La crítica es unánime entre los juristas: tanto los más afines al Gobierno como los más opositores coinciden en que el proyecto de ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, lejos de quitarle poder a Comodoro Py, se lo incrementará. Sostienen que la reforma judicial verdaderamente sustancial radica en la implementación del sistema acusatorio que establece el Código Procesal Penal.
Los cuestionamientos de fiscales, jueces y abogados a la iniciativa gubernamental, que forma parte del paquete de reforma judicial impulsado por el presidente Alberto Fernández, fueron planteados este martes ante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Asuntos Penales del Senado. Fue la segunda reunión informativa, tras la realizada la semana pasada, en que los senadores escucharon la opinión de invitados de distintos ámbitos e ideologías sobre la propuesta del Gobierno Nacional. La ronda de exposiciones continuará este miércoles a partir de las 10 de la mañana.
La semana próxima podrían firmarse los dictámenes y ya suena como posible fecha para tratar el proyecto en sesión el jueves 27. El oficialismo puede aprobarlo de un plumazo y a libro cerrado, porque tiene mayoría, aunque resta ver si se avienen con modificaciones.
Qué critican
“Este proyecto pone en riesgo la verdadera reforma del sistema federal, que los fiscales impulsamos, que es la instauración definitiva del sistema acusatorio ante la superpoblación de nuevos jueces”, dijo el fiscal Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Carlos Rívolo. El también presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun) cuestionó que “del proyecto no se desprende un análisis cuantitativo y cualitativo que permita determinar si la cantidad de fiscalías asignadas en cada provincia es la correcta, conforme a la densidad demográfica, el flujo de casos o el índice de litigiosidad”.
A su turno, Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), sostuvo que “este proyecto sigue quedando centrado en una lógica de creación de juzgados y fiscalías, que implica una mirada contraria al avance y la implementación del sistema acusatorio”.
Por su parte, Alejandro Fargosi, miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal desde el año 1978 e integrante del Consejero de la Magistratura entre 2010 y 2014, dijo que “si el fundamento de la reforma (judicial) es el letargo y la politización de la Justicia Federal, lo que hay que hacer no es cuadruplicar el número de jueces sino juzgar y remover a los jueces que cumplen mal su trabajo”.
“De 988 cargos de jueces hay vacantes 291 (el 29%), de los cuales 153 tienen ternas en manos del Poder Ejecutivo desde hace siete meses, que podrían perfectamente, a elección del PEN, porque es su derecho, ser enviadas al Senado para obtener el acuerdo y cubrir esas vacantes. A su vez, hay otras 153 que podrían instarse a acelerarse en el Consejo de la Magistratura”, apuntó Fargosi.
“Inquisidores, no jueces”
“Estamos frente a la implementación del Código Procesal Penal de la Nación, que es donde debería canalizarse todo tipo de reforma judicial o aumento del número de jueces o fiscales, no en un proyecto que sin tener todavía ese código vigente en el país inunda la Justicia Federal de personas que son inquisidores y no jueces”, lanzó el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Fernando Díaz Cantón. A su criterio, “el verdadero juez es el juez de control de garantías”, porque “el juez investigador, que a su vez tiene en sus manos la persecución penal compartida con el fiscal, no es un juez”.
“Si queremos fortalecer a la Justicia Federal, no fortalezcamos su parte perversa sino al Ministerio Público Fiscal”, planteó Díaz Cantón. El abogado, sin embargo, destacó como aspecto positivo “el sorteo de los casos, que según el proyecto se tiene que hacer de un modo que pueda ser auditado”, porque a su criterio al destino de la investigación lo deciden algoritmos de un sistema informático que nadie controla. “Antes, con el bolillero,se podía controlar”, indicó.
También Mónica Cuñarro, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°16, sostuvo que “Comodoro Py es el único poder fáctico que tiene hoy la Argentina” y aseguró que “la única manera de terminar con esto no es creando más juzgados, sino implementando el sistema acusatorio”.
Al inicio del plenario, Stella Maris Martínez, jefa del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, reclamó más defensorías. “La ley tiene algunos problemas”, señaló. También expusieron el martes la fiscal general federal Gabriela Baigún; el cuatro veces presidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal (Cpacf) Jorge Rizzo; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, y la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación Elizabeth Gómez Alcorta.
