Con más de una década de experiencia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Mario Adaro sostiene que es necesario un “rediseño institucional” del Poder Judicial. Afirma que la democratización de este ámbito no se logra con el voto popular de los jueces ni con la cooptación política, sino con mecanismos que busquen la “paz social”.
Luego de una semana marcada por la marcha de sectores políticos, judiciales y sociales contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el magistrado mendocino concedió una entrevista a Los Andes en la que reflexionó sobre el funcionamiento de la justicia y las tensiones con el Poder Ejecutivo, tanto en el plano nacional como provincial.
El ex funcionario provincial indicado como uno de los integrantes del “ala peronista” de la Corte resalta que la presión entre poderes es “natural” pero que no se puede “naturalizar el apriete” y pone énfasis en reafirmar la independencia a la hora de firmar las sentencias.
-¿Considera que es necesaria una reforma integral del sistema judicial en el país?
-La justicia está en la necesidad de una transformación. El tema es que finalmente no hay propuestas, porque desde un lado y otro de la grieta política la pretensión final es la cooptación o el manejo de la justicia. No nos hemos preocupado por fortalecer la independencia judicial y la institucionalidad judicial.
-¿Los jueces deben elegirse por voto popular?
-Antes se los elegía de forma directa y la respuesta fue que se eligieran a través del Consejo de la Magistratura. Pero hoy ese órgano ha tocado techo, porque terminó transformándose en una lucha de corporaciones y no ha garantizado mejores jueces. Creo que el Ministerio Público podría ser sometido al voto popular, porque quien quiera postularse mostraría su plataforma de persecución de política criminal. Pero hoy someter a los jueces a elección popular afectaría la independencia, por la coyuntura cultural y política que tiene la Argentina.
-¿Qué opina de que se marche para exigir la renuncia de los jueces de la Corte Suprema nacional?
-La manifestación pública, en general, es parte de la expresión y el derecho de peticionar. La manifestación se desvirtúa cuando en el fondo hay otros intereses. El reclamo popular a la mejora de la justicia es contundente, no tiene ideología y diría que hay unanimidad. La sociedad hoy dice que la justicia es un problema y no una solución. Pero también hay una contradicción, porque tenemos el índice más alto de litigación. Hay un reduccionismo de que son las personas las que pueden cambiar las realidades. Creer que por cambiar cuatro integrantes de la Corte la justicia va a ser más eficiente y transparente es un realismo mágico. No estamos viendo que lo que hay que hacer es un rediseño institucional.
-¿Existe lawfare en la Argentina?
-No entiendo el concepto. Sé que hay un storytelling atrás de él, propio del juego de la política que entiendo dentro de ese marco. No creo que venga de las instituciones, pero sí hay personas dentro y fuera de la justicia que son funcionales y pueden consolidar y confirmar que existe eso. Hay jueces que en algún momento fueron funcionales y que investigaron causas de corrupción, pero no de los gobiernos actuales sino del que se fue. Muy pocas veces he visto jueces que investigan causas del gobierno actual. Entiendo que hay intereses dentro y fuera de la justicia que puedan llegar a confirmar que existe ese concepto, pero no creo que sea una cuestión institucional de la justicia.
-¿Cuáles son los principales problemas que tiene hoy la justicia?
-Hay un problema de diseño. Además, claramente hay un requerimiento de eficiencia para resolver. Y también está la transparencia, que no es simplemente si un juez en corrupto o no, sino que somos un poder del Estado y tenemos que rendir cuenta. Otra dificultad que tenemos es que seguir llamándonos Poder Judicial es pretencioso, en el sentido que todos creemos que nuestras sentencias son justas. A lo mejor, lo que hay que buscar es paz social. Democratizar la justicia no es la elección por voto de los jueces ni cooptarlos políticamente, es buscar mecanismos de paz social más allá de la Justicia. Creo que todo el proceso de transformación digital, con sus aciertos y fracasos, es un buen camino porque la tecnología te da más eficiencia y transparencia.
-¿Las tensiones políticas con el Ejecutivo y al interior de la Corte afectan la credibilidad de la ciudadanía en la justicia?
-Desde el retorno de la democracia, siempre que ha habido campañas electorales la justicia está en la agenda. Porque si enfrentás desde la política a un poder que está sufriendo de credibilidad, sumás. El Poder Judicial básicamente resuelve conflictos. Si no resolviera conflictos, no tendría presiones. Y pasa de resolver el conflicto de dos vecinos por una medianera a conflictos político-institucionales. Esa presión es natural, pero no es natural ser dependiente. Se vive hablando del ala peronista y el ala radical, pero eso pasa en todo el mundo. La Corte de los Estados Unidos tiene jueces republicanos y jueces demócratas y eso es natural y parte del diseño constitucional e institucional. Pero el quid no está en eso, sino en el nivel de vinculación coyuntural que tenés con el poder de turno. La independencia no pasa por no tener diálogo institucional, pasa por ser control. La presión entre los poderes es natural, pero no podemos naturalizar el apriete.
-¿Qué pensaba cuando el exgobernador Alfredo Cornejo lo cuestionaba a usted directamente por algún fallo?
-Creo que es parte del juego de la democracia. La contracara de eso es que consolida la independencia, porque el ciudadano ve que si un gobernador presiona y los jueces no ceden, ganó la independencia. Ese juego dialógico de presión y de no ceder es bueno. Cuando empiezan otros resortes que no son los institucionales deja de ser parte del juego de la democracia. Una manifestación del pueblo puede pedir la renuncia de los jueces, ahora, un gobierno no puede hacer una manifestación para pedir la renuncia, porque tenés los resortes institucionales y puede impulsar un juicio político justificado.
-¿Alguna vez se cruzó el límite en estas presiones?
-No lo he sentido así. Pueden haber habido posturas sobre determinados fallos o posiciones jurídicas en cuestiones penales, pero termina siendo del fuero íntimo, desde la institucionalidad siempre ha habido buena respuesta. Yo aspiro a que todos los que somos parte de los poderes de control tengamos el equilibrio que necesita institucionalmente Mendoza. Porque si todo funciona ordenado en una misma línea no es algo bueno.
-¿Afecta la institucionalidad que los integrantes de los organismos de control sean designados por un mismo partido político?
-A mí me designó un gobernador de un signo político que hoy no está, pero yo venía con esa historia. Todos los que somos parte de este tipo de organizaciones constitucionales, tenemos la responsabilidad de ser independientes de esa historia. Aspiro a que eso suceda con todos los que formamos parte. Entiendo que para mí es más fácil porque no gobierna quien me designó, debe ser muchísimo más difícil para los que están si tienen mucha vinculación con los que gobiernan.
-¿Como es la relación con Rodolfo Suárez?
-Tanto con Suárez como con Cornejo ha sido buena. Con el gobierno actual solo hubo una tensión con la discusión de los equiparados a magistrados.
-¿Por qué todavía no ha habido una resolución sobre la constitucionalidad de esa ley impulsada por Suárez?
-Se están llevando adelante todos los pasos procesales en los plazos normales. Si me preguntás conceptualmente, es una herramienta que han usado todos los poderes judiciales. Como Poder Judicial necesitás un staff de gestión y se encontró en su momento equiparar a los jueces a los que eran parte del supuesto gabinete o equipo de gestión. Creo que eso estuvo bien. Pero empezó a distorsionarse cuando se lo empezaron a dar a un montón de gente que distorsionó ese equipo y comenzó a tener sueldos altísimos.
-¿Qué balance hace sobre la discusión en torno a la designación de Teresa Day a la Corte?
-Fue una situación compleja a partir de un planteo jurídico e institucional que hicieron el peronismo y otras organizaciones sociales. Fue complejo en lo personal para todos y fundamentalmente para ella. Hubo audiencia pública y lo resolvimos en plenario y hoy ella está absolutamente integrada al funcionamiento de la Corte con su capacidad de trabajo.
-¿Están avanzando en una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial?
-La Ley Orgánica del Poder Judicial tiene 100 años y creo que hay que hacer una reforma. Es una buena oportunidad para repensar la organización del Poder Judicial en general y no solo el funcionamiento de las salas, no podemos caer solo en esa coyuntura. Podemos hacer una sola sala administrativa con 6 jueces rotando. Yo prefiero un cogobierno de Corte, jueces y funcionarios y presidencias rotativas anuales, para transformarla en una organización horizontal más eficiente y más tecnológica y finalmente más democrática.
