento al liberado en su proceso de inserción social trabajando con su adaptación, orientando al tutelado respecto a su participación en educación o capacitación laboral, entre otras tareas”, indicó entre sus fundamentos el proyecto de ley aprobado.
Actualmente, en la Provincia hay cerca de tres mil personas que se encuentran bajo el control de la Dirección de Promoción del Liberado (DPL), entre personas en libertad condicional y asistida, personas en prisión domiciliaria, personas bajo el sistema de ejecución condicional, entre otras.
En el articulado se establece que la nueva Dirección deberá coordinar con áreas de Desarrollo Social, la Dirección General de Escuelas u otras áreas gubernamentales o privadas que “resulten necesarias para procurar la salida laboral de los liberados”.
En el mismo sentido, deberá “propiciar convenios” con universidades públicas o privadas para que estudiantes avanzados “realicen tareas académicas en la modalidad de pasantías en el ámbito de esta Dirección”, indica la ley. Por otra parte se busca “coordinar con los municipios acciones comunes conforme la residencia del liberado y su entorno social”.
La ley se procura entonces, que aquel que inició sus estudios en prisión, los pueda terminar en libertad y que suceda lo mismo con aquellos programas laborales en los que pueda haber iniciado tras las rejas.
El Oficial de Libertad Vigilada
Desde el Gobierno provincial explican que la creación del Oficial de Libertad Vigilada consiste en un “cambio de paradigma de pasar de un sistema pasivo, que exigía que el liberado se presentara y rindiera cuentas ante la Dirección, a uno activo, donde es la Dirección la que va a buscarlo y controlarlo donde esté”. Para esto tomaron el “modelo norteamericano”, había indicado la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, cuando presentó la iniciativa en la Legislatura.
Estos agentes estarán enmarcados dentro de la nueva División de Control y Seguimiento y tendrán la tarea de llevar adelante el control y la vigilancia de los liberados. Las funciones que cumplirán, será: verificar los datos personales, domicilio y arraigo del liberado; controlar el cumplimiento de las condiciones de libertad dispuestas en la resolución judicial; controlar la asistencia del liberado a su trabajo y/o programa de asistencia y tratamiento; y controlar el cumplimiento de las tareas comunitarias dispuestas por resolución judicial, entre otras funciones.
También se regula legalmente la posibilidad de utilizar sistemas de seguridad inteligente para un control más efectivo de los liberados, como lo son los dispositivos biométricos, explicaron fuentes oficiales.
Según contaron desde el Servicio Penitenciario, serían entre 30 o 40 los agentes penitenciarios retirados que prestarán funciones como oficiales de libertad vigilada. “Esta cantidad tiene que ver en principio con un mapeo que se va a realizar y va a depender del tipo de control que hay que ejercer. Ya sea, libertad condicional o libertad asistida, y dependiendo también del lugar en donde se encuentran estas personas”, aseguró un vocero de Orellana.
Y explicaron que “los oficiales van a poder ir a la casa de la persona o al trabajo, en forma aleatoria y sorpresiva. Se utilizará un sistema de escáner del DNI (similar al utilizado actualmente en los estadios), para que luego esa información sea remitida de manera digital a los tribunales”.
Mientras que otras personas continuarán siendo monitoreadas a través de puntos de control, es decir aquellos que deben ir a firmar cada 90 días aproximadamente y a otros se los seguirá mediante el sistema SICOVI.
Además, la DPL va a continuar ejerciendo las mismas tareas que llevaba adelante, como la coordinación de los tratamientos que ordene la Justicia y la asistencia social, pero dividida en las tres regiones que contiene el Sistema Penitenciario actualmente: Zona Centro, Zona Oeste y Zona Sur.
Sobre este último punto, también está a punto de lograr sanción definitiva de la Legislatura, un proyecto de modificación a la Ley Orgánica del servicio. El cual consiste entre otras cosas en reestructurar el diagrama jerárquico con la creación de directores para cada zona.
La Doctora Mariana Mercedes Gardey, titular del Juzgado Penal N° 2 de Mendoza, compartió con este medio su análisis sobre la modificación a la DPL y dijo al respecto: “Me parece muy importante para toda la política de prevención que se le dé trascendencia a la DPL, porque la tiene pero no estaba en agenda, lo cual me parece perfecto”.
En tanto, sobre el rol que cumplirán los exagentes penitenciarios como nuevos oficiales, indicó que “si se tienen en cuenta las experiencias de otros países, mientras tenga un perfil más orientado a lo asistencial que a la seguridad, hay más posibilidades de que ese oficial pueda reinsertar a esta persona socialmente”.
